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El Coronel Amadeo Martínez acusa el Rei espanyol d'haver coordinat el colp d'Estat del 23-F |
| El silenci mediàtic al voltant de la Casa Reial s'ha evidenciat amb el cas d'Amadeo Martínez, Coronel de l'Exèrcit espanyol, historiador i escriptor, que porta anys posant en dubte el tarannà demòcrata de Juan Carlos I. Només els mitjans d'informació alternatius es feien ressò de la carta dirigida al President del Congrés on acusa el Rei de coordinar el colp d'Estat executat per l'extrema dreta el 23-F. El militar no te cap denúncia per calúmnies, fet que demostra la veracitat de les informacions que posseeix per vessar aquestes acusacions. Ja en 2008, publicà una carta similar acusant el Borbó, successor de Franco per desig del Dictador, de diversos delictes, relacionant-lo amb el GAL i d'haver-se enriquit il·legalment gràcies a la impunitat que la Constitució li garanteix. |
 Notícia de KaosenlaRed:
El Rey de España Juan Carlos I coordinó el golpe de estado del 23-F de 1981, dice el coronel Amadeo Martínez
Don Amadeo Martínez Inglés, ex-coronel del Ejército, hizo un informe sobre los hechos acaecidos en España el 23 de febrero de 1981 presentando que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable.
Amadeo Martínez Inglés 16-2-2010
AL Excmo Sr. Presidente del Congreso de los diputados de las Cortes Españolas
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe al presidente del Congreso de los Diputados y dada la nula respuesta de éste al mismo, decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, al del Gobierno de la nación y a los de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc.
Al no obtener ninguna respuesta de esas preeminentes instituciones del Estado (a excepción del Senado que acusó recibo a través de la Comisión de peticiones de esa Cámara), un año después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté personalmente en la sede del Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir su presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.
Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que ni el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, ni el resto de autoridades a las que había dirigido el documento se iban a molestar en acusar recibo del mismo decidí, en febrero de 2008, publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado a lo largo de sus tres décadas largas de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia.
El 4 de abril de 2008, tras las elecciones de 9 de marzo y constituidas las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular, me dirigí por primera vez a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que procediera de inmediato a estudiar e investigar las muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos que le denunciaba, y que son los siguientes:
1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.
2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).
4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.
5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.
6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis profesionales incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado.
El 8 de octubre de 2008, me dirigí por segunda vez a VE adjuntándole un informe sobre la anómala actuación del monarca español (entonces príncipe de España y a cargo interinamente de la jefatura del Estado español) en relación con la entrega a Marruecos, en noviembre de 1975, de la antigua provincia española del Sahara Occidental. Del que se desprende que, con arreglo a testimonios e investigaciones históricas de toda solvencia, Juan Carlos de Borbón pudo cometer presuntos delitos de alta traición, cobardía ante el enemigo y genocidio del pueblo saharaui, en grado de colaboración necesaria.
Con fecha 2 de marzo de 2009, y con casi un año de retraso, recibí por fin el correspondiente acuse de recibo al primero de mis escritos dirigido a su autoridad, firmado por la jefa del Departamento de Registro y Distribución de Documentos del Congreso de los Diputados, en el que me comunicaba que el citado documento había tenido entrada en esa Cámara y que había sido trasladado a la Comisión de Peticiones de la misma para “su oportuno estudio y tramitación”.
En diciembre de 2009, diez meses después de que me llegara la notificación señalada en el apartado anterior, vista la escasa premura con la que se había desempeñado la siempre laboriosa Cámara Baja de las Cortes Españolas en el tema del acuse de recibo a mi escrito de denuncia del rey y ante las puertas de lo que VE ha denominado públicamente como “período hábil entre sesiones” y para el resto de los mortales no dejan de ser unas descomunales vacaciones de Navidad y año Nuevo (48 días), con el peligro añadido de que pasaran decenios antes de que volviera a saber algo de ese “oportuno estudio y tramitación” por parte de la Comisión de Peticiones del Congreso…decidí dar un paso más en la, sin duda, ardua tarea profesional que yo mismo me he impuesto dando a conocer al pueblo español, a través de un nuevo libro (“La Conspiración de mayo”), las últimas y sorprendentes revelaciones sobre el 23-F que obraban en mi poder tras muchos años de investigaciones en lo más reservado del estamento militar. Y que aclaran de una forma definitiva, radical, irrefutable… las tramas, los contubernios y los espurios pactos que jalonaron la larga planificación, preparación y ejecución de tan desgraciado evento de nuestra historia reciente. Revelaciones inéditas que, ingenuamente, venía reservando como oro en paño para ponerlas a disposición de sus señorías cuando de verdad quisieran depurar las altas responsabilidades que a día de hoy, y en relación con ese falso golpe militar, apuntan indefectiblemente hacia la borbónica figura del todavía “rey de todos los españoles”.
Algo debía hacer, sin duda, a título personal, ante la pasividad culpable de la Cámara que VE preside que, resulta meridianamente claro, ha elegido el inconveniente camino del silencio administrativo, el mirar para otro lado y el marear la perdiz ante las gravísimas y reiterativas denuncias presentadas por un ciudadano español contra el actual jefe del Estado; efectuadas, eso sí, tras muchos años de investigación y apoyadas, además, en irrefutables indicios racionales de culpabilidad del mismo en presuntos delitos de golpismo, terrorismo de Estado, malversación de fondos públicos, corrupción… etc, etc. Y ese algo debía ser el sacar a la luz pública, el desvelar por primera vez a los medios de comunicación y a la sociedad española en general uno de los misterios mejor guardados de la transición española, un absoluto secreto militar dormido durante décadas en las entrañas del “gran mudo” castrense español, presentando como nació, se preparó, estudió y organizó el golpe duro “a la turca”, la gran apuesta golpista denominada “Operación Móstoles” dentro de un movimiento militar (un nuevo “Alzamiento Nacional”) de corte franquista que, preparado para ponerse en marcha en la madrugada del 2 de mayo de 1981, hubiera podido conducir al país a una nueva guerra civil. Y para desmontar el cual, saltándose a la torera la Constitución y las leyes, el rey de España no dudó en dar el placet a sus generales cortesanos (Armada y Milans) para que planificaran y ejecutaran, en estrecho contacto con los principales partidos políticos del arco parlamentario español, la chapucera maniobra político-militar-institucional que inmediatamente sería conocida en España y en todo el mundo como el “golpe involucionista del 23-F”.
Señor presidente del Congreso de los Diputados: En poder ya del pueblo soberano mis últimas investigaciones sobre el 23-F y con ellas el secreto mejor guardado del Ejército español en relación con la trama que lo hizo posible y, por lo tanto, a disposición de las Cortes españolas que pueden conocer de primera mano como se fraguó uno de los hechos más controvertidos de la reciente historia de este país, y con mi ofrecimiento más leal para que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado puedan recibir toda la información complementaria que precisen sobre tan importante asunto, me permito solicitar de VE lo siguiente:
Que con arreglo a lo que contempla el artículo 76.1 de la Constitución española, y puesto que ni puede ni debe ser asumido por el pueblo español y sus instituciones el lamentable hecho de que la jefatura del Estado esté ocupada por un presunto delincuente culpable de delitos de golpismo y terrorismo de Estado, se constituya con urgencia en la Cámara que VE preside una Comisión de Investigación que depure las responsabilidades del actual rey de España, Juan Carlos I; tanto en los hechos acaecidos en este país en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (denominados indebidamente desde entonces por los poderes públicos como “intentona involucionista a cargo de militares y guardias civiles nostálgicos del anterior régimen”) como en los ocurridos entre los años 1983-1986 relacionados con la guerra sucia contra ETA (28 asesinatos y 1 secuestro) a cargo de mercenarios y miembros de los CFSE y del Ejército. Así como en aquellas otras actividades presuntamente delictivas en las que haya podido intervenir o conocer el actual monarca español y que se presentan, estudian y valoran en los periódicos informes que este historiador se ha permitido enviar a las Cortes españolas.
Y como incuestionable corolario, ante la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por Juan Carlos de Borbón tanto en el desempeño de sus atribuciones constitucionales como en aquellas otras que manifiestamente no lo eran o atentaban contra ella, se proceda por el Congreso de los Diputados (máxima representación del poder soberano del pueblo español y única institución nacional que pude hacerlo constitucionalmente) a iniciar los trámites oportunos y urgentes para que las Cortes españolas, de acuerdo a lo que recoge el artículo 59.2 de la Carta Magna, puedan “reconocer la inhabilitación” del actual rey de España, Juan Carlos I, para seguir ostentando la jefatura del Estado español a título de rey.
Sin perjuicio de las responsabilidades de todo tipo (incluidas las penales) que en un Estado verdaderamente democrático y de derecho, en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, podrían serle atribuidas en el futuro al ciudadano Borbón y que, vuelvo a repetirle una vez más, señor presidente del Congreso, tienen que ver con gravísimos, y de momento presuntos, delitos de golpismo, terrorismo de Estado, malversación de fondos públicos, fratricidio premeditado, corrupción… etc, etc.
Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si la Cámara que VE preside piensa seguir despreciando y obviando mis denuncias como ha venido haciendo estos últimos cinco años o hibernándolas a perpetuidad (para estudio y tramitación) en la Comisión de Peticiones de la misma, como ha hecho en los últimos diez meses y parece ser quiere seguir haciendo en el futuro, le ruego me comunique oficialmente ante que autoridad de este país, y en que forma, debo formularlas a partir de ahora. Porque, desde luego, el historiador militar que suscribe no va a renunciar en absoluto a que el pueblo español sepa, clara y contundentemente, que clase de “salvador de la democracia” ocupa la jefatura del Estado y, además, está convencido de que, aunque la sacrosanta Constitución del 78 especifica con rotundidad manifiesta que este hombre (o dios), el rey, es inviolable e irresponsable ante la justicia de los hombres (esperemos que ante la divina, no), algún mecanismo debe existir en un Estado democrático y de derecho como se supone es el español de hoy, para poder sentarlo en el banquillo si se demuestra que ha cometido delitos execrables.
Mecanismos democráticos, como los puestos en marcha recientemente en un país en vías de desarrollo y, en teoría, menos respetuoso que España con los parámetros propios de un Estado de derecho como es Perú, en el que se acaba de condenar nada menos que a veinticinco años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori, por unos delitos prácticamente iguales a los presuntamente cometidos por el rey Juan Carlos I en la década de los ochenta del siglo pasado: golpismo y terrorismo de Estado.
Porque, de no ser así, señor presidente del Congreso de los Diputados, si el actual jefe del Estado español (a título de rey por deseo testicular del dictador Franco; asquerosa eyaculación política que, sin embargo, aceptó sin rechistar la aborregada y cobarde ciudadanía de la época con sus dirigentes políticos a la cabeza) está por encima de las leyes y de la justicia de los hombres, dígame en que se diferencia VE de, por ejemplo, el antiguo presidente de las Cortes franquistas y del Consejo del reino, el falangista Rodríguez de Valcárcel. Ante quien, por cierto, el 22 de noviembre de 1975 juró fidelidad a los principios fundamentales del Estado fascista salido de julio de 1936, el actual rey de España, Juan Carlos I, el último Borbón.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 16 de febrero de 2010
Notícia d'Antifeixistes.org (4 d'abril de 2008)
Un Coronel de l'Exèrcit Espanyol acusa el Rei de nombrosos delictes i exigeix al Congrés una investigació
El coronel, escriptor i historiador militar Amadeo Martínez Inglés ha fet públic un article on desvetlla que va presentar al Congrés dels Diputats i a les més altes institucions de l'Estat ara fa 3 anys un exhaustiu informe sobre la implicació del monarca espanyol en el colp d'Estat de 1983 i en altres delictes. Juan Carlos I, successor designat directament pel Dictador Franco, gaudeix de la complicitat de polítics i mitjans espanyols, que mai qüestionen la seua figura i amaguen qualsevol crítica o acusació envers la institució medieval que encara paguem entre tots.
El coronel del Ejército Amadeo Martínez acusa formalmente al Rey Juan Carlos I ante el presidente del Congreso
AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara en la legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-Fâ€Â) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito a los diferentes grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc. Ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el, al parecer, “políticamente incorrecto†escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) contestó al mismo.
Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de los presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo yúnico “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español†puestas en peligro por el golpista Tejero.
Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a las que había dirigido el documento nunca se iban a molestar en acusar recibo del mismo (si sus señorías no quieren debatir tan espinoso asunto que lo haga la opinión pública, primero nacional y después internacional), he decidido publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbónâ€Â. Styria. Febrero 2008), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación:
1º.-Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas estáfuera de toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio peligro de guerra civil a este país.
2º.-La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos a sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe del Estado y comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios secretos militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.
3º.-Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo,recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando substanciosos negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley.Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en todo lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca desmentida por La Zarzuela.
4º.-Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait…)
5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años de duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior.
6.-Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su día por él mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón. Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España ante el proceder de Juan Carlos que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.
En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta una tras otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de Juan Carlos y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente que nunca fue investigado ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.
De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, que recoge el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación, se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las elites mejor informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales…) pero sin atreverse a denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula el presente escrito ha decidido ahora darles publicidad en forma de libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que, por otra parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido desmentido en ninguno de sus extremos ni por la propia Casa Real española ni por autoridad alguna. Hasta el momento también, tanto el Congreso como los demás poderes del Estado han “callado y otorgadoâ€Â.
En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con ello una nueva legislatura, me dirijo a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que proceda de inmediato a estudiar e investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con anterioridad y que resumo de nuevo:
1º.-La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F†y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.
2º.-La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).
4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algoa cambio.
5º.-Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.
6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda†(residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas dejan muy pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por la justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano español, que se abra un proceso clarificador sobre el mismo, exhumando si es preciso los restos del infante que reposanen el Monasterio de El Escorial e interesando del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre aquel homicidio en los archivos de la Academia General Militar de Zaragoza, con el fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del tiro puedan hacer sus evaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que encierra aquél luctuoso suceso de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que los jueces establezcan las responsabilidades penales a las que todavía debiera enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un profesional del Ejército español (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales castrenses.
Responsabilidades que podrían ser de carácter penal pero, con todaseguridad, históricas y políticas pues si se demostrara la culpabilidad del actual rey de España, habría que reescribir con toda urgencia la historia de este país.
Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su ya largo reinado como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General Militar. Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está dispuesto a que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su correspondiente condena, sea esta penal, moral o histórica. Por ello le reitero una vez más la solicitud de que todos estos hechos sean estudiados, investigados y analizados en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos),ya que sin duda debe ser ese foro parlamentario, como suprema expresión de la soberanía popular, el que promueva inicialmente las acciones pertinentes, de tipo judicial o político, que permitan aclarar tan graves e importantes cuestiones. Que afectan al país en general y, sobre todo, a su historia pues no deja de ser un auténtico sarcasmo y una burla al pueblo español que ya figure en los libros de historia de este país como máximo salvador de la democracia y de las libertades de sus ciudadanos aquél que fue el primero en ponerlas en peligro autorizando el golpe de Estado del que, según la angelical teoría oficial, nos salvó a todos.
Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya se pidió su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el año 1982 para que contestara a las acusaciones de golpismo vertidas en su contra por algunos acusados y testigos en el golpe del 23-F) pues una cosa es que su persona sea, a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y otra muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante los legítimos representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos hechos gravísimos de la reciente historia de España en los que él ejerció el papel de protagonista absoluto.
Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si tanto esa Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez más, por tomarse mis denuncias contra el rey Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como si estuvieran formuladas contra el históricamente preclaro e insigne Alfonso X el Sabio en lugar de a menor gloria del, a todas luces, menos docto y ejemplar personaje que en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado español a título de rey por deseo testicular del dictador Franco, este historiador militar (que le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado y separado abruptamente de su carrera por un ministro de Defensa de su partido, en 1990, por reivindicar, con conocimiento de causa, un Ejército profesional para España; aspiración que consiguió en 1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en la instancia judicial o mediática que estime oportuna y conveniente, incluido si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no deja de ser un contrasentido y un esperpento jurídico que la Audiencia Nacional española, a través de su “juez estrella†Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de Estado extranjeros, presuntos genocidas, terroristas y responsables de crímenes de lesa humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo responsable de los asesinatos de los GAL (crímenes de Estado que no prescriben ni deben contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad alguna): el rey Juan Carlos I. Quien recibió precisa y abundante información reservada del CESID en su momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta en ejecución de la llamada “guerra sucia†contra ETA. Y no hizo nada por evitarla.
Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras como una amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el máximo representante del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como una respetuosa advertencia de un ciudadano español que ha dedicado toda su vida a la defensa de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y sinsabores y que, desde luego, como le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no va a cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.
España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a un hombre de pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha pagado todavía por su delito), presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento, golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado.
Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 4 de abril de 2008
**Quí és Amadeo Martínez Inglés: Wikipedia
**Entrevista: Revista Fusión
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