El partit nazi Alianza Nacional (AN) reivindica una agressió i un robatori
El web del partit nazi publicava els darrers dies un comunicat amb el títol “Dos acciones contra los enemigos de España, una el 19 de diciembre, ante la prisión de Logroño, y otra el 23 de enero en Tarrasa” on es reivindiquen dues accions delictives: una agressió el passat mes de desembre a diverses persones que s’havien acostat a la presó de Logroño per demanar la llibertat d’Arnaldo Otegi, i el robatori d’una urna de les consultes populars sobiranistes a Terrassa el passat 23 de gener. Ambdós fets delictius han estat reivindicats pel partit nazi. Sobre l’agressió davant la presó de Logroño, escriuen: “Alrededor de cuarenta y cinco militantes y simpatizantes, divididos en dos grupos, se dispusieron a enfrentarse a los pro-etarras. Uno de los grupos fue interceptado, retenido y filiado por efectivos de la UIP. Pero el otro eludió el control policial y mantuvo un encontronazo con grupos de jóvenes que se dirigían a la concentración. Como resultado, varios guarros hubieron de ser asistidos en centros sanitarios. Uno de ellos tuvo que ser llevado en ambulancia.” Alianza Nacional compta amb diversos membres imputats en varies causes. De fet, el líder d’aquesta formació, Pedro Pablo Peña, fou empresonat per emmagatzemar explosius, suposadament per atemptar contra un bus de familiars de presoners bascs. Per aquesta causa també s’imputà altres ultres vinculats al partit: Javier Ochoa Escobar i Emilio Vergara Alvarez, als qui el Fiscal demanava 7 anys de presó per cadascú pel delicte de tinença de substàncies incendiàries o explosives. En aquest cas, també hi era Iñigo Pérez de Herrasti Urquijo, pel qui el Fiscal sol·licitava un total de 18 anys de presó, al afegir al delicte dels seus companys altre de dipòsit d’armes de guerra i un tercer de tinença il·lícita d’armes. En el domicili d’aquest, al carrer Eduardo Dato, de Madrid, foren intervingudes una pistola automàtica i dues semiautomàtiques, sense guia i llicència, així com nombrosos cartutxos. La policia va registrar el local del partit a Madrid, on foren descoberts productes químics aptes per elaborar explosius. El partit ha comptat a les seues llistes electorals amb individus com Pedro José Cuevas Silvestre, assassí de Guillem Agulló, o Eduardo Clavero, lider del grup de RAC Batallón de Castigo (investigat actualment per la Fiscalia per incitació a l’odi), que també fou empresonat per matar un jove d’una punyalada al cor. També el responsable del partit a Catalunya, Enrique Valls Auxach, fou detingut pels Mossos d’Esquadra l’any passat per organitzar un encontre nazi a Tortosa. Altre membre d’AN de Terrassa també fou detingut per agredir uns joves independentistes que realitzaven un mural. A València, l’Operació Panzer de la Guàrdia Civil contra l’organització neonazi Frente Antisistema (FAS) suposà la imputació de diversos futurs membres del partit, que es constituiria un any després i que utilitzà durant un temps la mateixa seu d’aquesta organització neonazi, a l’avinguda Tres Creus nº 69 de València. Esperem que la Llei de Partits tinga en compte tots aquests fets i s’inicie una investigació per estudiar la possible il·legalització d’aquest partit.
La ultradreta exhibeix l’urna robada a Terrassa (Nació Digital)
Comunicat d’Alianza Nacional (AN) sobre els fets:
Patriotismo y Acción Directa
Jueves, 03 de Febrero de 2011 19:38
Dos acciones contra los enemigos de España, una el 19 de diciembre, ante la prisión de Logroño, y otra el 23 de enero en Tarrasa.
Los teóricos revolucionarios conciben la acción directa como la actuación de un agente social –Organización política, social o sindical- en sustitución del Estado, para atender a una necesidad social, proteger un bien colectivo o hacer frente a un peligro o a una amenaza, ante la omisión por parte de aquél de sus obligaciones.
Uno de esos teóricos, Ramiro Ledesma Ramos, propugna la acción directa al servicio de la Patria: “Es evidente que la violencia política va ligada al concepto de acción directa. Unas organizaciones, unas gentes, sustituyen por sí la intervención del Estado y realizan la protección y defensa armada de valores superiores que la cobardía, debilidad o traición de aquél deja a la intemperie. Ello ha de acontecer siempre en períodos de crisis, en que se gastan, enmohecen y debilitan las instituciones, a la vez que aparecen en circulación fuerzas e ideas ante las cuales aquéllas se sienten desorientadas e inermes…” (Escritos políticos 1933-1934,
Ya desde la fundación de las JONS, escribe respecto de la actuación de éstas que “A las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista se le ofrecen, naturalmente, varias tácticas para luchar contra sus poderosos enemigos. Desde luego rechazan la táctica electoral y parlamentaria, sin que esto quiera decir que no la utilicen de un modo ocasional. Son más adecuadas y eficaces a sus propósitos los métodos de acción directa, y puesto que acusan al Estado de no vigilar con suficiente intensidad las maniobras de los enemigos de la Patria, subsanarán con sus propios medios las deficiencias que adviertan”.
Nosotros, que tenemos a Ramiro Ledesma y a las JONS como referentes ideológicos y políticos de primer orden, adoptamos en el último Congreso Nacional, de 4.XII.2010, la acción directa como método. En este camino debemos entender dos acciones, la de 19 de diciembre, ante la prisión de Logroño, y la de 23 de enero en Tarrasa.
El último 19 de diciembre, por la mañana, estaba corcovada una concentración ante la prisión de Logroño para demandar la libertad del máximo dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegui. La convocatoria, autorizada por la Delegación del Gobierno en La Rioja, se enmarca en una campaña, en cuyo trasfondo está una negociación encubierta del Gobierno de Zapatero con ETA y con su entramado político y social.
Ante este atropello contra la Nación y contra las víctimas del terrorismo separatista, la Delegación AN-Norte organizó la respuesta que estaba a su alcance. Alrededor de cuarenta y cinco militantes y simpatizantes, divididos en dos grupos, se dispusieron a enfrentarse a los pro-etarras. Uno de los grupos fue interceptado, retenido y filiado por efectivos de la UIP. Pero el otro eludió el control policial y mantuvo un encontronazo con grupos de jóvenes que se dirigían a la concentración. Como resultado, varios guarros hubieron de ser asistidos en centros sanitarios. Uno de ellos tuvo que ser llevado en ambulancia.
Al finalizar la concentración, un orador avisó de la “presencia de elementos fascistas, que habían agredido a jóvenes de La Rioja y de Iruñea”, por lo que los vehículos particulares y los autocares de los simpatizantes de Batasuna hubieron de ser custodiados por efectivos policiales para tomar el camino de vuelta a sus lugares de origen. Estos hechos pueden verificarse en la noticia dada por el propio diario pro-etarra Gara en su edición digital de 19 de diciembre de 2010, actualizada a las 17’37 horas.
Por lo que respecta al domingo 23 de enero, estaba organizada una consulta soberanista en la localidad catalana de Tarrasa. Seis militantes de la Sección AN-Barcelona, cuatro chicos y dos chicas, entraron con Banderas españolas en uno de los pretendidos colegios electorales y se apoderaron de una “urna”, enfrentándose a los separatistas allí presentes. Posteriormente, se marcharon del lugar con la ilegítima urna.
En uno y otro caso, nuestros militantes y simpatizantes han ejercido la acción directa ante la omisión por parte de los poderes del Estado de su deber de salvaguardar la Unidad nacional, proteger la vida y la libertad de los españoles y cumplir y hacer cumplir su propia Constitución y las leyes.
Tanto el Rey, como los sucesivos Gobiernos del actual Régimen político, las Fuerzas Armadas, las Cortes Generales, los Tribunales o la Fiscalía General del Estado –es decir, las Instituciones y los Poderes obligados a ello-, han abdicado de sus obligaciones hacia la soberanía, la unidad y la dignidad de la Nación, pese a que la actual Constitución contiene instrumentos para garantizarlas. Así, el artículo 155 de la misma establece: “1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.”
No es la ausencia de instrumentos legales, sino la falta de voluntad política, lo que ha llevado al actual estado de cosas en varias Comunidades Autónomas, principalmente la vasca y la catalana, en las que se quiere enterrar la misma idea de España.
Frente a esta ofensiva antinacional, el Estado permanece inerme porque así lo quiere la clase política de la llamada Democracia española y lo permiten los garantes de la soberanía de la Nación y de la permanencia del Estado, el Rey y las Fuerzas Armadas. Un Rey felón y unos Ejércitos integrados por eunucos y mercenarios.
Por eso, a los patriotas españoles no les queda otro camino que el de sustituir la acción que corresponde al Estado en defensa de la Nación, esto es, la acción directa. Para ella hemos de prepararnos.
Sección política de Alianza Nacional
MADRID, 4 de abril de 2005 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía pide un total de 29 años de cárcel para cuatro ultraderechistas detenidos en Madrid el 16 de septiembre de 2000 en posesión de armas y material inflamable para fabricar explosivos, con los que pretendían, presumiblemente, atentar contra familiares de presos de ETA cuando se desplazaran a Madrid a visitar a dichos reclusos. El juicio se iniciará el próximo miércoles en la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Madrid.
La operación policial incluyó el registro de la sede del partido político Alianza para la Unidad Nacional, sito en la calle Ibiza, de Madrid, donde fueron incautados productos químicos aptos para elaborar explosivos. Entre los detenidos figuraba el dirigente de dicho partido Pedro Pablo Peña Muñoz, que sustituyó al frente de la formación a Ricardo Sáenz de Ynestrillas.
La Fiscalía pide para Peña, Javier Ochoa Escobar y Emilio Vergara Alvarez, 7 años de prisión para cada uno por el delito de tenencia de sustancias incendiarias o explosivas.
Para el principal acusado, Iñigo Pérez de Herrasti Urquijo, solicita un total de 18 años de cárcel, al añadir al delito de sus compañeros otro de despósito de armas de guerra y un tercero de tenencia ilícita de armas. En el domicilio de esta persona, en la calle Eduardo Dato, de Madrid, fueron intervenidas una pistola automática y dos semiautomáticas, en buen estado de funcionamiento, de las que carecía de guía y licencia, así como numerosos cartuchos.
Además, en la casa de Pedro Pablo Peña se hallaron productos químicos con los que se podían fabricar explosivos, y 58 petardos grandes. En coches propiedad de Pérez Herrasti y Ochoa había también material inflamable para confeccionar cócteles molotov.
