2 febrer 2012

El judici contra Garzón porta les víctimes del genocidi franquista al Tribunal Suprem

El judici que s’ha encetat estos dies contra el jutge de l’Audiència Nacional Baltasar Garzón per investigar els crims del franquisme, va portar ahir al Tribunal Suprem algunes de les víctimes del feixisme que van acudir al jutge perquè s’investigaren els seus casos. Familiars de desapareguts durant la dictadura van relatar els fets pels quals demanen investigació, per poder trobar els seus familiars i donar-los una sepultura digna. Mitjans de comunicació de tot el món s’estan fent ressò del judici contra Garzón, que qualifiquen d’insòlit, ja que a més, ha sigut una organització d’extrema dreta la que ha aconseguit asseure’l al banquet dels acusats per investigar la negra i silenciada història dels crims del feixisme a l’Estat. Reproduïm algunes de les noticies al respecte, amb els testimonis dels familiars. PUNXA ACÍ PER VEURE EL VÍDEO

Víctimas del franquismo declaran en el Supremo que acudieron a Garzón «por justicia»

Un historiador afirma que sin investigación judicial era «imposible» conocer el «genocidio sistemático» cometido

Los tres testigos que han declarado este miércoles en el juicio a Baltasar Garzón que se instruye en el Supremo por investigar los crímenes del franquismo se han convertido en los primeros representantes de víctimas que han relatado ante un tribunal cómo se produjo la desaparición de sus familiares y su infructuosa búsqueda.

Durante la tercera jornada de la vista oral, la sala del Tribunal Supremo (TS) que juzga a Garzón ha escuchado el testimonio de tres representantes de asociaciones de Memoria Histórica, que han dicho que acudieron a la Audiencia Nacional en 2006 “por Justicia”. Así lo ha asegurado Pino Sosa, de la asociación de Arucas en Gran Canaria, que a preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha explicado cómo desapareció su padre. “Se lo llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos (…). Se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas”, ha afirmado tras recordar que su madre no quiso aceptar la declaración de fallecimiento de su padre porque “se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba”.
María recuerda la muerte de su madre

Aún más emotivo ha sido el testimonio de la representante de la asociación Sierra de Gredos, María Martín López, que a sus 81 años ha rememorado ante el tribunal lo que ocurrió con su madre el 21 de septiembre de 1936.

“La mataron, la echaron a la calle, se la llevaron a declarar a Arenas de San Pedro, pero la dejaron en el camino y mataron a 27 hombres y 3 mujeres”, ha dicho María Martín, que ha añadido que el cadáver de su madre está en una fosa junto a otros cuerpos y todas las gestiones que ha realizado para recuperarlo han fracasado.

Las dos testigos han tenido que contestar también al letrado de la acusación popular, que ejerce Manos Limpias, José María Ruiz, que pide 20 años de inhabilitación para Garzón por un delito de prevaricación.

El abogado ha intentado en un momento de la vista cortar la explicación de los testigos sobre las desapariciones, indicando que se está juzgando a Garzón, a lo que el presidente del tribunal, el magistrado Carlos Granados, le ha advertido de que era él quien decidía lo que era o no era pertinente.

La acusación ha insistido en saber por qué acudieron a la Audiencia Nacional y si otros juzgados les habían informado de que los delitos habían prescrito.

Pino Sosa lo ha negado al asegurar que les dijeron que los hechos no tenían prescripción y que fue la tardanza en responder a su denuncia lo que les motivó a llevar su caso hasta la Audiencia Nacional.
«Un plan de genocidio sistemático»

El último testimonio ha sido el de Ángel Rodríguez Gallardo, un historiador de la Comisión de Memoria Histórica de Ponteareas, que ha denunciado un “plan sistemático” del franquismo para eliminar a los responsables del gobierno de la Segunda República, que podría llevar a pensar que se produjeron “actos de genocidio”.

En su opinión, la decisión de las asociaciones de acudir a la Audiencia Nacional no fue “coyuntural”, sino fruto de un largo proceso iniciado por familiares, historiadores y personas concienciadas con la reparación que confluyeron en un momento en el que la sociedad empezaba a sentir sensibilidad para que la Justicia pudiera decir qué ocurrió.

Además, ha recordado que no es la primera vez que se intenta investigar judicialmente las desapariciones del franquismo, y ha citado algunas denuncias de los años 70 y la exhumación de las fosas de La Solana en Ciudad Real y la del alcalde de Ferrol en 1986.

Ese proceso se interrumpió por el intento de golpe de Estado del 23-F, tras el que el Gobierno socialista decidió “aparcar” las investigaciones, ha señalado antes de afirmar que tras una laboriosa investigación histórica llegaron a la conclusión de que había ocurrido una “cosa terrorífica” con hechos similares a los investigados en otros países.

El abogado de Manos Limpias ha preguntado a todos los testigos si habían recibido subvenciones públicas o privadas y la respuesta ha sido negativa, aunque el representante de la asociación Ponteareas ha matizado que recibieron una vez una ayuda pero no para la investigación sobre desaparecidos. El juicio se reanuda mañana con la declaración de otros tres representantes de víctimas del franquismo propuestos por la defensa.

Jesús no quería llorar ante los jueces

Estaba citado hoy en el Supremo para relatar el fusilamiento de su padre y otros cinco parientes
Ensayó mucho para no emocionarse, pero murió hace unos días

Natalia Junquera Madrid 1 FEB 2012

Jesús Pueyo estaba muy nervioso por su citación para declarar hoy en el juicio contra Baltasar Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo. Con su mujer, Ana, había ensayado hasta la saciedad la escena, porque le preocupaba mucho emocionarse. No quería llorar delante de los magistrados. Necesitaba toda la entereza del mundo para relatar entre togas que los falangistas mataron a su padre, a tres tíos y a dos primas en un pueblo, Uncastillo (Zaragoza), donde no hubo frente de guerra. Y que si había acudido a la Audiencia Nacional era sencillamente porque no era capaz de encontrarles solo. Pueyo murió el 5 de enero, a menos de un mes de contar su historia, como quería, a un tribunal.

Su esposa, Ana, promete ahora “continuar su lucha”, que comenzó hace mucho, cuando nadie se atrevía todavía a hablar de sus muertos. Jesús se había dado prisa. En 1977, dos años después de la muerte de Franco, ya le estaba escribiendo al Rey pidiéndole ayuda para encontrar las fosas donde estaban sus familiares. No contestó. Después le escribió a Aznar, a Naciones Unidas, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la Conferencia Episcopal… Nada. “Bueno, sí —recuerda su mujer—, Rouco Varela nos envió un librito que hablaba sobre la necesidad de perdonar al enemigo”. Nadie lo entendía. Pensaban que quería venganza o dinero. “Y no era eso”.

“Lo que quería Jesús era que la justicia le reconociera que a su padre, a sus tíos, a sus primas… se los habían llevado sin que hubieran hecho nada malo. Que los mataron. Y que le ayudaran a buscarlos. Quería decirle al tribunal que tomara cartas en el asunto de una vez por todas. Que los familiares solos no pueden averiguar dónde están los desaparecidos. Que una democracia que tiene a miles de españoles todavía en fosas y cunetas, tiene los pies de barro”. Nadie pareció entenderlo, hasta que, tras recibir varias denuncias como la de Jesús en la Audiencia Nacional, el juez Garzón interpretó que podía tratarse de crímenes de lesa humanidad y abrió una causa contra el franquismo.

Para Jesús, la Guerra Civil empezó el 21 de julio de 1936, tres días después del golpe. Volvía de recoger leña en el campo, cuando le pararon dos camiones y un coche de los que se bajó un grupo de jóvenes. Que saludes, le dijeron. “Di Arriba España”. Pueyo levantó el puño. “Les enfadó muchísimo y se liaron a darme golpes con las culatas de los mosquetones”, dejó escrito en sus memorias, Del infierno al paraíso. Mientras le pegaban, discutían si matarle o no. Finalmente, decidieron que sí. Hasta que uno le preguntó qué años tenía: “El mes siguiente hago 15 años”, respondió. El que había preguntado, paró la ejecución: “Qué sabrá este chaval de estas cosas”, dijo, antes de dejarle ir, molido a golpes.

El 30 de julio de 1936, los falangistas mataron a su tía Francisca. “Solo por ser de izquierdas”, cuenta Ana. Después, mataron a sus dos hijas, Lourdes y Rosario, de 20 y 24 años, “por haber cosido una bandera republicana que les había encargado el PSOE”. A ellas dos no solo las mataron, según denunció Pueyo en sus memorias: “Las violaron y las quemaron”. “Lo sabemos porque los asesinos presumían y la gente les oyó”, relata Ana. “El suceso conmocionó el pueblo porque todo el mundo las conocía, eran muy buenas costureras, y muy guapas”. El padre de las dos chicas y marido de Francisca murió poco después. “De dolor y de pena”, decía Jesús.

Fueron las cuatro primeras víctimas. Los falangistas no tardaron en ir a buscar al padre de Jesús. “Mi madre y mis hermanos nos quedamos mudos, no pudimos hacer nada”, escribió en sus memorias. A la mañana siguiente, Jesús vio el camión en que se lo llevaban con un grupo de hombres. “Mi padre se tapó la cara porque no quería que le viera en ese estado. Estaban todos ensangrentados, habían sido golpeados con saña. Uno de ellos, el carpintero, amigo de mi padre, tenía un ojo salido. Fue horroroso verlos así”, escribió Jesús. Ya no volvieron a verle. Era 2 de agosto de 1936. Jesús Pueyo Prat tenía 44 años y cinco hijos, que durante los siguientes años oirían muchas veces: “Ahí van esos rojillos”.

Los falangistas mataron a otros dos tíos suyos. De modo que la abuela de Jesús, Magdalena Prat, viuda —su primer marido había muerto en la guerra de Cuba y al segundo, en la de África—, perdió a manos del franquismo a sus cuatro hijos, y a dos nietas. No pudo enterrar a ninguno.

Jesús no quería hablar solo de su familia hoy en el Supremo. Había documentado hasta 138 asesinatos de vecinos de Uncastillo, entre ellos el del alcalde, Antonio Plano, que los falangistas anunciaron para que sus paisanos vieran cómo le mataban en la plaza del pueblo. “Una vez abatido, le siguieron toda clase de burdos gestos ante su cadáver, patadas, tiros. Uno de sus verdugos, Juanillo, el hojalatero, frenético con la algarabía formada ante el cadáver, le cortó las dos piernas con una azada”, escribió en sus memorias. “Después, se lo llevaron y nunca se supo dónde lo dejaron”.

El asesino llevaba el reloj de su víctima

Represaliados del franquismo empiezan a declarar hoy en el Supremo

Natalia Junquera 31 ENE 2012

Para ellos, como para casi todos, la justicia es la institución que dicta quién es culpable y quién inocente. Con esa intención acudieron en 2006 a la Audiencia Nacional, para que un juez desmintiera las barbaridades de las que acusaban a sus familiares en las sentencias de los consejos de guerra, y sobre todo para que les ayudara a investigar su paradero y autorizara la apertura de las fosas en las que habían sido arrojados.

Hoy, tres represaliadas del franquismo han declarado en el Tribunal Supremo. Les seguirán 17 más en los próximos días. Pese a todo, lo consideran una oportunidad. Por primera vez en 75 años, la justicia va a escucharles. María Martín, de 81 años, por ejemplo, ha relatado que mataron a su madre “por no tener mil pesetas”. EL PAÍS inicia hoy una serie con los testimonios de esas víctimas, que representan a muchas otras. A 130.000 desaparecidos.

A Concepción González Trigo, la edad (tiene 83 años) y una enfermedad en las piernas le impiden trasladarse hoy desde Vigo. En su lugar hablará Ángel Rodríguez Gallardo, un historiador que conoce bien su historia, especialmente trágica, porque además de que mataran a su padre al principio de la Guerra Civil, Concepción tuvo la mala suerte de ser ella quien encontró el cadáver.

“Lo habían dejado tirado en un camino a las afueras del pueblo (Ponteareas). Los falangistas habían ido a buscarlo de madrugada hasta Tui, porque sabían que quería huir a Portugal. Su intención, según dijeron, era matarlo en la plaza del pueblo, pero cuando llegaron, a las siete de la mañana, había mucha gente colocando los puestos de la feria para ese día, así que se lo llevaron en un camión, lo fueron torturando por el camino y a las afueras lo mataron”, relata Rodríguez.

Poco después, Concepción encontraba el cuerpo. “Ella recuerda que tenía los brazos y las piernas partidas. Lo habían molido a palos”. Cuando fueron a enterrarlo se dieron cuenta de que le faltaba el reloj, una pieza del patrimonio familiar que había pasado de padres a hijos durante generaciones. “Concepción sabía quién lo había matado porque vio al falangista muchas veces con él puesto”. Como un trofeo. Los verdugos nunca se escondieron.

Rodríguez Gallardo hablará en nombre de Concepción y en el de 8.000 personas más, las que, según su investigación, desaparecieron a manos del franquismo durante la Guera Civil y hasta los años cincuenta en Galicia. Para él no hay duda de que se trata de crímenes de lesa humanidad, tal y como escribió el juez Garzón en el auto por el que hoy se sienta en el banquillo. “Los asesinos mataron con los mismos patrones en Galicia que en Andalucía, que en la Comunidad Valenciana o Canarias. Fue un plan de exterminio”.

Un historiador señala un plan sistemático para eliminar cargos de la República

Las testigos de Garzón relatan las desapariciones de familiares en la Guerra Civil

Tras el 23-F se paralizó la primera fase de la investigación y la apertura de fosas

Julio M. Lázaro Madrid 1 FEB 2012

El juicio al magistrado Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo ha continuado esta mañana con la prueba testifical, en la que han comparecido familiares de desaparecidos de la Guerra Civil. Dos mujeres de avanzada edad que a pesar de sus limitaciones han dejando testimonios muy emotivos que el presidente del tribunal, Carlos Granados, dejó fluir con comprensión y respeto. El intento del abogado de Manos Limpias de reconducir los testimonios al objeto del proceso, –“aquí se está juzgando a Baltasar Garzón” comenzó a decir–, fue atajado con contundencia por el presidente: “Aquí es el presidente el que decide y soy yo el que decide que se pregunta y que no”, le cortó.

El tercer testigo de la defensa de Garzón, Ángel Rodríguez Gallardo, historiador y miembro de la Comisión Memoria Histórica de Ponteaereas (Pontevedra), dijo que su asociación denunció en la Audiencia Nacional la comisión de “violentos crímenes, muchos sin resolver” a partir de 1936. “Queríamos saber cómo se había producido esas muertes y dónde estaban los desaparecidos. Muchas personas desconocían el paradero de sus padres. Con la denuncia intentamos saber cómo se había producido el proceso final al que no podíamos llegar en ningún caso”.

El testigo precisó que acudieron a la Audiencia Nacional, no al juez Garzón. Una vez que el juzgado de Garzón se inhibió de su competencia, su denuncia fue remitida a Ponteareas. Después se personó en el juzgado de Porriño para denunciar la localización de una fosa. La denuncia fue desviada a la Audiencia de Pontevedra, que contestó que está pendiente de lo que suceda en el juzgado central 5. “Hemos apelado y estamos pendientes de la apelación”, ha afirmado.

Como historiador, Gallardo ha dicho haber promovido varias investigaciones sobre la represión franquista en Galicia. El testigo sostuvo que sus investigaciones apuntaban a un “plan sistemático” para eliminar a responsables políticos de la Segunda República, pero han encontrado muchas dificultades en el acceso a los archivos históricos, y al del Ejército solo fue posible a partir de 1999.

“Si pudiéramos acceder realmente a archivos penitenciarios, de la Guardia Civil y la Policía, podríamos determinar ese plan sistemático”. A lo que ha agregado: “Un plan preparado un año antes del golpe de Estado” y que apunta a “actos de genocidio”. “Con un acceso razonable a los archivos del Estado podríamos conocer realmente lo sucedido”, ha asegurado.

“Todavía no se ha entregado los archivos “secretos” del Estado”, ha dicho el testigo, a los que, en su opinión, sólo se tendrá acceso con una orden judicial. “Cuando acudimos a la Audiencia, lo que buscábamos era hacer una reconstrucción lo más fiel posible de lo que sucedió con los desaparecidos del franquismo y que se les pudiera reparar”, ha puntualizado.

El testigo explicó después, a preguntas del abogado de Manos Limpias, que hubo una primera fase de investigación y apertura de fosas que quedó parada a partir del intento de golpe de Estado del 23-F. Luego en Galicia, se exhumó la fosa del alcalde de El Ferrol. En distintos momentos se han intentado la recuperación de los restos de los represaliados y se sigue intentando. “Lo que se produjo fue una cosa terrorífica. No es un hecho puramente coyuntural, es un proceso muy largo, en el que confluimos muchos historiadores, afectados, hijos de represaliados, juristas….”.

El abogado de Manos Limpias quiso saber si la asociación de Gallardo ha recibido alguna “subvención” a lo u el testigo respondió que han recibido una para hacer un documental, pero no para investigar.

Tras este testimonio, el juicio continuará mañana con la declaración de otros tres testigos.

“Me hacían beber medio litro de aceite de ricino”

María Martín López, de 81 años, de la asociación Nuestra Memoria, de Sierra de Gredos, entró con un andador en el Salón de Plenos. “Tengo mal la garganta”, se justificó con una voz forzada y ronca que apenas pudo escucharse a través del sistema de megafonía. Dijo conocer a conocer al juez Garzón “de los periódicos, aparte de la televisión”. Su familia vivía en Pedro Bernardo (Ávila) al comienzo de la Guerra Civil.

De lo que se pudo entender de su testimonio, la anciana relató que mataron a su madre “por no tener mil pesetas”. El 21 de septiembre la echaron a la calle, le pidieron 1.000 pesetas (unos seis euros) y como no las tenía, se la llevaron en un coche. La mataron en el camino a Arenas de San Pedro, allí mataron a otros 27 ese día. Solo se escapó uno.

María Martín tenía seis años entonces y la recogió una tía suya en una finca. Cuando iba al pueblo, le hacían beber medio litro de aceite de ricino. Su padre sobrevivió a la guerra después de salir de la cárcel. Ella sabe dónde está su madre, enterrada cerca de un puente, pero nadie la ha ayudado a recuperar el cuerpo.

Al término de su declaración, a preguntas de los informadores, precisó que a ella la hacían beber medio litro de aceite de ricino con diez guindillas. A Pascuala, su hermana mayor, “un litro de aceite de ricino con 20 guindillas”.

La siguiente testigo, María del Pino Sosa, también dijo conocer a Garzón “por los periódicos y la televisión”. Vive en Gran Canaria y es de la asociación de la memoria Histórica de Arucas. Denunció en diciembre de 2006 la búsqueda de su padre, “que se lo llevaron de casa”, y la de los desaparecidos de Canarias. Nunca más supo de su padre. Acudió a la Audiencia Nacional, a demandar “justicia”: “Se los llevaron de casa, los apalearon, se los llevaron presos. Cuando se llevaron a mi padre, se llevaron el pan y la sal de nuestras casas. Mi madre no quería una declaración de fallecimiento porque decía que se lo llevaron vivo, y vivo lo reclamamos”.

Presentó una queja en el CGPJ en noviembre de 2007 por lo que estaba tardando el procedimiento. “No sé si lo archivaron o no, volvimos a preguntar por el tiempo que tardaban. Nosotros reclamamos como era nuestro deber”. “Muchísimas gracias a este tribunal”, se despidió.

El abogado de Manos Limpias José María Ruiz, ha intentado sacar petróleo de donde no había. El letrado ha orientado sus preguntas a intentar demostrar que las denuncias se presentaron interesadamente en la Audiencia Nacional, mientras había otros procedimientos en marcha. Las limitaciones de memoria de las testigos en el detalle de cuándo y dónde se presentaron las posibles diversas denuncias lo hicieron imposible y el letrado ha renunciado a seguir interrogando.

“¿Tenemos que esperar 75 años más?”

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 02/02/2012

Iba tranquila. “Yo no he hecho nada malo. Y Garzón, tampoco”, explicaba María Martín, de 81 años, unos días antes de declarar en el Tribunal Supremo. “A mi madre la mataron en el 36…”, dijo ayer sin titubear entre las togas, pero con un hilo de voz.

-¿A usted la han ayudado hasta ahora a encontrar a su madre?, le preguntaron.

-No.

La ayuda la pidió, pero no se la dieron. Al juez instructor de la causa contra Garzón por los crímenes del franquismo, Luciano Varela, le escribió una carta intentando hacerle ver que “si fuera su madre” la desaparecida, movería cielo y tierra para encontrarla. “También le escribí al Rey, al presidente del Congreso…”. Nada.

Ya en casa, le inquietaba la sensación de haberse dejado “muchas cosas en el tintero” ante el tribunal. No tuvo tiempo de decir que cuando mataron a su madre tenía otras dos hermanas, de 12 y dos años. O que estuvieron a punto de quedarse también sin padre. “Estaba segando y se lo llevaron preso. El día que volvió de la cárcel me abrazó y no me soltó en horas. Mi hermana pequeña murió pocos días después”.

No le gustó ver al salir del juicio a dos miembros de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica discutiendo. “Esto es una cosa muy seria. Es un entierro sin muertos”. Tampoco haber salido de un tribunal con la sensación de que iban a seguir sin ayudarla. “¿Qué quieren, que esperemos 75 años más? Yo no llego”. Si condenan a Garzón por intentarlo ha prometido “borrarse de española”.

A Pino Sosa, canaria, de 75 años, tampoco le dio tiempo a contar la historia de su padre, y mucho menos la de los 500 familiares de desaparecidos que han acudido a su asociación, en Arucas, pidiendo ayuda. “El 25 de enero de 1937 nací yo, el 10 de marzo dejaron a mi padre en libertad y el 19 vinieron a por él un grupo de falangistas. Eran las seis de la mañana. Mi madre corrió a por un abrigo. El falangista le dijo: ‘No se preocupe, señora, donde va no lo necesita’. Y ya no le volvimos a ver”.

De niña, escuchaba a las vecinas referirse a ella en susurros como “la hija del latonero que tiraron a los pozos”. Y por allí le busca desde hace ya muchos años. De pequeña acompañaba a su madre y a otras mujeres a tirar flores a los pozos. A todos, porque no sabían en cuál estaba. Hace dos años exhumaron uno. “Sacamos a 24, pero ninguno era mi padre. Tenían las manos atadas con alambre. Los forenses nos dijeron que es posible que algunos llegaran vivos al fondo”. Que a los vivos les cayeron encima los muertos.

“Los nietos buscamos con la misma dignidad pero sin el miedo de nuestros padres”

Las víctimas del franquismo dicen que Garzón “era la única forma de cerrar las heridas”.

PUBLICO.ES / EFE Madrid 02/02/2012

Por segundo día consecutivo la voz de la memoria de las víctimas del franquismo pudo escucharse en el Tribunal Supremo que juzga al juez Baltasar Garzón . En esta ocasión fueron dos nietas de desaparecidos durante la dictadura las que contaron el drama que vivió su familia. Estos testigos, propuestos por la defensa, aseguraron que acudir a la Audiencia Nacional, donde Garzón atendió sus demandas, era su única opción para “cerrar heridas y lograr reparación”.

“Mi abuela ya murió y solo cerró sus heridas con la muerte. Yo lo que pretendo es que mi madre pueda cerrarlas antes de morir con la justicia y la reparación”, afirmó María Antonia Oliver París, representante de la asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca.

Por su parte, Josefina Musulén Giménez, de la asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, declaró que los nietos de los desaparecidos siguen buscando “con la misma dignidad, pero sin el miedo que tenían nuestros padres”.

Josefina Musulén relató como el 13 agosto de 1936 un falangista fue a buscar a su casa a su abuelo, que era de la CNT, y que también se llevaron a su abuela que estaba embarazada.

“Se suponía que a las mujeres embarazadas no las podían fusilar. (…) Nos dijeron que a mi abuela le dieron el tiro de gracia en la tripa”, dijo Musulén. “Después nos contaron que a mi abuela la ingresaron en el Hospital de Gracia y que una mujer la acompañó al paritorio. A mi abuela no se la volvió a ver y a la niña tampoco. Así pudimos saber hace 33 años que mi madre tuvo una hermana sana “, concluyó.

También señaló que la única explicación que recibieron sobre la muerte de su abuelo era que “era un rojo, que los rojos eran cobardes, y que seguramente habría huido a Barcelona o Menorca o con otra mujer”.

El abogado Jose María Ruiz de la acusación popular, ejercida por el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, le preguntó si conoce el lugar donde están enterrados sus familiares, a lo que Musulén respondió que creen donde se pueden encontrar, no por conocimiento expreso, sino por el “modus operandi” de los falangistas en Zaragoza.

En la misma línea fue el testimonio de María Antonia Oliver París, que señaló que en su denuncia presentada en la Audiencia Nacional el 15 de diciembre de 2006 expusieron “la represión que se ejercía contra el Gobierno legal y democrático de la República”.

Preguntada por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, sobre qué les motivó a denunciar, Oliver París dijo que la mayoría de los familiares de los desaparecidos se educó en dictadura, y que “las víctimas no sabían que tenían este derecho”. “Pero los nietos, que sí que sabemos que tenemos ese derecho, empezamos a pensar que teníamos el derecho y el deber de denunciarlo”, añadió.
“Los delitos no prescriben”

María Antonia Oliver afirmó que “los delitos no prescriben” y que “su dolor y sufrimiento es permanente”. Además, destacó que en su asociación actualmente han contabilizado 1.600 personas desaparecidas en Mallorca.

Martínez-Fresneda le ha preguntado por qué calificaron en su denuncia los hechos de “detención ilegal y desaparición forzada” como crímenes de lesa humanidad, a lo que ésta explicó que comprobaron que crímenes similares se habían investigado en otros países como Argentina y Chile.

El juicio se reanudará en la mañana del lunes a las 10:30 horas con la declaración de seis testigos más propuestos por la defensa.

“Dijeron que le habían reventado la tripa a mi abuela embarazada”

Josefina Musulén, de la asociación Memoria de Aragón, ha testificado hoy en el juicio

No denunciaron antes de 2006 porque fue “la generación de los nietos la que empezó a hablar”

Julio M. Lázaro Madrid 2 FEB 2012 – 12:07 CET

El juicio contra el juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo ha continuado esta mañana con la declaración de otros dos testigos de asociaciones de la Memoria Histórica, convocados por la defensa del magistrado imputado. Al igual que ayer, la tónica de la sesión ha sido la evocación de familiares desaparecidos durante la Guerra Civil y la labor de las asociaciones que intentan localizarlos. A su llegada al palacio de Justicia, Garzón ha sido aplaudido por sus seguidores, que habían cola en el vestíbulo a la espera de poder acceder al salón donde se celebra la vista.

Josefina Musulén Jiménez, de la asociación Memoria de Aragón explicó que su asociación “recibió llamadas de gente muy mayor que quería saber donde están sus víctimas, que pedían ayuda para encontrar a sus desaparecidos”. Preguntado por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, dijo que no denunciaron antes de 2006 porque fue “la generación de los nietos la que empezó a hablar. En 2006 creían ya que la única opción que les quedaba era la de la Audiencia Nacional”.

Musulén relató que un falangista se llevó a su abuelo y además, a su abuela embarazada. Un hermano de su abuela fue al cuartel de Falange, donde le dijeron que a su abuela “con el tiro de gracia le había reventado la tripa”.

“Mi padre tuvo que vivir con eso toda su vida”, siguió Musulén. “Fallecido el dictador, encontramos a amigos de mi abuelo que pudieron contarnos que a mi abuela la habían ingresado en el hospital y que había dado a luz una niña, y que la niña se la quitaron”. La testigo dijo que llevan 33 años buscando a esa niña, la hermana de su padre: “No hay piedra en Aragón que hayamos podido levantar y que no hayamos levantado”.

La siguiente testigo, María Antonia Oliver París, de la asociación Memoria de Mallorca, ha dicho que no conoce al juez Baltasar Garzón. Su asociación presentó una denuncia el 15 de diciembre de 2006, que contenía una relación de víctimas de Mallorca, con un informe histórico de la represión contra la población civil.

La testigo ha explicado que en Mallorca la represión comenzó al día siguiente del levantamiento militar, el 19 de julio de 1936. “Comenzaron con listas preconcebidas las ejecuciones, los asesinatos, las desapariciones…” Su asociación pidió auxilio para encontrar a las personas desaparecidas. Tienen constancia de 3.000 asesinados “que no murieron en combate”. Su asociación tiene documentadas 1.600 personas asesinadas en la isla y más de 50 fosas.

María Antonia Oliver ha relatado que es nieta de una persona desaparecida. “Mi madre, de 87 años, es hija de esa persona. Mi abuela murió y lo que pretendo es que mi madre pueda cerrar las heridas con la verdad y la justicia”.

“Mi madre le llevaba la comida y un día de la primavera del 1937, le dijeron que lo habían puesto en libertad. Pero en una saca de la prisión, los sacaron maniatados y se los llevaron. Sabía dónde iba. Les esperaba una fuerza armada y Falange y les llevaron directamente a la muerte”, siguió al testigo. “Mi abuela y mi madre no lo vieron nunca muerto. Las dijeron que era un rojo y un cobarde, que habría huido con otra mujer y les habría abandonado”.

La testigo concluyó diciendo que si su asociación utilizó la expresión “crímenes contra la Humanidad” en la denuncia es porque siempre han estado asesorados de abogados, que les dijeron que en Argentina y Chile habían salido adelante las investigaciones por ese delito de crímenes contra la Humanidad.

Al no presentarse el último uno de los tres testigos convocados para hoy, debido a una enfermedad, el presidente del tribunal, Carlos Granados, levantó la sesión hasta el próximo lunes, en que han sido citados otros seis testigos.