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DOCUMENTAL: Septiembre del 75 – Els darrers afusellats del franquisme

Hem penjat el documental SEPTIEMBRE DEL 75 al nostre canal Youtube per commemorar els 40 anys dels darrers assassinats del règim franquista sota la pena capital.

“Xosé Humberto Baena tenía 24 años cuando lo ejecutaron. Su triste destino fue ser el último fusilado del franquismo, acusado del asesinato del policía armada Lucio Rodríguez. Hasta el último momento mantuvo ante su familia que era inocente.
En unas conmovedoras cartas, a las que en el documental pone voz el actor Alberto San Juan, relató sus últimos días y, ante su inmediato desenlace, escribió: ‘Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar’.

Con Baena, fueron ejecutados Ángel Otaegui, Ramón García, José Luis Sánchez Bravo y Juan Paredes el 27 de septiembre de 1975. El documental ‘Septiembre del 75’ reproduce el proceso lleno de irregularidades, la falta de pruebas contra los condenados, la movilización internacional con protestas en toda Europa, llegando a la retirada de embajadas, como presión para lograr los indultos. Pero, ni siquiera la llamada personal del papa Pablo VI a Franco durante la noche anterior a los fusilamientos pudo paralizar las cinco ejecuciones.

‘Septiembre del 75’ cuenta con los testimonios de los otros condenados en aquél proceso, cuyas penas capitales fueron conmutadas la noche del 26 de septiembre. También los abogados que los defendieron aportan datos escalofriantes sobre las condiciones en las que trabajaron, así como la arbitrariedad e ilegalidad de todo el juicio.

“Baeza fue declarado culpable sin pruebas, sin arma homicida y sin testigos“

Pero, además del relato de un proceso que avergonzó al mundo, la auténtica razón de ser del documental es mostrar la lucha de la familia de Xosé Humberto Baena, iniciada por sus padres y ahora continuada por su hermana Flor, por limpiar su recuerdo y reivindicar la justicia que no tuvo entonces. Baena, que militaba en el FRAP, negó hasta el final haber matado a nadie, fue declarado culpable sin pruebas, sin arma homicida, sin informe balístico y sin testigos. El único argumento que se presentó fue una confesión de culpabilidad arrancada al detenido bajo tortura.

La familia Baena en aquellos momentos de desesperación llegó a recurrir al entonces Príncipe Juan Carlos, a quien dirigió una carta pidiendo su intercesión. El Jefe de la Casa Real contestó con una nota de apoyo. Ahora, treinta y cinco años después, Flor Baena sigue peleando para que alguna instancia nacional o internacional reabra el caso, se llegue a demostrar la inocencia de su hermano y conseguir la reparación moral de su familia.

‘Septiembre del 75’ está dirigido por Adolfo Dufour, que fue galardonado por este documental en la Semana Internacional de Cine de Valladolid  y ha recibido las mejores críticas en todos los eventos en que se ha presentado.”

Título original – Septiembre del 75
Año 2009
Duración 85 min.
País  España
Director Adolfo Dufour
Guión Adolfo Dufour
Música José Ángel Lázaro
Fotografía Miguel Ángel López, Pablo Mínguez
Reparto Documentary, Alberto San Juan
Productora Pantalla Partida / New Atlantis
Género Documental
Web oficial http://www.pantallapartida.es/septiembredel75/

Últimas ejecuciones del franquismo

Retratos de «Txiki» y Otaegi.

Las últimas ejecuciones del franquismo fueron también los últimos fusilamientos del régimen franquista y se produjeron el 27 de septiembre de 1975 en las ciudades españolas de Madrid, Barcelona y Burgos, siendo ejecutadas por fusilamiento cinco personas: tres militantes del FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, y dos militantes de ETA político-militar, Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui. Estas ejecuciones, las últimas de la dictadura franquista, poco antes de la muerte del general Francisco Franco, levantaron una ola de protestas y condenas contra el gobierno de España, dentro y fuera del país, tanto a nivel oficial como popular.

Fueron las últimas penas de muerte. La pena de muerte en España fue abolida por el artículo 15 de la Constitución de 1978, con la excepción de «lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”» y después, con la Ley Orgánica 11/95 del 27 de noviembre, también fue abolida para tiempos de guerra.

Antecedentes históricos

A finales del verano del año 1975, había pendientes diversos Consejos de Guerra y varias condenas a muerte en ciernes. Garmendia y Otaegui por un lado, además del sumario militar por el atentado de la calle Correo de Madrid, que involucraba a los procesados Eva Forest, Durán y María Luz Fernández. Otros procesos seguían su marcha como el del atentado contra Carrero Blanco, y otros casos contra miembros del FRAP por la manifestación del 1 de mayo del 73 en la que murió un policía.1

Por la Jefatura del Estado se dictó el Decreto-Ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo,2 que contenía diversos preceptos procesales y penales en relación con el terrorismo. Sin embargo, la pena de muerte por diversos delitos de terrorismo ya estaba en la legislación penal, por ejemplo en el art. 294 bis del Código de Justicia Militar.3 También el Código Penal establecía la pena de muerte en varios de sus artículos, por ejemplo, los artículos 260, 405, 406, 501 y otros.4

Las disposiciones de dicho Decreto-Ley 10/1975 eran de aplicación en los delitos de terrorismo de los art. 260 a 264 del Código Penal y 294 bis del Código de Justicia Militar. El enjuiciamiento de algunos delitos se atribuía a la jurisdicción militar que se sustanciarían por el procedimiento sumarísimo. También establecía una prórroga en el plazo legalmente establecido para poner a un detenido a disposición de la autoridad judicial. Según su artículo 13: «El plazo legalmente establecido para poner a disposición de la autoridad judicial a un detenido podrá prorrogarse, si lo requieren las exigencias de la investigación, hasta transcurrido el quinto día después de la detención y hasta los diez días si, en este último caso, lo autoriza el Juez a quien deba hacerse la entrega. La petición de esta autorización deberá formularse por escrito y expresará los motivos en que se funde».

Los Consejos de Guerra y las condenas

Un Consejo de Guerra ordinario se celebró en el Regimiento de Artillería de Campaña 63 de Burgos el 28 de agosto. En él fueron juzgados José Antonio Garmendia Artola y Ángel Otaegui Etxebarria, ambos de ETA político-militar, que fueron condenados a muerte por el delito de terrorismo con resultado de muerte del cabo del Servicio de Información de la Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón, en Azpeitia, el 3 de abril de 1974. Se les aplicó el artículo 294 bis b) 1º del Código de Justicia Militar.5 Garmendia fue condenado por ser autor material de dicho atentado y Otaegui fue condenado por cooperación necesaria, por la preparación minuciosa y detallada de dicho atentado. A Garmendia se le conmutaría la pena de muerte por la de reclusión y Otaegui sería ejecutado por fusilamiento en Burgos.

Un Consejo de Guerra sumarísimo se celebró el 19 de septiembre en el Gobierno Militar de Barcelona. En él fue juzgado Juan Paredes Manot, Txiki, de ETA político-militar, por un atraco en la sucursal del Banco de Santander de la calle Caspe de Barcelona el 6 de junio, atraco en el que, a causa de un tiroteo, murió el cabo primero de la Policía Armada Ovidio Díaz López. Se le aplicó el art. 294 bis c) 1º del Código de Justicia Militar. Fue condenado a muerte y sería ejecutado por fusilamiento en Barcelona.6

En las dependencias militares de El Goloso, cerca de Madrid, se celebró los días 11 y 12 de septiembre un Consejo de Guerra sumarísimo contra militantes del FRAP para juzgar el atentado con resultado de muerte contra el policía armado Lucio Rodríguez, en la madrileña calle de Alenza, el 14 de julio de 1975. Por dicho atentado se condenó como autores de un delito de insulto a fuerza armada con resultado de muerte del artículo 308, número 1º del Código de Justicia Militar7 a cinco procesados. De éstos, tres fueron condenados a muerte; a Manuel Blanco Chivite y a Vladimiro Fernández Tovar se les conmutaría la pena de muerte por reclusión, y José Humberto Baena Alonso sería ejecutado por fusilamiento en Hoyo de Manzanares (Madrid). Otros dos procesados fueron condenados a penas de reclusión mayor; Pablo Mayoral Rueda, a treinta años, y Fernando Sierra Marco, a veinticinco.8 Además, Mayoral, Baena y Sierra fueron condenados a cinco meses de arresto mayor por uso ilegítimo de vehículo ajeno de motor.

Igualmente, en dichas dependencias militares de El Goloso, se celebró el día 18 de septiembre otro Consejo de Guerra sumarísimo contra otros militantes del FRAP por el atentado con resultado de muerte contra el teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, en Carabanchel, el 16 de agosto. Se aplicó el artículo 294 bis b) 1º del Código de Justicia Militar9 y fue condenado José Fonfrías Díaz a veinte años de reclusión y otros cinco procesados fueron condenados a muerte, aunque a tres de ellos se les conmutaría la pena de muerte por reclusión: Concepción Tristán López y María Jesús Dasca Pénelas (por estar ambas embarazadas) y Manuel Cañaveras de Gracia. Los otros dos, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo Sollas, serían ejecutados por fusilamiento en Hoyo de Manzanares.10

Fueron, por tanto, en total, once condenados a muerte. El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre indultó a seis de los condenados a muerte, conmutando sus penas por la de reclusión11 y dio el “enterado” para los otros cinco condenados a muerte. El “enterado” era la denegación del indulto y, por tanto, suponía la ejecución de la pena de muerte. Dichas penas de muerte se ejecutaron por fusilamiento al día siguiente, el sábado 27 de septiembre.12 13

Intentos para evitar los fusilamientos

Se hicieron varios intentos para evitar las ejecuciones. Hubo varias protestas de abogados en el Colegio de Abogados de Barcelona y se realizaron gestiones con el Vaticano.14 Pablo VI envió un mensaje solicitando clemencia. El primer ministro de Suecia Olof Palme salió por las calles de Estocolmo pidiendo con una hucha en favor de las familias de los condenados. Nicolás Franco, hermano del dictador, le escribió pidiéndole que reconsiderara su decisión. La madre de Otaegui visitó al cardenal Jubany, al obispo Iniesta y al cardenal Vicente Enrique y Tarancón.15

Las ejecuciones

Las ejecuciones de las penas de muerte no indultadas se realizaron por fusilamiento el sábado 27 de septiembre. En Barcelona, fue ejecutado Juan Paredes Manot, Txiki, de 21 años,16 y en Burgos, Ángel Otaegui, de 33 años, ambos militantes de ETA político-militar. En Hoyo de Manzanares (Madrid), José Luis Sánchez Bravo, de 22 años, Ramón García Sanz, de 27, y José Humberto Baena Alonso, de 24, miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).15 17

En Hoyo de Manzanares los fusilamientos lo hicieron tres pelotones compuestos cada uno por diez guardias civiles o policías, un sargento y un teniente, todos voluntarios. A la 9.10, los policías fusilaron a Ramón García Sanz. A los 20 minutos, a José Luis Sánchez Bravo y poco después a Humberto Baena. A las 10.05 todo había concluido. No pudo asistir ningún familiar de los condenados, pese a ser «ejecución pública», según marcaba la ley.15 El único paisano que pudo asistir fue el párroco de la localidad, que relato después la ejecución:

Además de los policías y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. Se acercó el teniente que mandaba el pelotón y le dio el tiro de gracia, sin darme tiempo a separarme del cuerpo caído. La sangre me salpicó.15

Los cadáveres de los tres miembros del FRAP fueron enterrados la misma mañana de su ejecución en Hoyo de Manzanares. Los restos de Sánchez Bravo serían trasladados, posteriormente, a Murcia, y los de Ramón García Sanz, al cementerio civil de Madrid.15

Reacciones y protestas

Cuando el viernes 26 de septiembre el Consejo de Ministros por unanimidad y siguiendo las directrices de Francisco Franco aprueba el fusilamiento de cinco de los once condenados a pena de muerte se produce una inmensa conmoción. Los titulares de la prensa española proclamaban la generosidad del régimen por haber indultado a seis de los once condenados. Bajo el título Hubo clemencia la prensa se plegaba a las consignas del régimen sin que se oyera una palabra disonante.

En el País Vasco se decretaba una Huelga General en pleno Estado de Excepción que era seguida mayoritariamente, por las diferentes ciudades españolas se multiplicaban los paros y las protestas y en el mundo el clamor contra las ejecuciones no cesaba.18

Las irregularidades de los procesos realizados ya habían sido denunciadas por el abogado suizo Chistian Grobet que había asistido como observador judicial al consejo de guerra de Txiki en nombre de la Federación Internacional de Derechos del Hombre y de la Liga Suiza de Derechos del Hombre en cuyo informe del 12 de septiembre dice:

Jamás el abajo firmante, desde que sigue los procesos políticos en España, ha tenido una impresión tan clara de asistir a un tal simulacro de proceso, en definitiva a una siniestra farsa, si pensamos un momento en el provenir que les aguarda a los acusados.

El presidente mexicano Luis Echeverría pide la expulsión de España de las Naciones Unidas, doce países occidentales retiran sus embajadores en Madrid. Las embajadas españolas de diversas ciudades son atacadas por los manifestantes quemándose la de Lisboa.

La respuesta del régimen es la convocatoria de una manifestación de adhesión en la madrileña plaza de Oriente, manifestación preparada por el teniente coronel José Ignacio San Martín, en la que Francisco Franco, físicamente muy debilitado, acompañado del entonces príncipe de Asturias Juan Carlos de Borbón en la que sería la última aparición pública del dictador,19 proclama:

Todo lo que en España y Europa se ha armado obedece a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece.20

En el País Vasco y Navarra

El sábado día 27 de septiembre de comienza una huelga general de tres días de duración, hasta el 30, que fue mayoritariamente seguida, se estima que pararon más de 200.000 trabajadores. Era la tercera huelga general que se convocaba ese septiembre y ya había habido otras protestas en agosto. Aún estando declarado el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, los talleres y fábricas se paran, se cierran los comercios y bares y hasta los barcos de pesca se quedan en puerto. Se realizan manifestaciones en todas las poblaciones importantes que son reprimidas con violencia por la Policía Armada y la Guardia Civil llegándose a utilizar fuego real. Se realizan funerales en casi todas la poblaciones vascas. En San Sebastián se convoca un funeral para el día 30 a las 19:00 en la Catedral del Buen Pastor oficiado por el obispo monseñor Setién y otros 30 sacerdotes, no se puede celebrar por estar tomado por la policía la plaza y el templo. Aun así se concentra una gran cantidad de personas y los disturbios duran hasta bien entrada la noche. Durante los disturbios se producen disparos de bala y un niño es herido. Los disparos de fuego real son comunes en la represión de las manifestaciones.18

Los tres días de huelga general se convierten en tres días de protestas generalizadas en las calles de los pueblos y ciudades del País Vasco. La respuesta del gobierno fue el tomar las poblaciones con Policía Armada y Guardia Civil, pero aun así los disturbios son generalizados en las tres provincias vascas y en Navarra.

En el resto de España

En otras zonas de España las protestas son mucho menores. En Barcelona se hicieron diferentes manifestaciones que fueron reprimidas por la policía. Hay protestas en algunas ciudades pero se logra mantener el orden.18

Reacción internacional

La reacción internacional es fuerte, tanto a nivel gubernamental como popular. Los países de la Comunidad Económica Europea piden el indulto de los condenados (expresado en Londres por el embajador italiano), lo mismo que el Vaticano y las Naciones Unidas. Hay protestas populares casi todas las ciudades importantes y capitales. Se llega a asaltar o intentar asaltar las embajadas y consulados españoles y se boicotean los intereses de España en algunos lugares como en Francia.

Algunos gobiernos, como el de Noruega, Reino Unido u Holanda, llaman a su embajador en Madrid, en Copenhague la Alianza Atlántica aprueba una moción de protesta contra las condenas y exhorta a los países miembros que no hagan nada que pueda favorecer el ingreso de España en ese organismo.

El presidente de México pide que España sea expulsada de la ONU, expulsa al embajador español y suspende contacto con España, las protestas se extienden por todos los países tanto «occidentales» como «orientales». Las manifestaciones y actos de protesta, donde hay fuertes disturbios, son numerosos.18

En la cultura popular

Filmografía

  • Aguirre, Iñaki: El viento y la raíz (2007).21
  • Dufour, Adolfo: Septiembre del 75 (2008).22
  • García Sánchez, J. L.: La noche más larga (1991).23

Música

  • Al alba, canción de Luis Eduardo Aute. La canción pertenece al disco Albanta. El tema Al alba, probablemente el más famoso y significativo de toda la carrera de Aute, fue dedicado a las víctimas de los últimos fusilamientos del franquismo, pero consiguió burlar la censura de la época al disfrazarla como una canción de amor.24

Véase también

Referencias

Libros

  • Amnistía Internacional, ed. (1995), La pena de muerte y su abolición en España. Los Libros de la Catarata, Madrid.
  • Sánchez Erauskin Javier (1978), «El viento y las raíces» (libro en homenaje a Txiki y Otaegi, y que fue secuestrado y prohibido aquel mismo año). Dos años más tarde, el periodista tuvo que comparecer ante la Audiencia Nacional acusado de «apología del terrorismo» a raíz de aquella publicación, cuyos derechos de autor habían sido cedidos a las madres de Jon Paredes y de Anjel Otaegi). (Ver on-line).
  • Sanchez Erauskin, Xabier (2007). Txiki, haizea eta sustraiak. Bilbao: Haizea eta Sustraiak Kultur Elkartea. ISBN 978-84-96536-87-6.
  • VVAA: 27 de septiembre de 1975. Cinco héroes del pueblo La primera edición enero de 1976 por la Agencia de Prensa España Popular (A.P.E.P.). La segunda edición se realizó en septiembre de 1978. En septiembre de 2005 se realiza la tercera edición, realizada por Tiempo de Cerezas. Ediciones, respetando íntegramente todos los textos de la segunda edición; algunas de las fotografías e ilustraciones no se han podido reproducir.

Documentos

Documento visual

  • La plataforma Memoria, Dignidad y Lucha (2005).

Revistas

Notas

Enlaces externos

Víctimas del franquismo y los europarlamentarios Miguel Urbán (Podemos) y Marina Albiol (IU) rinden homenaje a los cinco últimos fusilados por la dictadura. El 27 de septiembre se cumple el 40 aniversario de los últimos fusilados del franquismo.

ALEJANDRO TORRÚS

@ATorrus

BRUSELAS.- Ni el Papa, ni el excanciller de Alemania, ni el presidente de la Conferencia Episcopal. Tampoco el grupo de intelectuales franceses, entre los que se encontraba Sartre, que pidieron a través de un manifiesto que no se ejecutara a los condenados a muerte. Nadie pudo convencer a Francisco Franco.

El dictador ya había decidido morir tal y como llegó al poder: asesinando. Aquel 27 de septiembre de 1975 cinco hombres fueron fusilados al alba. Otros seis, también condenados a muerte, salvaron la vida horas antes de la llegada del amanecer conmutando sus penas de muerte por penas de 25 ó 30 años de prisión.

Los asesinados, acusados de matar a cuatro miembros de la Policía Armada y de la Guardia Civil, fueron José Luis Sánchez-Bravo (21 años); Ramón García Sanz (27 años); José Humberto Baena (25 años); Juan Paredes Manot ‘Txiki’ (21 años) y Ángel Otaegui (33 años). Los tres primeros, militantes del FRAP (Frente Revolucionario Antifacista y Patriótico); los dos últimos, de ETA.

Las últimas ejecuciones del franquismo quitaron la careta al régimen y dejaron en evidencia a las potencias occidentales que permitieron el asentamiento y desarrollo de la dictadura

Sus ejecuciones y la falta total de garantías en los procesos judiciales calificados por la prensa internacional como una “broma macabra” quitó la careta al régimen y dejó en evidencia a las potencias occidentales que permitieron el asentamiento y desarrollo de la dictadura. Para la historia quedarán las palabras de José Humberto Baena, el militante del FRAP que se despidió de sus padres a través de una carta escrita desde su celda. Sabía que era su última noche de vida:

“Papá, mamá: Me ejecutarán mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero, pero que la vida sigue. Recuerdo que en tu última visita, papá, me habías dicho que fuese valiente, como un buen gallego. Lo he sido, te lo aseguro. Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos, para ver la muerte de frente.”

Cuarenta años de los asesinatos

El próximo domingo se cumplen cuarenta años de estos cinco asesinatos. Los últimos del franquismo. Los exmilitantes del FRAP que también fueron condenados en un primer momento a muerte, Manuel Blanco Chivite y Pablo Mayoral, junto a representantes de asociaciones de Memoria Histórica y los eurodiputados españoles Marina Albiol (IU) y Miguel Urbán (Podemos) han rendido homenaje este martes en Bruselas a los cinco asesinados en el centro cultural Federico García Lorca.

Mayoral, cuya pena de muerte fue conmutada por 30 años de prisión, recuerda bien a sus camaradas. Las reuniones que mantuvo con ellos y los días en la celda. “Los momentos vividos quedan ahí. Los recuerdo y los revivo. Y eso estará ahí siempre. Al que más recuerdo es a Baena. Recuerdo la serenidad que tenía. Siempre recuerdo que pasaba mucho tiempo escribiendo relatos en el patio. Y es imposible de olvidar la serenidad con la que afrontó todo”, relata Mayoral a Público.

Pablo Mayoral, en el centro, junto a Merçona Puig Antich y Andoni Txasko Díaz tras presentar la querella ante la jueza argentina que investiga los crímenes del franquismo.

Pablo Mayoral, en el centro, junto a Merçona Puig Antich y Andoni Txasko Díaz tras presentar la querella ante la jueza argentina que investiga los crímenes del franquismo.

Manuel fue condenado a muerte el 12 de septiembre de 1975 en Consejo de guerra acusado de pertenecer al FRAP. Tenía entonces 30 años. La Fiscalía le acusaba de haber participado de manera indirecta en el asesinato del policía Lucio Rodríguez. Horas antes de ser ejecutado su abogado le comunicó que el Consejo de Ministros había conmutado su pena de muerte por 30 años de prisión. “¿Qué pasa con los demás?”, preguntó de inmediato. Después se produjo el silencio. El silencio más atronador.

Manuel Blanco Chivite: “El régimen asesinó a los que no tenían cabida en la nueva monarquía (…) Era un aviso de lo que sería la Transición. Asesinatos simbólicos”

“Ahora que se cumplen 40 años el recuerdo de nuestros camaradas está más presente. Siempre hemos tenido el objetivo de reparar su memoria y obtener justicia. Queremos que todas las condenas del franquismo, que se produjeron sin el más mínimo respeto a las garantías procesales, sean declaradas nulas”, señala Blanco Chivite, que estos días rememora en su mente aquel 27 de septiembre.

“Es imposible expresar con palabras lo que sentí en aquellos días. Cuando uno participa en la lucha antifranquista sabe que en cualquier momento te pueden coger y condenar a muerte. Estás en una dinámica de lucha y sabíamos que podíamos caer todos, uno o ninguno. No sabíamos cuántos pero estábamos convencidos de que iban a asesinar a alguien”, relata Manuel a Público.

Manuel Blanco Chivite.Manuel Blanco Chivite.

Los asesinatos de tres de sus compañeros y de los dos miembros de ETA son considerados por Manuel como el último favor de Franco al entonces príncipe Juan Carlos. “El régimen asesinó a los que no tenían cabida en la nueva monarquía: los independentistas y la oposición que se situaba a la izquierda del PCE. Era un aviso de lo que sería la Transición. Asesinatos simbólicos”, analiza.

Manuel Blanco Chivite trabajaba cuando fue detenido como periodista freelance para diferentes revistas de economía y militaba en el PCE Marxista-Leninista desde sus tiempos de estudiante de periodismo. La Brigada Política Social le asaltó cuando paseaba por la calle de su casa. Fue trasladado de inmediato a la Dirección General de Seguridad (actual sede del Gobierno autonómico de Madrid. Lo que sucedió allí prefiere no recordarlo: “Círculos de policía con palos, torturas…”, comienza a relatar, pero su voz se apaga lentamente. “En fin, todo lo que te uno se puede imaginar y un poco más”, asegura.

Un juicio farsa

Los consejos de guerra tuvieron el carácter de procedimientos sumarísimos y para juzgarlos fue aplicada de manera retroactiva la ley antiterrorista que acababa de ser aprobada por el régimen. Tres de los abogados defensores llegaron a ser expulsados de la sala a punta de pistola por su insistencia en pedir que se resolvieran los recursos pendientes. En el juicio de Blanco Chivite, por ejemplo, fueron rechazados un total de 24 pruebas documentales y 20 testigos.

Era el año 1975, Franco seguía vivo, el PCE había dado la orden a sus abogados de que nadie defendiera a los condenados por miedo a que se le vinculara con la vía armada y Europa vivía los primeros años del Mercado Común. El primer ministro sueco Olof Palme salió a la calle, hucha en mano, pidiendo dinero en ‘apoyo a la democracia en España’. El régimen de Franco estaba dando ya sus últimos coletazos. Fueron los últimos asesinados del franquismo, pero no los últimos muertos por la democracia.

Eurodiputados de Podemos, IU, PNV, ICV y Bildu, a petición de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, presentarán una moción en los próximos días en el Parlamento Europeo, que celebra desde ayer las jornadas ‘Con impunidad no hay democracia’.

ALEJANDRO TORRÚS

BRUSELAS.- Chato Galante fue salvajemente torturado por luchar contra la dictadura en España. Fue detenido hasta en cuatro ocasiones como miembro de la lucha estudiantil. Todas ellas fue vejado, golpeado y humillado. La más grave, no obstante, fue la segunda. “El secreto era tratar de que no te tiren porque si caes no te levantas”, señala a Público Galatante, que en aquella ocasión llegó a permanecer hasta 14 días interno en la Dirección General Seguridad sin que su familia ni su abogado supieran donde estaba.

Con estos recuerdos en la memoria, ayer lunes en el Parlamento Europeo, Galante anunció que volvería a Bruselas y “a cualquier punto de este planeta” para obtener justicia. Galante no olvida que para el Estado español sigue siendo un delincuente por su lucha contra el Estado español mientras que los que mandaban al pelotón de fusilamiento contra los que luchaban por la libertad con su ‘enterado’ en el Consejo Ministros tienen una jubilación de ensueño y toda la protección del aparato estatal.

“Se cumplen ahora 40 años de los últimos fusilamientos del franquismo. Dos de los ministros que mandaron asesinar a los jóvenes están aún vivos. De hecho, Fernando Martín es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas”, ha asegurado Galante.

Ante la impunidad de la dictadura en el Estado español, los eurodiputados españoles Miguel Urbán (Podemos, GUE/NGL), Izaskun Bilbao (PNV, ALDE), Marina Albiol (IP, GUE/NGL), Josu Juaristi (EH-Bildu, GUE/NGL) y Ernest Urtasun (ICV, Greens/ALE), a petición de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), presentarán una moción en el Parlamento Europeo que insta a la Comisión Europea para que “adopte las medidas necesarias” para que España someta a juicio a las 17 altos cargos de la dictadura franquistas que han sido imputados por la Justicia argentina dentro del proceso judicial abierto en el Juzgado número 1 de Buenos Aires en virtud de la Justicia Universal.

Entre los 17 imputados se encuentran los exministros de la dictadura Utrera Molina y Fernando Suárez; y el exministro de la Transición Rodolfo Martín Villa. “Igual que nosotros estamos peleando en Argentina desde el terreno jurídico hay que pelar desde aquí, Bruselas, en el terreno político. No se puede permitir que un país como el nuestro siga haciendo capirotes con los derechos humanos”, ha denunciado Chato.

La moción, a la que ha tenido acceso Público, pide que la Comisión se ampare en el cumplimiento de la “norma convencional y consuetudinaria de Derecho Internacional aut dedere aut judicare y de conformidad con lo dictaminado al respecto por los Relatores Especiales de las Naciones Unidas”.

De esta manera, la moción exige que el Gobierno remita a los juzgados españoles la resolución de la Justicia de argentina por la que llama a declarar a los 17 responsables franquistas y que estos presten declaración ante la Justicia española por su responsabilidades durante la dictadura española recordando que los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo no prescriben nunca.

Asimismo, la moción señala que en el caso de que no sea posible que España juzgue a los responsables, la Comisión obligue a España a extraditar a Argentina a los 17 llamados a declarar por la justicia del país sudamericano. “Juzgar o extraditar”, resume Carlos Slepoy, el abogado español de las víctimas del franquismo.

Jornadas en el Parlamento Europeo

Las Jornadas sobre Justicia Universal y Memoria Histórica que arrancaron ayer en el Parlamento Europeo, organizada por los eurodiputados Miguel Urbán (Podemos, GUE/NGL), Izaskun Bilbao (PNV, ALDE), Marina Albiol (IP, GUE/NGL), Josu Juaristi (EH-Bildu, GUE/NGL) y Ernest Urtasun (ICV, Greens/ALE) con el nombre de Con impunidad no hay democracia, juzgar los crímenes de la dictadura franquista, tratan de realizar un recorrido que parte de la rememoración de los crímenes del franquismo y de otras dictaduras en Europa a través del testimonio de las propias víctimas.

Así, las Jornadas, que arrancaron este lunes con la representación del actor Juan Diego Botto del monólogo El privilegio de ser perro, también abordarán la actualidad de los casos de justicia universal abiertos, así como los desafíos que presenta la lucha contra la impunidad por delitos contra la humanidad.

En las jornadas intervendrán víctimas del franquismo y activistas de la memoria como Manuel Blanco Chivite, Chato Galante y Pablo Mayoral (CEAQUA), Josu Ibargutxi (Asociación de presos políticos Goldatu), Soledad Luque (Asociación Todos los Niños Robados son también mis Niños) y Merçona Puig Antich, hermana de Salvador Puig Antich, junto a representantes de la Justicia internacional y la Querella argentina como la Jueza María Romilda Servini, la defensora de DDHH Ana Messuti, el representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Manuel Ollé, y el Magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, entre otros.

El día que llegó con hambre atrasada

Se cumplen 35 años de los últimos fusilamientos de la dictadura franquista. Las familias de dos de los ejecutados siguen buscando resarcir la memoria de los suyos

JORGE OTERO Madrid 27/09/2010

En septiembre de 1975 Franciso Franco era un dictador agonizante: a sus problemas de salud, que terminarían por llevarle a la tumba dos meses después, se sumaban sus preocupaciones y desvelos por mantener en pie una dictadura que empezaba a mostrar que estaba tan enferma como su propio jefe.

Nerviosos por la salud del dictador y acosados por las crecientes demandas de libertad y por la tensión entre los que propugnaban una apertura y los más acérrimos franquistas —”los del búnker” les llamaban—, los prebostes de la dictadura necesitaban dar un golpe de autoridad. Lo hicieron de la única forma que sabían: matando.

El 27 de septiembre de 1975 cinco jóvenes izquierdistas fueron fusilados. Tenían cara y nombre: Juan Paredes Manot, Angel Otaegui, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humbero Baena Alonso. Sus nombres pasaron a la historia por ser los últimos ejecutados por una larga dictadura de casi 40 años que empezó matando por la “Gracia de Dios” y terminó haciendo lo mismo. Los dos primeros pertenecían a ETA; los tres últimos militaban del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), la organización creada por el PCE (m-l).

Estaban acusados de participar en varios atentados contra policías y guardias civiles. Algunos de los acusados habían empuñado un arma pero otros no. Las única prueba con la que contó el tribunal fue la propia declaración de los acusados, obtenida bajo tortura.

Todos estaban condenados de antemano: el Consejo de Guerra que les condenó a la pena capital fue una farsa, sin ninguna garantía jurídica, sin pruebas. “Todos habíamos asumido que se iban a confirmar las penas de muerte”, declaró a Público el año pasado Pablo Mayoral uno de los militantes del FRAP a los que en el último momento se les conmutó la pena de muerte por otra de 30 años de prisión.

Las últimas ejecuciones del régimen tuvieron una enorme repercusión en toda España y en toda Europa. Hubo una enorme movilización, sobre todo en Europa, para evitar aquellas muertes. Hasta el Papa Pablo VI pidió clemencia a Franco, pero éste, pese al pavor que le producía una hipotética excomunión papal, firmó las penas de muerte.

En la madrugada del 26 al 27 de septiembre, España vivió su noche más larga. Luis Eduardo Aute inmortalizaría aquel suceso en una célebre canción: Al alba. Como dice la letra, aquel día de hace 35 años llegó con hambre atrasada.

Paredes Manot y Otaegui, los miembros de ETA, fueron ejecutados en Burgos y Barcelona, respectivamente. Sánchez Bravo, García Sanz y Baena Alonso fueron trasladados desde la cárcel de Carabanchel hasta un cuartel en Hoyo de Manzanares (Madrid), donde poco antes de las ocho de la mañana fueron acribillados por el pelotón de fusilamiento.
Las familias buscan Justicia

Desde entonces, ninguna otra bala ha sido disparada en España en nombre de la Justicia. Pero a ésta aún le queda un largo camino que recorrer para resarcir la memoria de las víctimas y el dolor de sus familias. 35 años después las familias de dos de los fusilados luchan por la memoria de los suyos. Flor Baena, hermana de José Humberto Baena Alonso, no ceja en su empeño de que los tribunales de la España democrática anulen aquella sentencia y decreten la inocencia de su hermano, que nunca empuño una pistola. No lo ha conseguido, pero no se rinde.

Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo y ella misma detenida y torturada en las mismas fechas —salvó la vida porque estaba embarazada—, presentó el pasado mes de mayo una demanda en Argentina para exigir una reparación “con todas las consecuencias”. Quizá ella tenga más éxito que Flor Baena: Argentina ha demostrado más sensibilidad y más interés en hacer Justicia que la propia España, donde un juez, Baltasar Garzón, va a ser juzgado por investigar los crímenes del franquismo.

“Todos habíamos asumido que íbamos a ser fusilados”

Dos ex FRAP que sobrevivieron a las últimas ejecuciones del franquismo rompen su silencio

PATRICIA LÓPEZ / Ó. LÓPEZ-FONSECA MADRID 26/10/2009

“Que las muertes de mis camaradas y la mía sean las últimas”. Estas fueron las últimas palabras que José Humberto Baena, militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), pronunció el 12 de septiembre de 1975 ante el Consejo de Guerra que le iba a sentenciar a morir fusilado. Junto a él estaban otros cuatro integrantes de la organización creada por el PCE (m-l). Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández también fueron condenados a la pena capital, aunque el Gobierno se la conmutó por la de 30 años de cárcel horas antes de ser ejecutados. Los otros dos, Pablo Mayoral y Fernando Sierra, recibieron condenas de 30 y 25 años.

Quince días después, Baena fue fusilado junto a los también integrantes del FRAP Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo y los miembros de ETA Ángel Otaegi y Juan Paredes, Txiki. No habían pasado dos meses cuando moría Franco. Dos de los supervivientes de aquellos fusilamientos, los últimos del régimen franquista, recuerdan tras 34 años de silencio aquellos días para Público con motivo del próximo estreno del documental Septiembre del 75, que hace memoria de aquellas víctimas de la dictadura.

Blanco Chivite era el mayor: “Tenía 30 años, era periodista y escribía en revistas económicas. Desde que era estudiante militaba en el PCE (m-l) y para entonces ya había sido detenido dos veces. De hecho, cuando me arrestaron por aquella muerte, estaba en libertad provisional. A pesar de ello, me encargaba de coordinar el partido y el FRAP en Madrid”.

Pablo Mayoral también tenía un puesto relevante. Se encargaba de la propaganda y de la revista del partido. “Tenía 24 años y trabajaba en una multinacional arreglando máquinas. Meses antes habían detenido a mi hermano y yo sabía que era vigilado, por lo que cambiaba de casa constantemente”, rememora. Él era también el encargado de ayudar a los compañeros del FRAP que, desde otros lugares de España, buscaban refugio en la capital. Así fue como conoció a Humberto Baena. “La Policía lo buscaba en Galicia porque había recogido firmas y dinero para el entierro de un obrero caído en una protesta. Vino a Madrid con su novia”, asegura.

Chivite recuerda que fue en 1975, con un régimen volcado en la represión, cuando el partido decidió llevar a cabo lo que denomina “acciones personales puntuales”. Una de ellas costó la vida el 14 de julio al policía Lucio Rodríguez, en Madrid. Al día siguiente comenzaron las detenciones. El primero en caer fue Pablo: “Llevaba un tiempo viviendo en casa de un compañero de trabajo. Por la noche, cuando bajé a tirar la basura, me detuvieron”. El día 16 lo era Blanco Chivite: “Me detuvieron en la calle. Llevaba días preparando una cita del partido que tenía fuera de Madrid”. El 22 de julio se produjo el último arresto, el de Baena.

Cuando se les pregunta si participaron en aquella muerte, eluden la respuesta directa. “¿Alguien les ha preguntado a los policías que nos torturaron y a los militares que nos condenaron sin una sola prueba?”, responde de modo seco Manuel. Mayoral se limita a asegurar que él nunca empuñó una pistola. En lo que ambos son más explícitos es en recordar la semana que pasaron en la Dirección General de Seguridad (DGS) interrogados por el comisario Roberto Conesa y sus hombres. “Las palizas eran interminables. El último día nos hicieron firmar una confesión que no sabíamos qué decía”, asegura Pablo.
Silbar La Internacional

De la DGS pasaron a la prisión de Carabanchel, a celdas de castigo que Manuel recuerda muy bien: “No teníamos ni sábanas ni mantas. El colchón lo metían por la noche y lo sacaban por el día. Sólo había un agujero que hacía de retrete, un grifo y una botella de plástico vacía. No había luz la mayor parte del día”. Así estuvieron hasta que el 11 de septiembre se inició el Consejo de Guerra. “Nuestros abogados pidieron la práctica de más de 190 pruebas. Las rechazaron todas. Ni siquiera presentaron en la vista la pistola con la que decían que habíamos matado a aquel policía”, rememora Manuel. “Todos habíamos asumido que se iban a confirmar las penas de muerte”, recalca Pablo.

Así fue al día siguiente. Tres penas de muerte y elevadas condenas de cárcel para Mayoral y Fernando Sierra. Baena, Fernández y Chivite quedaron incomunicados de nuevo en las celdas de castigo de la prisión, mientras los otros dos miembros del FRAP pasaron a una galería. “Un día, el resto de presos se puso a silbar La Internacional para animarnos. Les obligaron a callarse”, recuerda Manuel.

El viernes 26 de septiembre, el Consejo de Ministros confirmó las penas de muerte para dos miembros de ETA y tres del FRAP. A otros seis se las conmutó. “Era ya de noche cuenta Manuel cuando entró un funcionario en la celda para llevarme a una sala. Allí mi abogado me abrazó y me dijo que me habían conmutado la pena de muerte. No me lo creía. También me dijo que a Vladimiro le habían hecho lo mismo, pero que se confirmaban las de otros tres camaradas, que iban a ser fusilados al día siguiente. Fue una noche muy dura. A la mañana, cuando me subieron con el resto de presos políticos, ya habían muerto. Me abrazaron, pero el silencio en la galería era terrible”.

Manuel y Pablo salieron de prisión a finales de 1977, con la segunda amnistía. El primero es en la actualidad escritor y dirige la pequeña editorial El Garaje. Pablo trabaja en una imprenta. El PCE (m-l), tras ser legalizado en 1978, se disolvió en 1993. Ambos aseguran que rompen ahora su silencio, “no para que se juzgue a nadie por lo que pasamos”, sino para denunciar que la Ley de Memoria Histórica está fallando. “Queremos que aquellos Consejos de Guerra y juicios sumarísimos sean declarados nulos”.

La familia de uno de los últimos fusilados por el franquismo pide anular la sentencia

Flor, hermana de José Humberto Baena, fusilado en septiembre de 1975, explica que en España ya han agotado todas las instancias judiciales

ERIK LÓPEZ Madrid 26/09/2009

“Reclamo que el Gobierno reconozca el derecho de familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo a saber la verdad sobre sus seres queridos”. Esto es un extracto de la carta que Flor Baena, hermana de José Humberto Baena —uno de los últimos ejecutados por el franquismo— ha dirigido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, coincidiendo con el 34 aniversario del fusilamiento de su hermano.

La ejecución se produjo el 27 de septiembre de 1975 en Hoyo de Manzanares (Madrid). Baena, comunista, fue acusado de matar a un policía y condenado a muerte en un consejo de guerra sumarísimo. Tras la condena, la ONU pidió la anulación de la ejecución. Incluso el Vaticano instó a Franco a reconsiderar su decisión. No sirvió de nada.

Flor Baena pide ahora la anulación del juicio. “En él no se tuvieron en cuenta ciento y pico pruebas que le absolvían y al abogado ni siquiera le dejaron hablar”. La condena se basó en una confesión firmada por el propio condenado. “Firmó aquellos papeles sin saber lo que eran, después de horas de tortura”, señala su hermana. “Fíjese, que llegó a abrirse la camisa en pleno juicio para enseñar las señales de la tortura”, recuerda.

Flor reconoce que no tiene “grandes esperanzas de que el Gobierno haga algo”. “No es la primera carta que les envio y nunca ha servido para nada, pero es mi última opción antes de recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de la ONU”. Baena explica que en España ya han agotado todas las instancias judiciales.

“Todavía se oculta que el franquismo fue terrorista”

Historiadores debaten en Granada sobre las lagunas de la Transición española

PURA RAYA GRANADA 27/09/2009

La falta de una condena sin paliativos del franquismo fue quizás la principal asignatura pendiente de la Transición. Y España, según Cristina Moreiras-Menor, crítica, experta en Historia cultural y catedrática de la Universidad de Michigan (EE UU), aún arrastra ese suspenso. “Se oculta que el franquismo fue una herramienta política que diezmó la libertad, un aparato de represión y un acto terrorista en muchos sentidos. Y hasta que eso no se enseñe en los colegios, España no va entender su pasado”, afirma.

La mitificación de la Transición ha sido objeto de atención preferente durante las ponencias del II Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea, celebrado la semana pasada en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada. Al encuentro asistieron historiadores como Moreiras-Menor o Israel San Martín.

Moreiras-Menor afirma que existe aún una percepción “un tanto inquietante” de este episodio histórico porque se ve como “modélico”, cuando “borró la idea de que la dictadura fue cruel, intensa y que fue el propio Franco el que gestionó el paso hacia la democracia”.

Jorge Marco, de la Universidad Complutense, apoya las teorías de Moreiras-Menor. Según Marco, la enseñanza aborda de una manera muy “light” el franquismo. “Muchos docentes se saltan estos temas”, afirma”. “Por suerte”, dice Marco, “la perspectiva sobre la Transición está cambiando”. “Sus protagonistas, los hijos de la guerra, han sido acríticos. Ahora, los nietos hacemos crítica y ponemos el foco sobre los verdugos”, concluye.

Familiares y allegados de “Txiki” le recuerdan en Zarautz vigilados de cerca por la Ertzaintza

La Ertzaintza ha irrumpido en el acto de recuerdo a Jon Paredes “Txiki” que celebran anualmente sus familiares en el cementerio de Zarautz, con la excusa de que la Audiencia Nacional le había ordenado vigilarlo para que no se cometiera ningún delito. Interior de Lakua ha prohibido una marcha convocada para esta tarde en Eibar.

GARA, 27/09/2010

ZARAUTZ-. Una dotación de efectivos antidisturbios de la Ertzaintza ha irrumpido en el cementerio de Zarautz poco antes del mediodía, cuando familiares y allegados de Jon Paredes “Txiki” se disponían a rendirle tributo ante su tumba, como vienen haciendo todos los años desde que fue fusilado por orden de la dictadura franquista, hace hoy 35 años.

Los policías han justificado su presencia alegando que tenían órdenes de la Audiencia Nacional española de vigilar el acto, con el fin de que no se cometiese ningún delito.

Tras un rifirafe con los familiares, los ertzainas se han apostado a pocos metros de la tumba de “Txiki”, ante la cual ha tenido lugar una ofrenda floral y se ha bailado un aurresku de honor. Otras dos personas vestidas de paisano y ajenas a la familia han seguido el acto mezcladas entre familiares y amigos.

El año pasado, una dotación de antidisturbios de la Ertzaintza y agentes de paisano, auto en mano, también se personaron en el cementerio. Ataviados con escudos, cascos, porras y peloteros, ordenaron retirar la ikurriña y la bandera republicana colocadas sobre la tumba de “Txiki”, junto con cinco claveles rojos que hacían referencia a los cinco fusilados el 27 de setiembre de 1975.

Aunque la madre, hermanos y otros familiares de “Txiki” trataron de explicar a los agentes que únicamente pretendían estar unos minutos en silencio en aquel lugar, los ertzainas obligaron a salir a todos del cementerio e identificaron a cuatro familiares y allegados.

Prohibición

El Departamento de Interior del Gobierno de Lakua ha prohibido una marcha que se había convocado para esta tarde en Eibar con motivo del Gudari Eguna, según ha difundido Europa Press.

El veto se sustenta en que el lema elegido “Borroka da bide bakarra” es “constitutivo de delito”.

Tras el de Durango y el de Alonsotegi, el de Eibar es el tercer acto organizado para hoy que prohíbe la Consejería de Rodolfo Ares. Esta mañana ha reiterado la prohibición del convocado en Alonsotegi, mientras que la movilización de Durango ha sido desconvocada el fin de semana, según Interior.