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ESPECIAL: Les ombres de l’absolució dels 18 nazis del Cas Panzer

Destrucció de proves, desaparició de les gravacions del judici, menyspreu i insults al treball de la Guàrdia Civil, interpretacions peculiars de les lleis… S’anul·len les escoltes i s’invaliden les proves posteriors per condemnar la banda neonazi Frente Antisistema (FAS).

El paraíso neonazi de Valencia

La Cuarta Sección de la Audiencia provincial ha absuelto de nuevo a una banda armada tras declarar ilegales las pruebas incriminatorias. El proceso estuvo plagado de irregularidades, como la destrucción de las armas incautadas y de las grabaciones telefónicas antes de la vista oral

JOAN CANTARERO 02/08/2014

La Audiencia de Valencia, de nuevo, ha absuelto a una banda neonazi armada, Frente Antisistema esta vez, sin tan siquiera entrar a valorar las numerosas pruebas de toda índole que les incriminaban, y por las que tanto la Fiscalía como la acusación popular reclamaban al tribunal penas cercanas a los 50 años de prisión. La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia se ha convertido una vez más, a juicio de la Acción Popular Contra la Impunidad, en un muro que dificulta las acciones legales para poner coto a los desmanes violentos de la ultraderecha que, desde hace más de tres décadas, angustia la normal convivencia en el País Valenciano.

La sentencia dictada por la Justicia valenciana —que aún no es firme— y que absuelve a los 18 neonazis integrados en la banda Frente Antisistema, desarticulada en la llamada operación Pánzer, no señala en ningún momento que los acusados no sean presuntos autores de los delitos que se les imputa, sino que todos esos supuestos ilícitos ya no existen porque emanan, según la sala, de unas intervenciones telefónicas realizadas “sin ningún indicio objetivo de comisión de delito que permita vulnerar el secreto de las comunicaciones”.

Cuando la causa se empezó a instruir en el año 2005 el juzgado consideró legítimas las intervenciones telefónicas, tras ser detectadas a finales del año 2003 varias páginas web de contenido neonazi que vendían un amplio surtido de armas prohibidas y que estaba gestionada por un ultraderechista bregado en la violencia callejera, Joaquín Saludes, que ya contaba con antecedentes por tenencia y tráfico de armas y explosivos. Una carta de presentación que para la jueza instructora de Carlet (ver el auto aquí) reunía hace ahora nueve años todas las garantías legales para autorizar a la Guardia Civil que continuara con sus pesquisas, incluyendo las intervenciones telefónicas, tanto del móvil del propietario de las webs y del negocio ilegal como de los considerados en las diligencias como sus más cercanos colaboradores.

Precisamente, un mes antes de dictar este auto, Joaquín Saludes había sido condenado junto a otro sujeto por el Juzgado de lo Penal 7 de Valencia por daños y lesiones a penas de 6 meses de prisión y accesorias, tras apalear a seguidores del Levante UD dentro de un bar de la capital valenciana —que también destrozaron—, armados con barras de hierro. Tanto Saludes como su compañero de fechorías pertenecían a la peña ultra del Valencia CF, Yomus, considerada muy peligrosa.

El redactor de la sentencia que absuelve a los neonazis del FAS, el magistrado José Manuel Megía Carmona, pone énfasis y crítica en el informe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil para justificar su decisión de anular las escuchas telefónicas que, en esencia, liquidaría todo el caso en aplicación de la doctrina “del fruto emanado del árbol envenenado”, según el cual toda prueba conseguida como consecuencia de una actuación ilegal queda invalidada.

Según la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, la orden dictada por el Juzgado de Instrucción de Carlet de intervenir las comunicaciones telefónicas de las que emanan la mayoría de los presuntos delitos, “no estaba suficientemente motivada”.

La Sala dice que “la limitación del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas, por supuesto judicialmente establecido, requiere la concurrencia de un presupuesto ineludible para su legitimidad constitucional: concurrir los hechos o datos objetivos que puedan considerarse indicios sobre: a) la existencia de un delito; b) que éste sea grave y c) sobre la conexión de los sujetos que puedan verse afectados por la medida con los hechos investigados”.

En este contexto, el tribunal desacredita “los indicios racionales de delito” encontrados por la Guardia Civil que sirvieron de argumento para solicitar la intervención telefónica, que son fundamentalmente las páginas webs neonazis y las armas puestas a la venta en ellas.

La sentencia recuerda que “en el oficio, de fecha 11 de Marzo de 2005, se dice que la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, Unidad Orgánica de Policía Judicial, viene realizando investigaciones dirigidas al seguimiento y a la obtención de información de grupos y colectivos de carácter neonazi en España y a finales de 2003 se pudo observar la presencia en internet de diferentes páginas web utilizadas por organizaciones españolas para difundir la ideología nacionalsocialista y fomentar la captación de nuevos miembros”.

En cuanto a la cuestión de las páginas webs con contenidos nazis, el magistrado ponente de la Sección Cuarta se despachó a gusto y no escatimó en descalificaciones hacia la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil: “Esto es una obviedad vacía de contenido incriminatorio contra persona alguna, puesto que en internet existe ese tipo de sitios y es algo que ni necesita ser investigado ni añade nada a una investigación policial. Es obvio que existen esas páginas, como tantas otras de diferente tipo e ideología. Si eso es lo que ha obtenido la investigación de dos años no puede ser calificado más que de paupérrimo y ridículo”.

Es importante hacer aquí una anotación referida al trabajo de la Guardia Civil en la investigación de estas organizaciones neonazis en España. Antes de finalizar la operación Pánzer en septiembre de 2005, la Unidad de Policía Judicial de la GC desarticuló la banda Hammerskin, en la llamada operación Espada, el 3 de marzo de 2004 y también a la banda Blood & Honour, en la operación Puñal de mayo de 2005. Para ello se realizaron intervenciones telefónicas autorizadas y 30 peligrosos neonazis fueron condenados con sentencias firmes del Tribunal Supremo desde 2011 en ambos casos.

En esencia, la Guardia Civil llevó a cabo su trabajo siguiendo el mandato internacional, la Resolución 1344, de 29 de septiembre de 2003, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre «La amenaza a la democracia por parte de partidos y movimientos extremistas en Europa». Detrás de esta resolución aún vigente está la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Oficina de Derechos Humanos de la OSCE y la Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, “que advertía del peligro del crecimiento de los delitos de odio alentados a través de internet mediante páginas webs neonazis”.

Entre las medidas propuestas desde estas instituciones europeas están “el cierre de webs y la aplicación de la legislación penal prevista para quienes por internet, inciten al odio, a la discriminación o la violencia xenófoba, racial, neonazi o a cualquier otra manifestación de intolerancia criminal”.

Por lo tanto cabría suponer que cuando la Guardia Civil, a través del Servicio de Información, vigilaba e investigaba las páginas webs neonazis (ver el informe de la Guardia Civil) que incitan al odio y a la violencia o cualquier otra actividad delictiva, como lo es vender armas prohibidas o ilegales, estaba cumpliendo con su trabajo, siguiendo órdenes de sus mandos, entonces bajo el Gobierno del PP de José María Aznar y siendo ministro del Interior Ángel Acebes, nada sospechosos ambos de estar vinculados a ideologías de izquierda radical.

La Sala justifica su actuación en que la venta de armas prohibidas en red es habitual. Por otra parte la sala insiste en no encontrar argumentos suficientes para que la Guardia Civil pida y el juzgado de Carlet conceda la autorización para las escuchas telefónicas. Estima que “son muchas las páginas webs que venden armas prohibidas, que en internet se ofrezcan puños americanos, porras, porras eléctricas, navajas automáticas, navajas de mariposa, espray de defensa personal y grilletes, es algo sabido. No se puede afirmar la existencia de delito en lo que es practica o realidad absoluta en la red“.

La Sala subraya en que tampoco es relevante que confidentes hayan señalado a Joaquín Saludes como el propietario de la web desde donde se vendían esas armas prohibidas denominada www.lacensura.com “que es de tintes pronazis” y que los informadores aseguraran que el conocido ultra “estaría distribuyendo las armas de fuego en el mercado ilícito y dentro de ambientes neonazis, especialmente bolígrafos pistola. Y que para ello ha organizado una cadena de distribución en la que contaría con José Alejandro Serrador Ferrer (concejal de España 2000 en Silla) y Sergio Beneito Molla”. Para la Audiencia de Valencia, es insuficiente tratar de asentar en confidencias una decisión judicial del calado de la pretendida, pues lo contrario sería conceder el valor de dogma a la afirmación policial.

Para la Acción Popular Contra la Impunidad es notoria la jurisprudencia en sentido contrario a la empleada por la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia para anular las escuchas, como ya hiciera la misma sala y ponente absolviendo en 2005 a 18 miembros de la banda neonazi Hermandad Nacional Socialista Armagedón.

Entre las acusaciones de la Fiscalía a la Hermandad Nacional Socialista Armagedón, a la que definía como un grupo clandestino de ideología nacionalsocialista, se encontraban las de asociación ilícita, tenencia de armas sin licencia y el incendio de sedes del Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida.

En aquella ocasión, el tribunal también declaró ilícitas las pruebas incriminatorias: “La intervención telefónica y registro, como la instrucción, como viene siendo usual en procedimientos que dimanan del juzgado de procedencia, no son ejemplos a seguir”. El magistrado señaló que todo lo que se trajo a la sala era una simple sospecha policial elevada a la categoría de de acusación.

La Acción Popular Contra la Impunidad recuerda que, Roberto Luengo, líder de la banda nazi Blood & Honour, fue condenado en la Audiencia de Madrid por asociación ilícita a dos años de prisión y a uno más por tenencia de armas prohibidas. A Luengo le encontraron en su poder dos porras o defensas extensibles, una navaja automática y cuatro dagas pequeñas. Es decir, las mismas armas que tenía a la venta la web detectada por la Guardia Civil en la operación Panzer. Su sentencia fue apelada y el Tribunal Supremo la ratificó al completo en febrero de 2011.

El ponente de la sentencia del TS fue el magistrado valenciano Francisco Monterde, de la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal, la misma sala a la que le corresponderá resolver en casación la sentencia absolutoria de esta banda neonazi llamada FAS que, casi con toda probabilidad, será recurrida por la acusación popular y muy probablemente por la Fiscalía.

Pero este juicio, cargado de irregularidades, no podía acabar bien. Las piezas de convicción se volatilizaron, el armamento ocupado a los miembros de la banda fue destruido antes de la vista oral donde iba a ser exhibido; las cintas de las grabaciones telefónicas desaparecieron del juzgado; dos de los acusados optaron por no acudir a la sala sin que la Policía diera con ellos a pesar de estar visibles en Facebook; y uno de los militares acusados que ya estuvo acusado en Armagedón se hizo pasar por loco engañando a un hospital psiquiátrico. Y para rematarlo todo, las grabaciones de las sesiones del juicio han desaparecido. Los funcionarios de la Sección Cuarta no tienen ni idea de qué ha pasado con las grabaciones, que son fundamentales para estudiar y presentar el correspondiente recurso. De momento hay dos escritos presentados pidiendo explicaciones y aplazamientos, pero sin respuesta.

La acusación popular asegura que van a hacer de la operación Panzer su “casus belli” contra la impunidad y que los representantes en las instituciones nacionales, autonómicas y europeas de las organizaciones adscritas a la plataforma Acción Popular Contra La Impunidad no “van a dar ni un paso atrás ni para tomar impulso”.

IMPUNITAT: ABSOLTS ELS NAZIS DE L’OPERACIÓ PANZER AL DECLARAR-SE NUL·LES LES ESCOLTES

LA IMPUNITAT DEL NAZI-FEIXISME AL PAÍS VALENCIÀ QUEDA DEMOSTRADA UNA VEGADA MÉS. La justícia espanyola ha declarat nul·les les escoltes telefòniques que realitzà la Guàrdia Civil a uns nazis que venien armes per internet, i que permeteren descobrir una organització jerarquitzada els membres de la qual posseïen armes.

CONSULTA LA SENTÈNCIA INTEGRA ACÍ

El recurso contra la absolución de 18 neonazis denuncia múltiples “errores” judiciales

Según el escrito, la Audiencia de Valencia se ha equivocado en “la valoración de los Oficios Policiales solicitando las intervenciones telefónicas y sus prórrogas”, entre otras muchas cosas

JOAN CANTARERO Madrid 08/08/2014

La acusación popular del Caso Pánzer ha decidido no aguardar hasta septiembre para anunciar que pedirá la anulación de la sentencia que absuelve a la banda neonazi FAS. La Acción Popular Contra la Impunidad ha comunicado oficialmente a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que presentará recurso de casación contra la sentencia dictada por esta sala, que el pasado 29 de julio fallaba absolver a los 18 neonazis acusados en la Operación Pánzer, tras anular las escuchas telefónicas, origen de la mayoría de las pruebas incriminatorias.

Contra los acusados de pertenecer a esta banda neonazi denominada FAS (Frente Anti Sistema) y a cuyos miembros les fue ocupado en 2005 un gran arsenal de armas de todo tipo, pesaban peticiones de penas que en total rondaban los 50 años, por los presuntos delitos de tenencia, distribución y venta de armas, y otros por asociación ilícita relacionados con delincuencia común y con delitos de odio, racismo, etcétera. Entre los acusados se encuentran dos militares y el concejal de España 2000 en el Ayuntamiento de Silla (Valencia) Alejandro Serrador.

El recurso de casación, que reclamará a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la anulación de la sentencia absolutoria y la condena de los ultras acusados, se formalizará oportunamente en septiembre, si bien han transcendido algunos puntos clave del escrito. Entre los argumentos expuestos por los asesores legales de la Acción Popular Contra la Impunidad el documento se afirma que “han habido errores en la apreciación de las pruebas, basadas en documentos que obran en autos, que demuestren la equivocación del tribunal sin resultar contradichos por otros elementos probatorios”, que hacen especial mención a la “injustificada” anulación de las escuchas telefónicas.

Según el escrito, la Audiencia de Valencia se ha equivocado en “la valoración de los Oficios Policiales solicitando las intervenciones telefónicas y sus prorrogas; en la valoración de los Autos del Juzgado de Instrucción que dieron lugar a las intervenciones telefónicas; en la valoración de las páginas web del grupo neonazi Frente Anti Sistema en las que se anunciaba la venta de armas prohibidas; en la valoración de los giros postales que acreditan las ventas de diferentes materiales a través de las páginas web; en la valoración de las armas y sustancias anabolizantes encontradas durante los registros de las viviendas de los diferentes miembros del grupo neonazi Frente Anti Sistema; en la valoración de los documentos y contenidos de las web del Frente Anti Sistema y en la valoración de las grabaciones de las llamadas intervenidas a los neonazis”.

Igualmente la acusación popular denuncia en su escrito de anuncio de casación que “no se permitió declarar a un comprador de armas de la web neonazi” y que tampoco “la Sala permitió el interrogatorio a 17 testigos propuestos por la acusación”, entre los que se encontraba el líder de Alianza Nacional, Pedro Pablo Peña, ya que la organización FAS está considerada como la estructura génesis de la que nació el partido ultra que Peña preside. Igualmente se señala en el escrito de casación que la sala no permitió al letrado de la acusación exponer en la sala de viva voz las preguntas a los acusados, aunque estos anunciaran al Tribunal que no iban a contestar, como fue el caso del acusado Pedro Cuevas, condenado por el asesinato del joven antifascista Guillem Agulló  en 1993, y que también militaba en Alianza Nacional.

Absuelto el grupo neonazi por la nulidad de las escuchas

El juez estima la petición de las defensas y absuelve a los 18 acusados, entre los que se encontraba el asesino confeso de Guillem Agulló

29.07.2014 | Levante-EMV – I. CABANES/AGENCIAS | VALENCIA

La Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a los 18 integrantes del grupo neonazi Frente Anti Sistema al considerar que las escuchas telefónicas a las que fueron sometidos son nulas, tal y como solicitaron las defensas, y argumentar que no existe “ningún indicio objetivo de comisión de delito que permita vulnerar el secreto de las comunicaciones”.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la sección cuarta de la Audiencia Provincial entiende que la información que se facilitó a la instructora para acordar dichas intervenciones es “inexistente a efectos penales”, y “objetivamente carente de cualquier indicio razonable”.

Esa información, añade el tribunal, nacía de la existencia de dos páginas web que vendían armas prohibidas, no ilegales, “es decir, armas cuya tenencia no está inicialmente penada”.

La investigación, señala, se inicia por una actividad “no tipificada como delictiva con fines puramente prospectivos quebrando así cualquier proporcionalidad exigible por la ley”.

La identificación de las personas responsables de la gestión dichas páginas web no se hizo recurriendo a los medios técnicos de que se disponían (como la identificación de una dirección IP), sino a través de informaciones referidas por confidentes.

Es dicha información, asevera el tribunal, “insuficiente” según la jurisprudencia para vulnerar un derecho fundamental como el secreto de las comunicaciones (para lo que el Tribunal Supremo es claramente exigente en la existencia objetiva de indicios), con la que se sustenta la autorización a través del primer auto de intervenir varios teléfonos.

Por tanto, la sala “ha tenido que declarar nulo el auto que permitió dichas conversaciones” y, en consecuencia, el resultado de acciones derivadas de esas intervenciones.

Anuladas las intervenciones telefónicas y, en lo que sería la aplicación de la “Teoría del Árbol envenenado”, el resultado de las diligencias practicadas como consecuencia de esas intervenciones, el tribunal “no tiene elementos para condenar por los hechos por los que fueron juzgados en vista pública”.

El juicio de la denominada Operación Pánzer, que el pasado 17 de julio quedó visto para sentencia, se celebró en cuatro sesiones con la presencia de dieciséis de los dieciocho imputados, entre los que se encontraba un concejal de España 2000 de Silla, dos militares y el asesino confeso de Guillem Agulló.

El Ministerio Fiscal reclama penas que suman más de 42 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, tenencia de armas prohibidas y tenencia de armas de fuego.

Los colectivos Movimiento contra la Intolerancia y Acció Cultural del País Valencià, así como los partidos Esquerra Unida y Esquerra Republicana han ejercido la acusación popular.

Según informa el TSJCV la sentencia de la Audiencia Provincial está previsto que sea comunicada este miércoles.

Absolt el grup nazi de l’assassí de Guillem Agulló

L’Audiència Provincial de València ha absolt (sentència) els divuit integrants del grup neonazi Frente Antisistema perquè considera nul·les les escoltes telefòniques enregistrades als seus integrants. Fa dues setmanes que es va fer el judici de l’anomenada operació Panzer, enmig de tensió amenaces, provocacions i insults. Entre els acusats, hi havia l’assassí confés de Guillem Agulló i un regidor d’España 2000 al municipi de Silla

Segons fonts judicials, el tribunal entén que la informació facilitada per la guàrdia civil a la jutgessa instructora del cas per autoritzar les intervencions telefòniques no es basava en cap indici de delicte, ja que les dues pàgines web inicialment investigades venien armes prohibides, però no il·legals, de manera que la seva tinença no és inicialment penada.

Així, considera que s’ha trencat la proporcionalitat i vulnerat un dret fonamental, el secret de les comunicacions, en intervenir converses basant-se en una activitat no delictiva. Com que no hi havia altres indicis o proves complementàries (ja que la guàrdia civil va destruir les armes) que portessin a investigar els acusats, s’aplica la doctrina de l’arbre enverinat, que anul·la totes les proves que derivin d’una prova anul·lada.

El tribunal considera que la identificació dels responsables de la web no es va fer amb els mitjans tècnics habituals, com la identificació d’una adreça IP, sinó a través d’informacions de confidents. Aquestes informacions, segons la jurisprudència, són insuficients per a vulnerar un dret fonamental i el Suprem exigeix que hi hagi indicis objectius de delicte per a fer-ho.

Acusació popular: ‘Açò no anul·la la realitat’

L’acusació popular encara no ha rebut la sentència, i retreu el pcomportament anormal del tribunal, que l’ha filtrada sense que una de les parts en tinguera coneixement. En funció de l’argumentació legal de la sentència, l’acusació valorarà la possibilitat de presentar un recurs.

‘L’eliminació de les escoltes pot significar l’anul·lació d’una prova però no de la realitat. I la realitat és que està comprovat que existia un grup nazi organitzat, amb una ideologia i una actitud violentes, i que posseïa armes prohibides –diu Toni Gisbert, portaveu de l’acusació popular. I la pregunta que fem en veu alta és: considera el tribunal que no és delicte la possessió d’armes prohibides, ni l’organització d’un grup nazi, ni l’existència d’un grup d’ideologia i actitud violentes? Quin missatge dóna el tribunal a la societat?’.

A més, Gisbert posa damunt la taula el context europeu, ‘en què hi ha una alarma social creixent respecte l’emergència del feixisme i el populisme’. ‘Han sorgit moltes veus socials amb un missatge de preocupació. I mentrestant, la possessió d’armes i la creació de grups feixistes no són delicte a l’estat espanyol.’

La sala, de la secció 4 de l’Audiència de València, ja té un precedent en el mateix sentit, recorda l’acusació popular: l’any 2005 va absoldre el grup nazi Armagedon.

Judici

El judici s’ha fet aquest mes en quatre sessions. La guàrdia civil hi ha explicat que el grup tenia una estructura jerarquitzada i lliurava armes als seus membres a la seu social que tenia a València.

Durant la investigació es van fer escoltes telefòniques, de les quals la guàrdia civil va concloure el funcionament jeràrquic del grup: els dirigents donaven ordres, i si no es complien es discutia sobre el fet amb els caps i també es parlava de possibles càstigs.

Al local social del grup a València es captaven nous membres, i a través de la web es podien adquirir porres extensibles i punys americans, segons un testimoni dels agents. L’agent responsable de la investigació va dir al judici que la guàrdia civil intentava evitar les agressions que el grup planejava i de les quals tenien coneixement per les escoltes. I van decidir decomissar les armes per por de possibles agressions.

La guàrdia civil havia destruït la principal prova

Tanmateix, pocs dies abans de començar el judici, es va saber que la guàrdia civil havia destruït les armes de guerra, que eren una de les proves més importants del cas. Es va descobrir quan el fiscal va demanar que s’exhibís el material per al judici.

“¡Vamos a cazar a moros y guarros!”

Un jefe neonazi ha dirigido un centro de menores subvencionado por la Generalitat Valenciana

El ultra se enfrenta a tres años de prisión por tenencia ilícita de armas

Madrid 20 JUL 2014

Pedro Costa, Lofer, encargó el 30 de junio de 2005 cuatro cajas de munición del calibre 22 a un camarada de su banda neonazi Frente Antisistema (FAS), según la Guardia Civil.

Nueve años después, Lofer se sentaba esta semana en el banquillo de la Audiencia de Valencia junto a otros 17 militantes de FAS. Se le considera el contable y miembro de la cúpula de la organización ultra, la denominada Junta de Mandos.

El neonazi, de 34 años, ha dirigido hasta hace una semana un centro privado en Valencia que atiende a seis jóvenes de entre nueve y 17 años en riesgo de exclusión. Los menores están tutelados por la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. La institución sin ánimo de lucro tiene siete trabajadores y el pasado año se benefició de una subvención conjunta de 19 millones de euros que la administración de Alberto Fabra otorgó a una veintena de entidades. Lofer aterrizó en la asociación en 2008, cuando ya llevaba tres años imputado en el caso Panzer que investigó las entrañas de FAS.

La gerencia del centro descubrió el pasado ultra de su director tras ver su foto en un semanario en febrero de 2013 pero no le despidió por “carecer de fondos”, según una fuente. El organismo encadenaba entonces cuatro meses de impagos de la Generalitat (ahora lleva tres). Y Lofer se ganó el favor de sus jefes tras erigirse en portavoz ante la administración de la reclamación de la deuda. “En lo profesional se ha portado de forma excelente”, admite un compañero que también le define de “astuto y manipulador”.

La Generalitat Valenciana se desmarca de la contratación. “Velamos para que se preste el servicio. No gestionamos las relaciones laborales de los centros”, precisa una portavoz de la Consejería que dirige Asunción Sánchez, del PP.

La Fiscalía solicita para Lofer tres años de prisión por asociación ilícita y tenencia prohibida de armas. La Guardia Civil incautó en su casa de la calle Jesús de Valencia un bolígrafo pistola, una escopeta, una navaja con una esvástica en el puño y una defensa eléctrica Power 200. También, vídeos y propaganda del genocidio alemán.

Los neonazis valencianos se enfrentan a penas que suman 50 años de cárcel. El caso ha quedado visto para sentencia esta semana. FAS propagaba por la red su fervor al Tercer Reich, negaba el Holocausto y se financiaba con la venta de armas. Dos militares, un atleta paralímpico que compitió en Pekín en 2008, un concejal del partido ultra España 2000 y un escalador integraban parte del “ejército”. Su lema: La traición se paga con la muerte. Y su ideología fue definida por los investigadores tras analizar decenas de documentos como “próxima al terrorismo”. La Fiscalía y la acusación popular que ejerce una plataforma de ocho asociaciones pilotada por el Movimiento contra la Intolerancia han centrado su estrategia en los registros y en decenas de horas de pinchazos telefónicos.

—— Me llevo un pincho. Voy a hacer pupa (…). Hay que darles bien. Dejarlos mareados.

Pedro Cuevas, El Ventosa, presumía así en agosto de 2005 de participar en cacerías humanas. Sus presas eran “moros” y “guarros”. O, lo que es lo mismo: inmigrantes, antifascistas, gitanos y Latin Kings. Cuevas frecuentó los cenáculos ultras desde adolescente. Cumplió cuatro años de prisión por asesinar en 1993 al joven antifascista Guillem Agulló. En FAS se encargaba de distribuir las armas, según la Guardia Civil. En las conversaciones inéditas a las que ha tenido acceso EL PAÍS, el neonazi que hoy tiene 43 años se ofrecía como suministrador de un “hierro” (pistola o revolver). Sugería revender puños americanos a “chiquillos”. Y aparece vinculado en agosto de 2005 a una batida humana en Villena (Alicante) donde un “punkarro asqueroso” recibió un “palizón”. Otra transcripción le relaciona con un robo.

La génesis de uno de los grupúsculos neonazis más activos de España hay que buscarla en un local de la Avenida Tres Cruces de Valencia. El Centro Thule se financió entre 2003 y 2005 con cuotas de 40 euros, acogió conferencias sobre armas de fuego y conciertos de música RAC (rock anticomunista). FAS sentía devoción por el grupo Batallón de Castigo. Su vocalista es el asesino confeso de un joven Eduardo Clavero.

Los neonazis valencianos eran jerárquicos aunque manejaban el Manual del resistente sin líder. Un documento que aconsejaba actuar como lobos solitarios y la creación de células como Al Qaeda.

La cúpula estaba pilotada por el curtidor de pieles de 44 años Juan Manuel Soria. Excandidato por Valencia de la neofascista Alianza Nacional (AN), Soria se encuentra en busca y captura por Interpol. No se ha presentado al juicio de Valencia. Su cuenta de Facebook se actualiza a diario desde Tánger, donde se presenta como asesor en comercio exterior. “Nos dijo hace un año que vivía tranquilo en Marruecos”, confiesa un conocido ultra valenciano, que sitúa a su camarada en el neoconservadurismo católico. Otro acusado ausente en el juicio ha sido Facundo Esteban, Escorpión, de 37 años. Un hombre de idéntico nombre, apellidos y edad se ofrece como contratista militar en Buenos Aires. Y asegura trabajar en la agencia de seguridad privada Tech Security SRL. “No puedo confirmar ni desmentirlo”, zanja un portavoz de esta firma bonaerense apelando a la protección de datos.

FAS está considerado el tercer grupo neonazi más activo tras Hammerskin y Blood and Honour. “Fue la organización autónoma más importante de España”, explica el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. El abogado de su grupo fue escoltado esta semana por la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Un seguidor de los acusados le llamó “hijo de puta” y “judío”.

La conexion con AN y España 2000

“Se confirma la vinculación entre FAS y Alianza para la Unidad Nacional (AUN)”. La Guardia Civil conecta a los neonazis del caso Panzer con el partido refundado bajo la marca Alianza Nacional (AN) por el abogado Pedro Pablo Peña. El instituto armado concluye esta tesis tras analizar una conversación entre Peña, admirador confeso de Adolf Hitler, y dos de los acusados de pertenecer a la banda neonazi de Valencia. “Lo primero que ves en el local es un cartel que pone AN. (…) La gente sabe que es lo mismo”, recoge este pinchazo telefónico inédido grabado en julio de 2005. La investigación del caso Panzer apunta a una “línea estratégica común” entre ambas formaciones neofascistas. Inauguraciones, pegada de carteles, manifestaciones. Pero no es la única relación. El alquiler del cuartel general de FAS figuraba a nombre del candidato al Congreso por Valencia en 2008 de AN, Juan Manuel Soria.

El local de la Avenida Tres Cruces de Valencia acogió conferencias del antiguo miembro del Ku Klux Klan David Duke y del librero nazi condenado por un delito de difusión de ideas genocidas Pedro Varela. En 2009 el bajo se convirtió en sede del partido Movimiento Social Republicano (MSR). Una formación admiradora del oficial belga de las Waffen SS León Degrelle.

Los téntáculos de FAS también alcanzaban a los ultras de España 2000 (cinco concejales). Su edil en Silla (Valencia, 19.213 habitantes) Alejandro Serrador, El Silla, es el único de los 18 acusados que esta semana no ocultaba su cara a la prensa. En el banquillo le acompañaba Sandra Rentero, que encabezó la lista al Congreso por Guadalajara en 2008 de esta formación que dice tener conexiones con el Frente Nacional de Marine Le Pen.

El caso de ‘Lofer’ es una muestra más de la permisividad del PP en Valencia con la extrema derecha
ELPLURAL.COM | 20/07/2014

El neonazi Pedro Costa, conocido como Lofer, ha dirigido un centro de menores subvencionado por la Generalitat Valenciana de Alberto Fabra que atiende a jóvenes de entre nueve y 17 años en riesgo de exclusión, según destapa este domingo El País. Los menores están tutelados por la Consejería de Bienestar Social. El caso de Lofer es una muestra más de la permisividad de los Gobiernos del PP en esa comunidad con la extrema derecha.

La Generalitat se desmarca de la contratación de Lofer
El centro tiene siete trabajadores y el pasado año se benefició de una subvención conjunta de 19 millones de euros de la Administración, pero el Gobierno de Fabra se niega a admitir responsabilidad en la contratación del neonazi, alegando que
“vela para que se preste el servicio”, pero “no gestionamos las relaciones laborales de los centros”, según declaró a El País una portavoz de la Consejería de Bienestar Social que dirige Asunción Sánchez.

El neonazi podría enfrentar una pena de cárcel
El neonazi Pedro Costa podría enfrentar una condena de tres años de prisión por asociación ilícita y tenencia prohibida de armas. La Guardia Civil le incautó un bolígrafo pistola, una escopeta, una navaja con una esvástica en el puño y una defensa eléctrica Power 200, además de vídeos y propaganda fascista.

La gerencia del centro le mantuvo en el puesto
Según la información en poder de la Guardia Civil, Pedro Costa encargó en junio de 2005 cuatro cajas de munición del calibre 22. Se le considera el contable y miembro de la cúpula de la organización ultra, denominada Junta de Mandos.

La gerencia del centro de menores subvencionado detectó la pertenencia de Pedro Costa a FAS en febrero de 2013, pero justifica que le mantuviera en el puesto por “carecer de fondos” para hacer frente al despido.

Conexión con España2000 y otros ultraderechistas
La Guardia Civil da por probada la vinculación de FAS con otras formaciones ultraderechistas como Alianza para la Unidad Nacional (AUN) y España 2000.

La permisividad de los gobiernos del PP con la extrema derecha
El caso del neonazi Lofer no es una excepción en una comunidad autónoma regida por Gobiernos populares que han sido permisivos con la extrema derecha. En diciembre de 2012, la BBC emitió un reportaje sobre el auge de la ultraderecha en España en el que se hablaba de Valencia y se denunciaba la existencia de gobernantes “que no han rechazado los valores por los que muchos demócratas perdieron la vida”.

El reportaje recogía la historia de un miembro de España 2000, el boxeador “Tsunami” Martínez, que entrena a chicos y se autodefinía como “nacional socialista”.

Los contratos de Zaplana al fundador de España 2000
En 2006, ELPLURAL.COM contó cómo el Gobierno de Zaplana adjudicó contratos millonarios al fundador de España 2000, José Luis Roberto Navarro. Este individuo recibió adjudicaciones, entre 1999 y 2004, por un valor de casi seis millones de euros por sus servicios de seguridad.

 

 

El abogado de la acusación a los neonazis sale escoltado del juicio tras amenazas ultra

Un guardia civil tuvo que acompañar al letrado hasta su coche Denuncia en el juzgado que un conocido de los acusados le dijo: «Te vamos a reventar la cabeza»

17.07.2014 | Paco Cerdà – Levante-EMV

El abogado de la acusación popular en el juicio contra 18 supuestos neonazis del colectivo ultra Frente Anti Sistema (FAS) tuvo que ser escoltado ayer hasta su vehículo por un agente de la Guardia Civil al acabar la tercera sesión del juicio en la Ciutat de la Justícia de Valencia. El requerimiento al agente de la benemérita se produjo, según manifestó el abogado, porque recibió graves amenazas de parte de un miembro del entorno de los procesados justo antes de abandonar la Ciutat de la Justícia en torno a las dos del mediodía. «Vamos a acabar contigo. Te vamos a reventar la cabeza, hijo de puta», le espetó una persona no identificada vinculada a los ultra sentados en el banquillo, según la versión del letrado. La primera vez se lo dijo nada más abandonar la sala. La segunda, siempre de acuerdo con la versión del letrado, cuando iba a cruzar la entrada de la Ciutat de la Justícia.
En ese momento, el letrado que apenas lleva dos semanas al frente de la acusación por la renuncia del anterior equipo de abogados volvió sobre sus pasos y acudió a un agente de la Guardia Civil presente en el control de acceso a los juzgados. A su lado salió del edificio y escoltado llegó hasta su vehículo. Hoy, según fuentes de la acusación popular, el letrado interpondrá una denuncia ante el juzgado de guardia por estos hechos.
Esta anómala situación de tensión se produjo el mismo día en que representantes de los colectivos de la acusación popular que ejerce Movimiento contra la Intolerancia, Esquerra Unida, Esquerra Republicana del País Valencià y Acció Cultural del País Valencià se reunieron con responsables de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana para plantear la «situación de inseguridad y amenazas» que, en su opinión, está rodeando este juicio al grupo ultra, desarticulado en 2005 por la Guardia Civil en la Operación Panzer con la incautación de una gran cantidad de armas en sus domicilios particulares, algunas prohibidas y otras sin licencia de sus propietarios. La Delegación de Gobierno se comprometió a reforzar la seguridad para la sesión de hoy, en la que está previsto que se expongan las conclusiones de todas las partes y finalice la fase del juicio oral en la Audiencia Provincial de Valencia.
Fuentes de la acusación popular que también por seguridad solicitan el anonimato denunciaron ayer que, a lo largo del juicio, su letrado ha sufrido «miradas amenazantes y un gesto intimidatorio de golpearle con el codo». «No se puede ir a las conclusiones del juicio amedrentado ni bajo el impacto de las amenazas », afirman.
En la sesión de ayer, sin gran trascendencia, declararon varios de los guardias civiles que participaron en la Operación Panzer. Uno de los agentes declaró que el Frente Antisistema disponía de estructura jerarquizada y entregaba armas a sus integrantes en su sede.

Símbolos nazis, esvásticas y munición en la vivienda del asesino confeso de Guillem Agulló

  • Dos agentes de la Guardia Civil ratifican lo que encontraron en el registro

  • El tribunal cita a declarar al acusado interno en un psiquiátrico porque está capacitado

EUROPA PRESS Valencia 16/07/2014 -El Mundo

Dos agentes de la Guardia Civil han ratificado en el juicio por la conocida Operación Panzer, que se celebra desde el lunes en la Audiencia de Valencia, que halló símbolos nazis, banderas, esvásticas y munición en la vivienda del asesino confeso del joven de Burjassot Guillem Agulló en abril de 1993.

Así se han pronunciado estos agentes en la tercera sesión del juicio, que se ha dedicado fundamentalmente a testificales y a la prueba documental, en una causa en la que hay 18 acusados –15 de ellos sentados en el banquillo, puesto que respecto a los otros tres, uno está en busca y captura, otro declarado en rebeldía, y uno más internado en un psiquiátrico–. El proceso se sigue por presunta asociación ilícita, tenencia ilícita de armas prohibidas y tenencia de armas de fuego reglamentadas.

En concreto, han testificado este miércoles, o bien por videoconferencia o bien tras un parabán, agentes que participaron en la transcripción de las intervenciones telefónicas o en las entradas y registros a los domicilios de los procesados, miembros de la organización neonazi Frente Antisistema (FAS).

Dos de los agentes que participaron en el registro de la vivienda del asesino confeso de Guillem Agulló han ratificado ante el juez que encontraron símbolos nazis, banderas, esvásticas, parafernalia nazi y municiones.

Estos dos guardias civiles se han ratificado así en las actas de registro que levantaron en su día, y han explicado que recibían órdenes de un agente de Madrid que intervino en las investigaciones. Ambos han coincidido también en que en el momento de la detención de este procesado, no se encontraba solo en su casa, ya que estaban, según recordaban, el padre y el hermano y no saben si la novia de este último.

Así mismo, a estos dos agentes se les ha preguntado –por parte de la letrada del asesino confeso de Agulló– por qué se llevaron unas puertas de madera y un horno, a lo que el primer guardia civil ha respondido que no lo recuerda, y el segundo ha comentado que algo le suena, pero no ha podido concretar nada más.

Además, durante la vista han declarado más agentes que participaron en otros registros de viviendas de los procesados, y la mayoría ha reproducido que encontraron armas blancas, banderas, esválticas, puños americanos, cruces, plantillas para hacer graffitis, libros, etc.

Por su parte, los agentes que se encargaron de las intervenciones telefónicas han señalado que de las conversaciones se percataron de que era una banda organizada, jerarquizada, y que a través de su página web se desprendía que vendían armas y otros objetos de simbología nazi. “Era un grupo, una organización con unos fines o actividades penales”, ha descrito uno de los testigos.

Interno en un psiquiátrico

Así mismo, durante la sesión de este miércoles, el tribunal ha solicitado que acudiese a prestar declaración uno de los acusados que está interno en un centro psiquiátrico y que, como consecuencia, su abogado alegó que no podía asistir al juicio, con lo que no ha estado presente en las sesiones del lunes y martes.

El tribunal, tras recibir un informe en el que se indica que este acusado está capacitado para declarar, ha solicitado a su abogado que le llamara para que viniera a la Audiencia, algo que ha realizado voluntariamente. Una vez allí, al igual que la mayoría de acusados, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Un Guardia Civil asegura que FAS era una organización jerárquica que daba armas a sus miembros

Las escuchas telefónicas revelaban que los mandos determinaban el cumplimiento de las órdenes, y si se incumplían se discutía el hecho entre los jefes y posibles castigos

16.07.2014 EFE/levante-emv.com

Uno de los guardias civiles que intervino en la denominada operación Panzer ha asegurado hoy que la supuesta organización neonazi Frente Antisistema (FAS) disponía de estructura jerarquizada y entregaba armas a sus integrantes en su sede social de Valencia.

Este agente, que ha declarado por videoconferencia en la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia provincial de Valencia contra 18 supuestos neonazis, ha manifestado que el FAS tenía una marcada organización jerárquica, con junta de mandos.

Según se desprendió de las escuchas telefónicas que se realizaron durante la investigación, ha manifestado, los mandos determinaban el cumplimiento de las órdenes, y si se incumplían se discutía el hecho entre los jefes, así como la posibilidad de posibles castigos.

El mismo testigo ha asegurado, a preguntas del fiscal, que en el local social de la organización se realizaba la captación de nuevos miembros, y que a través de su página web se podían adquirir armas, como porras extensibles y puños americanos, aunque no ha podido confirmar si se llegó a realizar alguna venta.

El agente ha asegurado también que en las escuchas telefónicas “en ningún momento se habló de matar a nadie”.

Varios de los guardias civiles que participaron en la operación y que han declarado a lo largo de la mañana, han coincidido en señalar que la organización FAS estaba “muy jerarquizada” y que concluyeron, en el transcurso de la investigación, que se dedicaba a “actividades ilícitas”.

Los agentes han ratificado asimismo que en los registros realizados a varios de los acusados se incautó material relacionado con movimientos fascistas y neonazis, como banderas, camisetas, esvásticas, que recogieron siguiendo las directrices de los responsables de la investigación, procedentes de Madrid.

Entre el material requisado constan también armas, como dos dagas intervenidas al asesino confeso de Guillem Agulló, tres pistolas bolígrafos, una caja de cartuchos, un adaptador para lanzar bengalas, un puño americano o propaganda de España 2000 incautada a otro de los acusados.

Hoy se ha celebrado la tercera sesión del juicio, en el que han declarado más de una decena de guardias civiles, varios de ellos por videoconferencia, que participaron en la investigación, escuchas y registros de viviendas particulares de los acusados y de la sede local de la organización.

El juicio se ha iniciado con la presencia de quince de los 18 procesados entre los que se encuentra el concejal de España 2000 de Silla (Valencia), dos militares y el asesino confeso de Guillem Agulló, mientras que dos se encuentran en rebeldía.

El juez ha requerido la presencia del acusado que no había acudido a las dos primeras sesiones por encontrarse internado en un centro psiquiátrico, ya que el tribunal ha recibido hoy el informe médico que concluye que esta capacitado para declarar ante el juzgado.

Tras un receso de una media hora, el juicio se ha reanudado con la presencia de este último acusado, que se ha negado a responder a la acusación popular que ejerce Movimiento contra la Intolerancia, Esquerra Unida, Esquerra Republicana y Acción Cultural del País Valencià y las del Fiscal, al igual que el resto de procesados.

También ha declarado como testigo de la defensa el hermano de uno de los acusados, que se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas del fiscal y la acusación popular por su vínculo familiar y para “no perjudicarle”.

La Audiencia valida el registro de casas a los neonazis y evita anular el proceso

El presidente de la sala amenazó con enviar a la policía a por un acusado que esgrimía «reposo»

16.07.2014 p. cerdà – Levante-EMV

El tribunal que juzga la denominada Operación Panzer contra 18 supuestos neonazis del colectivo ultra Frente Anti Sistema (FAS) consideró ayer, en la segunda sesión del juicio iniciado el lunes en Valencia, que son legales y válidos los registros domiciliarios realizados en 2005 a los procesados y en los que la Guardia Civil se incautó de una gran cantidad de armas de fuego y armas blancas. Entre las armas, destruidas en junio en una decisión criticada por la acusación popular, figuraban un lanzagranadas C-90 inutilizado, pistolas, revólveres, escopetas repetidoras y de culata recortada, bolígrafos pistola, una carabina, una ballesta, munición de diverso calibre, machetes, navajas, catanas, hachas y puños americanos.

Con esta decisión anunciada nada más arrancar la sesión, el tribunal evita la nulidad del proceso que habían solicitado los acusados entre los que figura el asesino confeso del joven de Burjassot Guillem Agulló en 1993 y un concejal de España 2000 en Silla por no estar presentes sus abogados en el momento de los registros. Asimismo, la validación de los registros tumba la principal esperanza de los procesados por librarse de los delitos que se les imputa de tenencia de armas prohibidas y de posesión de armas de fuego sin licencia para su uso, con numero de serie borrado o introducidas ilegalmente en España. También se le acusa del delito de asociación ilícita para promover la discriminación, el odio o la violencia contra minorías.

Respecto a la decisión de validar las entradas y los registros, el presidente del tribunal reconoció que existía «base de fundamento jurisprudencial» para la petición de los acusados, pero añadió que sólo es imprescindible la asistencia de defensa letrada en los interrogatorios y en las ruedas de reconocimiento, no así en los registros domiciliarios.

Sin respuesta a fiscal y acusación
El juicio, iniciado con casi 70 minutos de retraso por la incomparecencia de un acusado que finalmente se presentó en la sala, se desarrolló con un esquema fácil de resumir: todos los acusados se acogieron a su derecho de no responder a las preguntas del Ministerio Fiscal y del abogado de la acusación popular, ejercida por el Movimiento contra la Intolerancia, Esquerra Unida, Esquerra Republicana del País Valencià y Acció Cultural del País Valencià. Las preguntas pivotaron acerca de la pertenencia o no de los acusados al Frente Antisistema, sobre su participación en actividades de dicho colectivo y del pago de cuotas a esa organización. También se les interrogó sobre sus palabras en las conversaciones telefónicas intervenidas. Por ejemplo, a Pedro Cuevas, asesino del joven antifascista Guillem Agulló que pasó cuatro años en prisión por aquel crimen, el fiscal le preguntó si en una de esas llamadas manifestó que iba «a pegar a guarros y cazar moros». A otro acusado, José Antonio A. O. se le inquirió si había dicho que iba «a cazar moros, punkarras y maricones».

El presidente del tribunal intentó en todo momento acortar las preguntas de la acusación popular, que se negó a entregarlas únicamente por escrito y exhibió su disconformidad con la actitud del juez. En las escasas intervenciones de los acusados siempre a preguntas de la defensa destacó la del quinto acusado, Joaquín S. P., quien manifestó con rotundidad: «Juro por mi mujer y por mi hijo que no he pertenecido a la organización Frente Anti Sistema». El acusado denunció el «acoso de la prensa» sufrido en estos nueve años, denunció haber sufrido «amenazas de muerte» y proclamó: «Nos están tratando como criminales». La acusación popular pedirá hoy elevar las penas para los acusados y que el juicio se alargue hasta el jueves.

Biberones, «selfies» y un intento de no acudir al juicio

El presidente de la sala amenazó con enviar a la policía a por un acusado que esgrimía «reposo»

16.07.2014 |p. cerdà | valencia ­
Aunque menos concurrida que el día anterior, la sesión de ayer por la Operación Panzer estuvo salpicada de notas extravagantes en un juicio. Nada más comenzar la sesión se echó en falta a dos acusados. Una estaba «intentando aparcar», dijo su abogado. El otro, señaló su letrado, «por motivos de salud debía guardar reposo». El juez, tras ver el parte médico, fue taxativo: «Que lo traigan rápidamente o llamo a la policía para que lo traigan. Guardar reposo lo puede guardar aquí». Se decretó un receso y el acusado, en silla de ruedas, llegó 50 minutos después.
Llamó la atención que una de las acusadas estuviera en el banquillo al lado del carrito con su hijo, al que dio el biberón al iniciarse la sesión. De hecho, ella se levantó para declarar con un peluche de Toy Story en la mano. Entretanto, tres conocidos de los acusados presentes en la sala aprovecharon una pausa para hacerse selfies (fotografías a uno mismo) con el móvil. En varias ocasiones procesados y público amigo rieron y se indignaron con las preguntas reiterativas del abogado de la acusación popular, al que un acusado espetó «por favor, cállate». El juez le reprendió la actitud.

Entre los guardias civiles que declararon ayer „con el rostro oculto„ uno afirmó que desencadenaron los registros por temor a posibles agresiones y admitió que no tuvieron constancia ni de denuncias ni de lesionados por acción de los acusados.

La Guardia Civil desarticuló la banda por temor a agresiones

15.07.2014 EP/LEVANTE-EMV.COM

Uno de los guardias civiles que fueron responsables de la investigación de la denominada Operación Panzer contra el colectivo neonazi Frente Antisistema (FAS), ha declarado hoy que las incautaciones (de armas y parafernalia) se decidieron por temor a posibles agresiones.

Este agente, testigo protegido en la segunda sesión del juicio que se celebra en Valencia contra 18 supuestos neonazis, ha explicado que la Guardia Civil intentaba evitar las agresiones que, de acuerdo con las escuchas telefónicas, planeaba este grupo, aunque ha reconocido que no tuvieron constancia ni de denuncias ni de parte alguno de lesiones.

La sesión, cuyo inicio estaba previsto para las 10, ha empezado con más de una hora de retraso debido a la ausencia de dos de los quince procesados que se sientan en el banquillo de los acusados, una mujer, que según su abogado no encontraba aparcamiento, y un hombre cuyo letrado ha presentado un informe médico que recomendaba un día de reposo a su defendido.

El presidente del tribunal ha ordenado que el acusado se presentase de forma voluntaria y ha advertido que de no hacerlo iría la policía a buscarle.

El juicio se celebra con la presencia de quince de los dieciocho procesados, entre los que se encuentra un concejal de España 2000 de Silla (Valencia), dos militares y el asesino confeso de Guillem Agulló, mientras que dos se encuentran en rebeldía y uno esta ingresado en un centro psiquiátrico.

El guardia civil que dirigió las investigaciones ha declarado que esta supuesta banda de neonazis organizó “cacerías” de “guarros o punkis” en Villena y que, para evitar agresiones, se “desplegó un equipo”.

Este agente ha explicado que varios de los imputados hicieron referencia en sus conversaciones telefónicas a una supuesta paliza a un “punki”, aunque ha reconocido que no se halló denuncia ni parte de lesiones, si bien hay constancia de que algunos de los procesados estuvieron en Villena y realizaron una pintada con simbología fascista.

“A posteriori teníamos conocimiento de agresiones” -ha explicado este testigo- que no se pudieron constatar, “pero el riesgo era inasumible y por eso se decide incautar”, ha añadido.

Este agente ha enumerado otras supuestas tentativas de delitos, como robos o estafas, que al parecer planeó este colectivo y ha explicado que disponían de una página web para la venta de libros sobre teorías negacionistas del holocausto y temas similares, pero la Guardia Civil no constató ninguna venta.

El tribunal ha considerado legales y válidos los registros domiciliarios realizados a los procesados, en los que se incautaron numerosas armas de fuego y armas blancas, como machetes, navajas, hachas y puños americanos, con los que, según la Guardia Civil, los procesados propinaban palizas a sus víctimas.

En contra de lo argumentado por las defensas, el tribunal no ha considerado que fuese necesario la presencia de defensa letrada en el momento de producirse los registros domiciliarios.

En la fase testifical ninguno de los quince procesados han respondido a las preguntas del Fiscal ni la acusación popular, y únicamente cinco han respondido a cuestiones breves planteadas por sus defensas en las que han negado relación alguna con FAS, haber pagado cuotas o participado en actividad alguna organizada por este colectivo.

A lo largo de la sesión se han producido cierta tensión dialéctica entre el presidente del tribunal y el abogado de la acusación popular -que ejerce Movimiento contra la Intolerancia, Esquerra Unida, Esquerra Republicana y Acció Cultural del País Valencià- por negarse éste a entregar las preguntas por escrito para dar agilidad a la sesión, ya que ningún acusado las ha respondido.

“No quiere colaborar, no hay más remedio que transigir, desde el principio el juicio se desarrolla por unos derroteros que no son los de la buena fe procesal”, ha lamentado el juez Pedro Castellano, que ha cortado los interrogatorios del abogado en varias ocasiones.

Un acusado de pertenecer al grupo neonazi FAS afirma que está en una ONG

La mayoría de procesados se acoge a su derecho a no declarar, y tan solo cuatro niegan pertenecer al grupo FAS o haber pagado cuotas

EP/LEVANTE-EMV.COM Uno de los 18 acusados de pertenecer a la organización neonazi Frente Antisistema (FAS) ha afirmado este martes, en el juicio que se sigue contra ellos en la Audiencia de Valencia, que no ha estado afiliado a este grupo y, de hecho, ha agregado que está en una ONG “en la que se atiende a todos tipo de personas”.

Así se ha pronunciado este procesado, a preguntas de su letrado, en el segundo día de juicio por la conocida como Operación Panzer, después de que ayer se dedicara la jornada a tratar diferentes cuestiones previas planteadas por las partes. Una de ellas, la relativa a la entrada y registros en viviendas, obligó al tribunal a suspender la vista hasta hoy para deliberar sobre si debían declararse nulas estas actuaciones.

Al comienzo de la sesión de hoy, el presidente del tribunal ha indicado al respecto, en base a diferentes jurisprudencia, que la presencia de letrados es obligatoria siempre que se tome declaración o para las ruedas de reconocimiento, pero no para efectuar registros domiciliarios, como es el caso. Así, ha dado validez a estos registros.

El juicio –que cuenta entre los acusados con dos militares, un concejal de la población valenciana de Silla por España 2000 y el asesino confeso del joven de Burjassot Guillem Agulló en abril de 1993– ha comenzado con una hora de retraso porque al inicio faltaba uno de los acusados –supuestamente uno de los integrantes de la Junta de Mandos de la organización– que está en silla de ruedas y suele portar mascarilla. Su abogado ha indicado al tribunal que el día anterior había ido al médico de la Agencia Valenciana de Salud (AVS) y que éste le había mandado reposo para toda la jornada, por lo que se había quedado en su vivienda.

Frente a ello, el presidente del tribunal le ha indicado que el acusado debía estar en la vista porque, de lo contrario, no se iba a poder celebrar el juicio, y ha señalado que el reposo lo podía guardar en la Sala. Así, le ha pedido que le llamara para que acudiese y, si no lo hacía, ha avisado de que le pediría a la Policía que fuera a recogerlo. Transcurridos unos 45 minutos se ha personado en el juzgado de forma voluntaria.

Seguidamente, ha comenzado la sesión con la declaración de los acusados –en la causa figuran un total de 18 procesados, pero de ellos, tan solo se sientan 15 en el banquillo puesto que uno de ellos está interno en un centro; otro de ellos está en busca y captura; y el tercero se ha declarado en rebeldía–.

La mayoría de los procesados se ha acogido a su derecho a no declarar a excepción de cuatro, quienes sí han querido responder a las preguntas formuladas por sus abogados. Estas cuatro personas han negado haber pertenecido o haber estado afiliado al grupo FAS, así como haber pagado algún tipo de cuota.

Así mismo, uno de ellos ha indicado al tribunal que pertenecía a una ONG que ayudaba “a todo tipo de personas”. Por su parte, otro procesado ha señalado: “Juro por mi mujer y mi hijo que no he pertenecido a ninguna organización de FAS ni vendido nada”. Así mismo, ha aseverado que “jamás” en su “vida” ha hecho contribuciones a esta organización, y ha agregado: “Si alguna vez he ganado dinero ha sido para mí y mi familia”.

“Por favor, cállate”
Preguntado por si conoce al resto de acusados, ha señalado que a algunos sí porque lleva 20 años “escalando” y le conocen de las montañas que escala. Cuando el acusado estaba dando esta respuesta, el abogado de la acusación popular ha ido a protestar, y el acusado le ha dicho: “por favor, cállate”, a lo que el presidente del tribunal le ha llamado la atención y le ha indicado que es él quien dice cuándo alguien se tiene que callar. Ante ello ha contestado que estaba “muy nervioso”.

Este procesado ha aprovechado también la vista para denunciar que durante los registros que efectuaron a su vivienda y a su empresa –dedicada a la rotulación de vehículos policiales, a vallas publicitarias o a la fabricación de lonas– se llevaron tres armas suyas, sobre las que tenía licencia, y “han desaparecido”: “No aparecen y no sé lo que va a pasar con ellas”, ha apostillado. Además, se ha quejado de que desde que se destapó este caso les tratan “como a animales” y que lleva nueve años “esperando esto”. “He perdido mis casas, lo he perdido todo”, ha subrayado.

Por su parte, su mujer, también procesada en esta causa, ha querido declarar a preguntas de su abogado y ha señalado que no ha estado afiliada a FAS, que no ha aportado nada ni vendido productos de esta organización, y ha lamentado que a raíz de los registros la empresa se “hundió” y tuvieron que vender la casa.

El cuarto procesado que ha querido hacer uso de su palabra en el juicio ha defendido que tampoco había pertenecido a ninguna organización FAS ni llevado ninguna actividad en la misma. También ha hablado un quinto acusado pero solo para decir que no se ratificaba en lo que había declarado ante la Policía y ante el juez de instrucción.

Tras los procesados ha llegado el turno de las testificales, que se han iniciado con las declaraciones de agentes de la Guardia Civil que participaron en la instrucción. Uno de ellos, secretario de las diligencias al mes de haberse judicializado el procedimiento y colaborador con el instructor, ha señalado que a lo largo de la investigación se vieron “una serie de actividades ilícitas” que les obligaron a “esclarecer los hechos”.

Por ello, solicitaron las intervenciones telefónicas que luego se fueron prorrogando. Con ellas descubrieron, por ejemplo, según ha explicado, que los acusados iban a hacer una “cacería” en Villena, con lo que se mandó a un equipo para evitarla. Sin embargo, finalmente desistieron porque al llegar no había nadie, tal y como describieron en alguna conversación. Así, hicieron una “pintada”, ha explicado el agente.

El guardia civil ha recordado también algunas de las armas que se incautaron, y ha dicho que alguna de ellas pertenecía a un robo que se perpetró en el año 2003. También localizaron, según ha recordado, propaganda antisemita y cree que también de admiración a Adolf Hitler. Además ha hecho referencia a unos libros que se distribuían a través de una de las webs de los acusados y que sirvieron a otro tribunal para condenar a otras personas.

La Audiencia pone en busca a uno de los líderes del grupo nazi al no presentarse en el juicio

Un segundo responsable de Frente Anti Sistema tampoco acude a la vista al estar ingresado en un psiquiátrico desde el viernes

15.07.2014 Ramón Ferrando – Levante-EMV

ramón ferrando | valencia El juicio contra el asesino de Guillem Agulló, Pedro Cuevas, y otros diecisiete acusados de pertenecer al grupo neonazi Frente Anti Sistema arrancó ayer en Valencia nueve años después de la desarticulación de la banda. La Audiencia de Valencia ha puesto en busca y captura a uno de los líderes del grupo, José Manuel S. M., al no presentarse en la sala. Un segundo responsable de la organización, Pedro David M. G., tampoco acudió ayer a la vista, pero su abogado justificó que está ingresado en un psiquiátrico desde el viernes. José Manuel S. y Pedro David M. estaban al frente de la Junta de Mandos del grupo con otros dos procesados.

Los cuatro presuntamente decidían de forma asamblearia todas las decisiones relativas a la estructura, funcionamiento y actividades del grupo, que se dedicaba a realizar proselitismo y adoctrinamiento de la ideología nacional socialista a través de una página web y de charlas en su sede social de Valencia. Según la Fiscalía, la banda se financiaba con la venta de armas y la acusación popular mantiene que es la organización neonazi más importante desarticulada en España. Los procesados defendían el uso de la violencia contra determinadas personas por razón de su origen social, orientación sexual o creencias religiosas. La banda justificó las medidas que adoptó el gobierno alemán contra el pueblo judío y negaba el Holocausto. Las defensas alegaron ayer que están siendo perseguidos por sus ideas y que es «un juicio político». Los imputados se enfrentan a penas que suman cincuenta años de cárcel. El caso está envuelto en una gran polémica por la destrucción de las armas intervenidas al grupo y que el fiscal quería utilizar como prueba.

El juicio arrancó ayer, aunque las partes se limitaron a debatir sobre cuestiones procesales. Los imputados deberán testificar a partir de esta mañana, aunque sus abogados ya han anunciado que se van a acoger a su derecho a no declarar.

España 2000
El fiscal acusa a 18 procesados, entre los que también está el concejal de España 2000 en Silla José Alejandro Serrador, que podría ser condenado a tres años y medio. El fiscal pide para el asesino de Guillem Agulló, que ya cumplió cuatro años por el asesinato, dos años de cárcel por pertenencia a asociación ilícita. Ayer solo comparecieron en la vista 15 acusados. Los tres procesados que faltan son los dos líderes y uno de los jefes de la segunda escala de mandos (Facundo E. F.), que hace meses que huyó a Argentina.

Fuentes próximas al caso explicaron que el huido Juan Manuel S. está en Marruecos. Juan Manuel S., para el que piden 3 años de cárcel, fue la persona que alquiló la sede social del grupo en la avenida Tres Cruces de Valencia y la Guardia Civil intervino en su casa dos escopetas, una carabina, una pistola de aire comprimido, un trabuco, una daga, una porra y numerosa cartuchería. El supuesto cabecilla ingresará en prisión si cruza de la frontera para entrar en España.

El segundo responsable del grupo que ayer no se presentó en la vista, Pedro David M., ingresó el viernes en el centro psiquiátrico San Onofre de Godella por una crisis de estrés. En su caso, la ausencia sí que está médicamente justificada. La Guardia Civil se incautó en la vivienda de Pedro David M. y de su compañera (que también está acusada y sí acudió a la vista) de una ballesta con mira de precisión, cajas metálicas de bola para ser disparadas con pistola y armas blancas.

El grupo fue desarticulado en 2005 tras dos años de pesquisas. La Guardia Civil descubrió que la organización contaba con una estructura jerárquica compuesta por la Junta de Mandos, tres jefes de grupo y el resto de miembros. Los jefes de grupo cobraban las cuotas, captaban afiliados, transmitían las decisiones de la Junta de Mandos y controlaban el grado de compromiso de los correligionarios.

«Juicio político»
En la desarticulación del grupo fueron claves las intervenciones telefónicas. Las defensas solicitaron su nulidad al sostener que la intervención fue desproporcionada. Los abogados insistieron en que el juicio tiene «tintes políticos» a pesar de que a uno de los procesados le intervinieron un lanzagranadas inutilizado y de que la Guardia Civil se incautó de una gran cantidad de armas. La sala acordó continuar con el juicio y pronunciarse sobre las escuchas en la sentencia. Los letrados también pidieron la nulidad de los registros. Los abogados incidieron en que algunos registros se realizaron sin las garantías legales como que se practiquen en presencia del abogado del detenido. Los magistrados decidieron en ese momento aplazar la vista hasta hoy para analizar el asunto en profundidad.

 

FOTO: JUAN MANUEL SORIA MONFORT (A L’ESQUERRA DE LA FOTO), EX LÍDER D’ALIANZA NACIONAL A VALÈNCIA, IMPUTAT A L’OPERACIÓ PANZER I FUGIT.

La acusación insiste en las armas destruidas

El abogado de la acusación popular, que ejercen organizaciones políticas y de defensa de los derechos humanos, insistió ayer en que se exhiban las armas intervenidas al grupo. El presidente del tribunal le recordó que su pretensión es imposible de cumplir porque están destruidas desde abril. La sala rechazó la pretensión del letrado de que comparezcan 17 testigos nuevos (entre ellos el dirigente del partido Alianza Nacional, Pedro Pablo Peña) y se opuso a suspender la vista. La plataforma que ejerce la acusación incidió ayer en que la pretensión de las defensas de anular los registros no está justificada y confió en que no se repita el caso del grupo Armagedon, en el que los 18 acusados de pertenecer a otra organización nazi en Valencia fueron absueltos.

Los acusados increpan a los reporteros gráficos

15.07.2014 Levante-EMV

El juicio arrancó con tensión en el interior de la sala. Los acusados increparon a los fotógrafos y a los cámaras de televisión en cuanto dejaron de grabar. Los procesados llamaron a los profesionales de los medios de comunicación «hijos de perra». Después, continuaron diciendo: «No me grabes. No me saques. Vergüenza». Varios conocidos de los imputados, todos ellos vestidos con estética «skin», acudieron a la sala de vistas y fueron identificados en la salida por agentes de la Policía Nacional. Entre el público también estaba el líder de España 2000 José Luis Roberto. El presidente de la sala ordenó que se instalaran dos ventiladores porque algunos imputados tenían calor. Uno de los procesados, que sufre problemas físicos, salió dos veces de la sala por los problemas con el calor. La temperatura rondaba los 23 grados. Además, una acusada se presentó en el juicio con su hijo pequeño y estuvo al lado de ella en todo momento, en una imagen absolutamente inusual en un juicio y que toleró el tribunal.

 

Las defensas de los neonazis cuestionan la legalidad de los registros de la Guardia Civil

Los letrados advierten de la supuesta vulneración de la “libertad ideológica” e insisten en que sus clientes pertenecen a organizaciones “legales”

14.07.2014 EFE- LEVANTE-EMV

Las defensas de los 18 supuestos miembros del grupo neonazi Frente Antisistema, cuyo juicio ha empezado este lunes en la Audiencia Provincial de Valencia, han cuestionado la legalidad de los registros practicados por la Guardia Civil en sus domicilios.

El tribunal ha estimado que hay “indicios” para dar validez a las escuchas telefónicas practicadas y ha considerado competente al juez que las ordenó, frente a las protestas de las defensas, si bien deberá estudiar las alegaciones referidas a los registros porque varios de los procesados, al parecer, fueron detenidos antes de practicarse los registros y no recibieron asistencia letrada.

En estos registros se encontraron numerosas armas de fuego y armas blancas, como machetes, navajas, hachas y puños americanos, con los que, según la Guardia Civil, los procesados propinaban palizas a sus víctimas.

En el banquillo de los acusados se han sentado hoy quince de los 18 procesados, entre los que se encuentra un concejal de España 2000 de Silla, dos militares y el asesino confeso de Guillem Agulló, mientras que dos se encuentran en rebeldía y uno esta ingresado en un centro psiquiátrico.

Todos los procesados han afirmado conocer los hechos que se les imputan y estar en desacuerdo con los mismos.

El abogado de la acusación popular, que ejerce Movimiento contra la Intolerancia, Esquerra Unida, Esquerra Republicana y Acció Cultural del País Valencià, ha pedido la suspensión del juicio porque sólo había tenido 9 días para estudiar un sumario de 42 tomos, petición que ha sido denegada por tratarse de cuestiones privadas de esta parte.

Prácticamente todas las defensas han coincidido en sus consideraciones previas al cuestionar la validez de las escuchas telefónicas a las que fueron sometidos los procesados, básicamente por considerarlas inmotivadas y prospectivas.

También han denunciado los “tintes políticos del juicio” porque a su juicio las acusaciones tienen una base “ideológica”, y han defendido que las páginas de internet a través de las cuales se vendían supuestamente armas ilegales “eran sólo un catálogo” de objetos “que se pueden adquirir en cualquier bar de carretera”, y que de estos hechos se presuponen “violencia contra homosexuales, actos racistas y demás” basándose en “presunciones estereotipadas”.

Los letrados de la defensa han advertido de la supuesta vulneración de la libertad ideológica y han insistido en que sus clientes pertenecen a organizaciones legales.

Por el contrario, tanto la Fiscalía como la acusación popular han defendido la validez de las escuchas y la competencia del juez de Carlet que las ordenó.

El letrado de la acusación popular ha detallado varias de las referencias al nazismo halladas en la documentación intervenida a los miembros de esta supuesta banda organizada, y ha insistido en que las escuchas fueron clave para observar la organización de la banda y su estructura jerárquica.

La legalidad de las escuchas, según han explicado el magistrado que preside el tribunal, se valorará en el fondo de la sentencia, si bien “hay indicios para admitir su validez”, ha afirmado.

Los acusados han insultado a varios fotógrafos y cámaras de televisión al inicio de la vista, cuando han accedido a la sala para grabarles, y agentes de la Policía Nacional han identificado a las puertas de la Ciudad de la Justicia a varios compañeros de los procesados, todos ellos vestidos con estética “skin“.

El abogado de la acusación popular ha pedido a fotógrafos y cámaras de televisión que no recogiesen su imagen por temor a posibles represalias.

Como anécdota, el magistrado presidente del tribunal ha ordenado la instalación de dos ventiladores en el interior de la sala de vistas tras un receso, así como la apertura de las puertas, para tratar de mitigar el calor.

 

 

La acusación popular pide ampliar pruebas en el juicio contra 18 neonazis

La plataforma contra la impunidad solicita que declaren en la vista que arranca hoy 17 testigos vinculados con el Frente Antisistema

Valencia 13 JUL 2014

La Acció Popular contra la Impunitat, personada como acusación popular en el proceso derivado de la Operación Pánzer, con la que en septiembre de 2005 se desarticuló la organización neonazi Frente Antisistema (FAS), requiere como cuestión previa antes del inicio del juicio, que arranca este lunes, una ampliación de prueba consistente en la declaración de 17 testigos relacionados con este grupo, documentación, muestra de armas, de sustancias anabolizantes y grabaciones de conversaciones telefónicas.

En un escrito que presentarán a primera hora de la mañana de este lunes en la Audiencia Provincial, la acusación popular solicitará esta ampliación de prueba con carácter previo al inicio de la vista oral, “enfatizando que todo el contenido de las pruebas que se proponen ya constan en la causa, por lo que no hay ningún dato que pueda producir indefensión a los acusados”, han informado desde la entidad.

Así, requieren los antecedentes policiales y penales de todos los imputados al objeto de la modulación de la pena que deba ser impuesta, así como que se tome declaración en calidad de testigo a 17 personas que “bien son miembros del FAS o están muy relacionados con la causa que se juzga por la Sección Cuarta”.

Entre esas personas están “aquellos que fueron detenidos por tráfico de armas y no imputados, colaboradores y miembros del FAS, así como Pedro Pablo Peña, líder del partido político de ultraderecha Alianza Nacional, quien aparece en diversas llamadas telefónicas dando instrucciones jurídicas a diversos imputados, según las conclusiones aportadas en informes de la Guardia Civil”.

También se solicitan 34 documentos clarificadores de la estructura, jerarquía, Junta de Mandos, Jefes de Grupo y funcionamiento disciplinar del FAS, así como los manuales de uso por esta organización, parafernalia nazi, propaganda nazi, libros, cds, esvásticas y mercaderías racistas y hitlerianas que presuntamente distribuían.

La acusación popular pide, asimismo, una muestra de todas las armas y munición no destruida del presente procedimiento y de las sustancias anabolizantes incautadas, así como la reproducción en la celebración de la vista oral de 27 conversaciones de llamadas telefónicas y sms que figuran en el atestado policial de la Guardia Civil.

Según ha indicado esta entidad, la petición de ampliación de prueba se realiza de conformidad con la doctrina sentada por el Tribunal Superior sobre la interpretación extensiva y flexible del artículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a la posibilidad de presentar pruebas en un momento posterior al de la calificación provisional, cuando con ello no se perjudica a los derechos de las partes derivados del principio de contradicción en la práctica de la prueba y las garantías del derecho de defensa.

ELS ACUSATS DEL CAS PANZER – Interviú publica les fotos dels acusats i la petició del Fiscal

A judici a València el principal grup nazi del país

L’Audiència de València comença avui el judici de l’operació Panzer, a divuit membres del grup neonazi Frente Antisistema (FAS) acusats d’associació il·lícita, tinença il·lícita d’armes i tinença d’armes de foc. El fiscal demana quaranta-dos anys de presó per als acusats, entre els quals l’assassí confés de Guillem Agulló i un regidor d’España 2000 al municipi de Silla. L’acusació popular, integrada pel Moviment contra la Intolerància i més entitats i partits d’esquerres i nacionalistes del País Valencià, remarca que es tracta del procés més important a l’estat espanyol contra neonazis i confia que serveixi per a posar-hi fi a la impunitat del feixisme.

Divendres, el president del Moviment contra la Intolerància, Esteban Ibarra, va remarcar la importància del judici per l’envergadura de l’organització i per la ‘capacitat, potència estructural i doctrinal’. També es demanava per què aquest judici no es feia a l’Audiència espanyola, atès que els informes apunten que el grup podria ser definit com un grup terrorista. Confia que el judici aclareixi, entre més coses, la procedència de les armes i la identitat dels proveïdors; el mapa de distribució de les armes i la causa per la qual la guàrdia civil va destruir les armes decomissades i en quin punt se’n va trencar la custòdia judicial.

Sobre aquest punt, el secretari general d’Acció Cultural, Toni Gisbert, que és el portaveu de l’acusació popular, diu que tot i que moltes de les armes han estat destruïdes, els jutjats en tenen informes i fotografies, i confia que això no sigui cap obstacle per a l’acusació. També alerta de l’augment dels delictes d’odi al País Valencià, per damunt de la mitjana a l’estat espanyol. Diu que durant l’any passat hi hagué quatre-centes agressions d’aquesta mena, tot i que deixa clar que no n’hi ha xifres oficials. Hi va haver, això sí, un centenar de denúncies.

Gisbert remarca que ha baixat el nombre d’agressions a béns immobles (seus d’organitzacions) i ha augmentat el d’agressions verbals i físiques a persones. Els delictes són al mig del dia, amb testimonis i en espais amb càmeres de vídeo. Els autors de les agressions fins i tot arriben a enregistrar-les i distribuir-les per les xarxes socials.

Gisbert posa en relleu ‘la creixent alarma social a causa del fet que, des de la transició, al País Valencià la violència feixista gaudeixi d’impunitat, que constatem que és la causa primera de l’augment: la impunitat anima els violents’. Els membres de l’acusació popular –diu Gisbert– es neguen a acceptar que aquests delictes siguin normals. I denuncien la passivitat amb què sovint actuen les forces de seguretat i la delegació del govern espanyol. La plataforma demana una reunió amb el delegat del govern espanyol per parlar-ne.

Operació Panzer

La guàrdia civil va desarticular l’any 2005 l’organització Frente Antisistema (FAS) amb la detenció de vint-i-dues persones i l’escorcoll de locals a tot de municipis del País Valencià. Es van decomissar nombroses armes de foc i armes blanques i també molta propaganda nacionalsocialista, amb continguts xenòfobs i violents.

Segons l’informe de la guàrdia civil, el FAS es finançava amb la venda d’efectes relacionats amb la ideologia nazi, amb la venda d’armes prohibides i amb les quotes dels membres. L’informe afegeix que el FAS tenia una estructura jeràrquica i rígida disciplina. Entre les principals activitats, hi havia les ‘caceres’ de joves antifeixistes o immigrants.

OPINIÓ:

Judici a l’odi neonazi (Esteban Ibarra)

Contra els nazis, sense descans (Vicent Partal)

 

Juicio a la banda neonazi más peligrosa de España

Todas las armas del arsenal incautado a los miembros de la organización neonazi FAS en 2005 ha sido destruido a instancias de la Guardia Civil. Procedían del Ejército. Este lunes iban a ser exhibidas en la vista oral contra los 18 acusados, entre ellos dos militares. El juicio de la ‘Operación Pánzer’ se celebra en Valencia. La destrucción fue aprobada por el TSJCV.

JOAN CANTARERO Valencia 13/07/2014

Cientos de horas en intervenciones telefónicas, meses de rastreo en internet, decenas de seguimientos, cruces de datos, análisis de testimonios de infiltrados y chivatos, tuvieron como resultado la caída en septiembre del año 2005 de la tercera banda neonazi más peligrosa desarticulada en el Estado español, junto a un inquietante arsenal de armas y municiones, en la denominada Operación Panzer, con epicentro en Valencia, y llevada a cabo por la Unidad de Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.

Este lunes, 14 de julio, casi nueve años después de la desarticulación del neonazi Frente Antisistema (FAS), se sentarán en el banquillo de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia los 18 acusados, -de los 25 detenidos inicialmente. La Fiscalía y la acusación popular solicitan penas que rondan en total los 50 años de prisión.

A todos ellos se les imputan los delitos de asociación ilícita (515.1 y 515.5 CP) para promover la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello; por tenencia de armas prohibidas (563 CP) y por tenencia de armas de fuego sin licencia para su uso, con numero de serie borrado o introducidas ilegalmente en nuestro país. (564 1.2).

Pero tras casi nueve años de incomprensibles dilaciones en la instrucción judicial, pasando por dos juzgados, la intervención de tres fiscales con periodos de inacción, reiteradas renuncias dilatorias en las defensas, junto a órdenes de busca y captura no ejecutadas contra algún que otro acusado aún escondido en Argentina, al “Caso Panzer” aún le faltaba un remate: todas las armas incautadas, todas sin excepción -consideradas pruebas muy relevantes-, y que permanecían bajo custodia de la Intervención de Armas de la Guardia Civil han sido destruidas por ellos mismos, meses antes de la celebración de la vista oral. Un hecho que ha permanecido en secreto hasta que la Audiencia de Valencia ha solicitado una muestra del armamento incautado para exhibirlo en la sala de vistas: le han comunicado que se olvide que de las armas; ya no queda ni rastro.

El arsenal armamentístico procedía del Ejército de Tierra, en gran parte. Ha sido “achatarrado”, según el termino literal empleado. Fue incautado en domicilios de los acusados. Entre estas armas destruidas había lanzagranadas C-90, pistolas, revólveres, escopetas repetidoras, escopetas de culata recortada, gran cantidad de munición de diverso calibre, bolígrafos pistola aptos para cartuchos del 22 e, incluso, una veintena de bocachas utilizables para acoplar silenciadores.

La destrucción ha desatado algo más que malestar tanto de la Fiscalía como de la plataforma Acción Popular Contra la Impunidad (APCI), que ejerce la acusación, formada por Movimiento Contra la Intolerancia, EUPV, Bloc-Compromís, ERPV-ERC, Acció Cultural del País Valencià, SOS Racisme, Jarit y “CR Just Ramírez”, así como con el apoyo del plenario del Ayuntamiento de Burjassot y del PSPV-PSOE. También forman parte de esta plataforma el Centro Cultural Islámico de Valencia, la Comunidad Israelita de Valencia, Gitanos por la Diversidad, el Colectivo Lambda y la Intersindical Valenciana.

Esta plataforma cívica se creó para poder acusar en los tribunales a los movimientos nazis, ya que se daban casos de que la Fiscalía no ejercía una acusación contra estas organizaciones. Todos los miembros de APCI tienen en común haber sido víctimas de agresiones, amenazas o, incluso atentados con bomba por parte de la activa ultraderecha valenciana.

¿Quién ordenó destruir las armas y por qué?

La destrucción del arsenal nazi ya no tiene vuelta atrás y es un hecho consumado e irreversible, aunque sin duda podría favorecer a los acusados, los principales beneficiarios en última instancia de la desaparición de las pruebas.

No obstante, existe en el extenso sumario un completo y único informe pericial elaborado por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con el que la Audiencia no tendrá necesidad de disponer físicamente de las armas para su informe técnico. Los autores del informe están citados en el juicio para que comparezcan como peritos. Por otra lado, resultaría sorprendente que las defensas solicitarán en la vista una nueva pericial a las armas sabedoras de que éstas han sido destruidas, con la intención de obtener algún beneficio para su patrocinados, pues tras casi nueve años de instrucción cabe pensar que presidente de la Sala la desestimaría, teniendo en cuenta que han tenido tiempo más que suficiente para solicitarlo en instrucción y no lo han hecho.

En todo caso para la Fiscalía y la acción popular la destrucción de las armas, en tanto que piezas de convicción, no puede quedarse en el simple hecho consumado de “un fallo que no ha de volver a repetirse”, sino que al menos -así lo han dicho desde la plataforma- tiene que conocerse la verdad hasta el final y encontrar a sus responsables.

La cuestión en cualquier caso es saber quién ordenó destruir el arsenal de los neonazis que estaba bajo custodia de la Guardia Civil desde agosto de 2006 sin, como como es preceptivo según recoge el Código de Enjuiciamiento Criminal, comunicar la intención de destruir las armas al juzgado instructor de la causa y éste, a su vez, a todas las partes personadas.

Público ha tenido acceso a los documentos oficiales que indican cuál fue el recorrido de este asunto, desde que se solicita la primera autorización para la destrucción en marzo de 2013, hasta quien dio el permiso para el achatarramiento en octubre y quién ordenó y cuándo que se ejecutara la orden, en diciembre de 2013.

Así, el propio gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) señalaba a principios de esta semana “que la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia había solicitado reiteradamente mediante tres escritos fechados los días el 14 de marzo, 28 de marzo y 30 de octubre de 2013, la autorización del alto tribunal valenciano para destruir todas las armas que tenían en custodia correspondientes únicamente al año 2006”, que es precisamente el año en el que el arsenal de la Operación Panzer había sido depositado tras la finalización de las investigaciones. Se da la circunstancia que la petición de destrucción de “las armas de 2006” coincide en el tiempo con la noticia de la inminente celebración de la vista oral que inicialmente apuntaba su celebración ese mismo año.

El 31 de octubre de 2013, 24 horas después de que la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia enviara la última petición escrita de destrucción de las armas, es cuando la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, autoriza “la destrucción de todas las armas correspondientes al año 2006, reduciéndolas a chatarra, debiendo dar cuenta a esta presidenta del resultado de tal actuación”. El escrito lleva como referencia “Exp. Gub. Nº 117/13”.

Este “acuerdo” es enviado a la Secretaría de Gobierno del TSJCV, a su responsable José Miguel de Ángel Cubells, para que la haga llegar a la Dirección General de la Guardia Civil en Valencia, que la recibe pocos días después, ya en el mes noviembre.

El día 3 de diciembre de ese mismo año 2013, tras recibir la autorización del TSJCV, el General Jefe de la Guardia Civil de Valencia Fernando Santafé Soler envía al Coronel jefe de la Comandancia al frente de Intervención de Armas y Explosivos un escrito donde le dice: “Adjunto remito a VS relación de las armas que han sido propuestas para su reducción a chatarra por esa Unidad las cuales han sido aprobadas”. Esta orden lleva como sello salida el número 9595 y llega a su destinatario el 9 de diciembre.

¿Cuál es la relación de armas que se autoriza a destruir? La respuesta o parte de ella se conoce seis meses después, el pasado 26 de junio, cuando Intervención de Armas de la Guardia Civil contesta a la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia a su petición para exhibir en el juicio contra los neonazis del FAS “un bolígrafo pistola, un revólver del calibre 38 Smith & Wesson, un revólver del calibre 22 marca Astra, y un revólver de retrocarga de la marca Llama” y le contesta que “recabada la información correspondiente en la intervención de armas de Valencia nos comunican que dichas armas han sido reducidas a chatarra, al haber sido autorizada” por el TSJCV.

Desde el TSJCV, en su descargo, asegura que se autorizó la destrucción de las armas confiando en que la Guardia Civil estaba convencida de que el arsenal en cuestión ya no era de interés para ninguna causa abierta. “El TSJCV en la creencia de que la intervención de armas realizaba los controles adecuados para no incluir en su lista de propuesta de destrucción ningún efecto armamentístico incurso en un procedimiento inconcluso”, al tiempo que afirma que “en los escritos remitidos por la Guardia Civil se señala que la relación obedece a no haber recibido destino legal y que esa relación no indica ni cuándo fueron incautadas ni procedimiento ni juzgado”.

Miembros de la red neonazi “Nuevo Orden” y vinculados a Alianza Nacional

Entre los acusados del FAS se encuentran dos militares, uno de ellos destinados en el Servicio de Inteligencia, un concejal de España 2000 en el Ayuntamiento de Silla, un vigilante de Levantina de Seguridad, empresa propiedad del ultra José Luis Roberto, el asesino del joven nacionalista valenciano Guillem Agulló, un ex deportista paralímpico que participó en los juegos de Pekín de 2008, y otros tantos. Todos ellos con antecedentes diversos por robo, palizas, agresiones, secuestro, extorsión y un sinfín de causas delictivas de toda índole y vinculados a la red neonazi internacional “Nuevo Orden” y al nacimiento del partido ultra Alianza Nacional, que preside el abogado Pedro Pablo Peña.

La Fiscalía de delitos de Odio de Barcelona ha abierto diligencias por delitos de odio contra Pedro Pablo Peña, quien ha manifestado públicamente su inclinación a acabar con la vida del Rey Juan Carlos y su hijo, el actual Rey Felipe VI “por traidores”.
Expediente de autorización de la destrucción de armas de la ‘operación Panzer’

El juicio por la Operación Panzer contra 18 miembros del grupo neonazi FAS arranca el lunes en la Audiencia de Valencia

Acció Popular Contra la Impunitat, personada en la causa, alerta del aumento de delitos de odio en la Comunitat y censura su “impunidad”

VALENCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) –

La Audiencia de Valencia acoge desde el lunes, 14 de julio, el juicio de la llamada Operación Panzer, con la que en septiembre de 2005 se desarticuló la organización neonazi Frente Antisistema (FAS), con sede en la capital valenciana, y se detuvo a 22 personas. De ellas, 18 son los acusados que a partir de la próxima semana se sentarán en el banquillo para ser procesados por asociación ilícita, tenencia ilícita de armas prohibidas y tenencia de armas de fuego reglamentadas.

El fiscal pide un total de 42 años de cárcel para los acusados, entre los que se encuentran dos militares, un concejal de Silla (Valencia) por España 2000 y el asesino confeso del joven de Burjassot (Valencia) Guillem Agulló en abril de 1993.

La Acció Popular contra la Impunitat, personada en esta causa como acusación popular y formada por distintas asociaciones, entidades y partidos políticos de izquierda de la Comunitat Valenciana, ha destacado este viernes, en rueda de prensa, la “extraordinaria importancia” de este juicio y la “gravedad del caso” que se juzga por “el importante arsenal de armas” que se intervino, por la “peligrosa ideología” el grupo desarticulado, así como la “alarma social creciente” que genera este asunto.

En este sentido, la acusación popular ha alertado del aumento de delitos de odio en la Comunitat Valenciana y ha censurado la “pasividad” y el “clima de impunidad” durante “30 ó 40 años” que ha existido al respecto, además de instar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los responsables políticas a asumir su “responsabilidad” y actuar para “evitar delitos violentos por cuestiones de odio” y contra el sistema democrático.

Entre los miembros de la acusación popular están Movimiento contra la Intolerancia, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Ca Revolta, Cear, Jarit, EUPV, Bloc y Esquerra Republicana. El PSPV ha mostrado también su respaldo a estas organizaciones. Todas estas formaciones políticas se han comprometido, como han subrayado en la rueda de prensa, a trabajar en las instituciones donde tienen representación –instituciones locales, autonómicas, central y europea– en contra de esas agresiones y de los grupos que las llevan a cabo y a presentar iniciativas en ese camino.

De este modo lo han expresado en la rueda de prensa la coordinadora de EUPV, Marga Sanz; el eurodiputado de Compromís, Jordi Sebastià; el diputado del PSPV-PSOE en el Congreso José Luis Ábalos, y el diputado de ERC Joan Tardà, que han participado en esta convocatoria junto a otros responsables de estas formaciones. Entre las iniciativas han planteado en la Cámara Baja preguntas para conocer por qué la Guardia Civil destruyó las armas de fuego intervenidas en Panzer –aunque sí que están fotografiadas y documentadas– y EU ha propuesto que la Generalitat se persone en los juicios por delitos de odio.

El secretario de ACPV, Toni Gisbert, ha explicado que la decisión de personarse de estas entidades obedece, “no sólo a su voluntad de intervenir en el juicio” sino también a su posición “como partes afectadas” al haber sido “víctimas” de algunos de estos incidentes y a su intención de “recoger la alarma social” y de impulsar a los políticos a actuar en contra. Ha anunciado que el próximo martes miembros de la acusación popular se reunirán con la Delegación del Gobierno para abordar esta cuestión.

“MENSAJE POSITIVO O NEGATIVO”

Toni Gisbert ha insistido en la “trascendencia” de la vista que se inicia el lunes y en las consecuencias que puede tener “según se desarrolle” porque puede “tener un mensaje positivo o negativo para la sociedad valenciana”. “No estamos hablando de un caso cualquiera”, ha expuesto, a la vez que ha mostrado la “situación preocupante” que vive la Comunitat por lo que respecta a agresiones hacia las personas por ser “diferentes”.

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, que ha ofrecido detalles del informe de la Guardia Civil sobre la Operación Panzer, también ha subrayado lo “significativo” del juicio porque “va más allá” ha confiado que sirva además para “aclarar detalles” sobre la fabricación y negocio de armas.

Gisbert ha indicado que durante los “últimos años” y en distintos informes se ha constatado “un incremento de incidentes y agresiones” relacionadas con “delitos de odio, por motivos ideológicos, raciales o de orientación sexual” y ha destacado que la Comunitat Valenciana se sitúa “sobre la media estatal”. Esteban Ibarra ha afirmado que “el 90 por ciento de los delitos de odio no se denuncian” y ha señalado respecto a los datos que “sólo conocemos la punta del Iceberg” de este “problema”.

El responsable de ACPV, ha apuntado que en 2013 en esta autonomía se estima que se registraron “400 incidentes de estas características” y ha resaltado que aunque “ha descendido el porcentaje de agresiones a bienes inmuebles –pintadas o roturas de vidrios–, ha crecido el de agresiones directas verbales y físicas” hacia las personas. Además, ha advertido de que en ocasiones estos ataques se producen en espacios abiertos y con cámaras.

NO ACEPTAR LA “NORMALIDAD”

“Nuestra línea de trabajo será la denuncia de estos hechos y la exigencia a las autoridades de que este estado de excepción” en la Comunitat Valenciana “no continúe”. “No vamos a aceptar que se vea con normalidad lo que no la tiene. La cantidad y el tipo de delitos advierte de que hay una situación es preocupante en crecimiento. No podemos normalizarla socialmente. Es necesario una actuación rápida y efectiva”, ha expuesto el representante de ACPV.

Del mismo modo, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia ha invitado a “no normalizar el problema”, “no banalizar” y darle la “seriedad” que merece, así como a “denunciar” los incidentes de odio. Ibarra ha subrayado que “en España hay una infraestructura neonazi considerable” y ha asegurado así que “las agresiones no son episodios aislados sino acciones contra el diferente, contra el que no se enmarca en unas ideas y en el encuadre de dominación aria” de grupos como FAS.

Movimiento contra la Intolerencia confía en que el próximo juicio a 18 neonazis en Valencia combata la banalilzación del problema

El grupo neonazi Frente Anti Sistema se sienta en el banquillo

La sala rechaza que se exhiba el bazuca en el juicio

El fiscal pide 42 años para 18 miembros del grupo neonazi Frente Anti Sistema

La Guardia Civil desmantela en Valencia una organización neonazi (Guàrdia Civil)

‘Operació Pànzer’: armes de l’exèrcit espanyol en mans de l’extrema dreta (El Temps)

El asesino de Guillem Agulló se presenta a las elecciones con un partido neonazi en Chiva (El Mundo)

Un nazi detenido en la Operación Panzer fue condenado por matar a Guillem Agulló (Levante-EMV)

Un edil de España 2000 en Silla está imputado en una operación contra la extrema derecha (Levante-EMV)

Concejal ‘panzer’ (Interviú)

Los nazis españoles quieren ser como ETA (Interviú)

Tres de los neonazis detenidos en Valencia son militares (El País)

Un condenado por extorsionar a un vicario está imputado en la red neonazi del FAS(Levante-EMV)

Los neonazis se organizaban para apalear a inmigrantes y tribus urbanas (Levante-EMV)

Detenidos 20 neonazis en Valencia que hacían «salidas» para ‘cazar’ extranjeros y ‘okupas’ (El Mundo)

ARXIU DE NOTÍCIES DEL CAS PANZER

“Operación Panzer”: Armas del ejército español en manos de la extrema derecha

dimecres 28 de maig de 2008, per Ràdio Klara

Intervenciones telefónicas, meses de seguimientos personalizados e informaciones de infiltrados conducieron a la Guardia Civil a desarticular a final del 2005 una de las tramas político-delictivas ultraderechistas más grandes y más peligrosas de la historia reciente de España.


Aunque la mayoría de los detenidos residen en el País Valenciano, la trama llega a otros puntos del estado. El hecho que la Acción Popular contra la Impunidad se personara en esta causa ha evitado que el –caso todavía en fase d’instrucción– muriera antes de celebrarse el juicio, y hará que los procesados dejan de soñar en salir impunes como en ocasiones anteriores. Es un reportaje del equipo de investigación AIP.

Una organización criminal autodenominada Frente Anti Sistema (FAS) actuaba como una banda organizada con ánimo de lucro: planeaba robos y asaltos; también vendía toda clase de armas, en connivencia con militares en activo que no tuvieron reparos para sustraer armas del ejército español, como un lanzagranadas y armas cortas. El FAS estaba capitaneado por Juan Manuel Soria –un curtidor de pieles condenado a más de dos años de prisión por extorsión y amenazas graves a un cura valenciano–, que se rodeaba de una legión de individuos sin oficio conocido. Las armas servían para que individuos como Pedro Cuevas, el asesino de Guillem Agulló, pudieran lucrarse vendiéndolas por internet en aras de la patria. Esta es la denominada operación Panzer, toda una trama criminal neofascista que ha estado a punto de dormir el sueño del justo, si no fuese por la irrupción, hace cinco meses escasos, de la Acción Popular Contra la Impunidad, que se ha personado en la causa, cuando los 27 imputados ya se frotaban las manos pensando que, otra vez, podrían continuar actuando impunemente.

Militares, empresarios y delincuentes formaban parte de una trama valenciana que, bajo la bandera del III Reich, organizaba acciones de proselitisme nazi para captar nuevos militantes y distribuía toda clase de armamento, entre más actividades delictivas. La peligrosidad que detectó la Guardia Civil permitió emprender una investigación que condujo a destapar una organización criminal que poseía un auténtico arsenal y presuntos contactos dentro los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

“¡Lleva siempre un as a la manga!”

“Actualmente, a la vida cotidiana, debes velar por tu seguridad y la tranquilidad de los tuyos, como también la de tu comercio, locales y viviendas. Lleva siempre un as a la manga!” Esta frase encabezaba las webs de Prodef, sistemas de protección y defensa, y de otra web prácticamente igual denominada Streetdefense, ambas ilustradas con una foto dónde varios individuos patean a una persona que se cubre como puede en tierra, y bajo el símbolo neofascista de la cruz celta. La tranquilidad con la que se anuncia este negocio en internet y la denuncia que hacen varios colectivos llevan a la Guardia Civil, hacia final del año 2004, a investigar, dentro de la diversidad de webs neonazis, esta curiosa rama comercial dedicada a la venta de armas. Los productos que venden van desde esprais paralizantes hasta puños americanos, porras eléctricas y navajas de todos los tamaños, y todo apunta a que la trama parte desde el País Valenciano. Durante meses, los agentes interceptan los teléfonos de los responsables de las webs y detectan que, más allá de la venta de armas, hay una organización perfectamente estructurada y con unas finalidades dudosamente legales. Empieza así lo que la Guardia Civil bautiza con el nombre de operación Panzer.

Hacía diez años que la policía había desarticulado en Valencia el grupo neonazi más activo del País Valenciano, Acción Radical, protagonista de las cacerías contra inmigrantes y militantes de izquierdas y coordinadora de gran parte del movimiento skin español. Habían organizado conciertos de música RAC (Rock Anticomunista) durante las fallas del 1992 y el 1993, por los cuales se habían desplazado skinheads de toda Europa hasta la capital del Túria. La publicación en uno de sus fanzines de una lista negra de objetivos, entre los cuales figuraban profesores, okupas, homosexuales o independentistas, provocó su desarticulación. En esta ocasión también los encontraron armas, una estructura jerarquizada y propaganda racista. La historia parecía repetirse diez años más tarde, pero con una magnitud notablemente superior.

Todo empieza en Silla

Las pistas iniciales que aportaban las páginas webs detectadas a final del 2004 y los comentarios dentro el movimiento ultra apuntan demasiado a menudo a la localidad de Silla (Valencia). Esta población se ha convertido en uno de los actuales centros neurálgicos de la extrema derecha valenciana, hasta el punto de haber concedido al partido España2000 un concejal las pasadas elecciones municipales.

Varias fuentes indicaban que determinados individuos vinculados a los movimientos neonazis valencianos estaban detrás las páginas webs que ofrecían toda clase de armas y material racista. Un activo neonazi de Silla con antecedentes penales, Joaquín Saludes Prieto, junto con su mujer, María Sandra Rentero Monzó, centran gran parte de las primeras pesquisas de la investigación. Otro vecino de Silla bajo quien caen inicialmente las sospechas es Alejandro Serrador Ferrer, álias el Silla, miembro de la junta nacional de España2000 y conocido por una corpulencia exagerada y porque frecuenta los partidos del València CF con la peña Ultra Yomus, junto con Joaquín Saludes.Serrador formaba parte de la estructura interna y de los órganos de decisión de l’organización neonazi Frente Anti Sistema. Según fuentes de la investigación, la tranquilidad con qué actuaban había hecho que estas actividades se comentaran por los ambientes extremistas, como también se divulgaran las luchas intestinas que traspasaban enconadamente los muros de sus locales. Había una rivalidad entre sus miembros que demasiado a menudo pasaban de boca en boca entre el entorno ultra, con descalificaciones constantes de unos contra otras.

Pedro Cuevas vuelve a escena

Pedro José Cuevas Silvestre confirmaba su relación con organizaciones neonazis después de haber pasado por prisión por la muerte de Guillem Agulló. Su vinculación al FAS y los tareas que ejercía en esta trama devuelven a este siniestro personaje al mundo de la violencia y de la esvàstica. Él era uno de los principales encargados de la cadena de fabricación y venda de determinadas armas. Se sabia dentro el movimiento ultra que el homicida de Agulló podía conseguir puños americanos de precios y modelos diversos. Cuevas se había convertido en un personaje conocido dentro los ambientes neonazis por su triste antecedente homicida. Se sabia, además, que se sentía muy tranquilo después de haber superado el paso por la prisión a raíz del caso Agulló –que de ninguna forma había servido para rehabilitarlo. Se había convertido en un ejemplo de la impunidad, y su implicación en el FAS y en el negocio de las armas arreciaban esta imagen.

Venta de armas y propaganda nazi

A través de las páginas web, el FAS divulgaba su ideario nazi y a la vez enlazaba con más páginas dedicadas a la venta de armas, administradas por miembros de la misma organización. La sede, en la avenida Tres Cruces número 69, de la ciudad de Valencia, servía de centro de operaciones, dónde organizaban actividades de proselitismo a los qué simpatizantes de los idearios racistas acudían regularmente para ser instruidos, y donde podían adquirir material neonazi y asistir a charlas y conciertos de grupos de RAC. Actualmente, este mismo local es la sede del partido ultra Alianza Nacional, en el qué curiosamente militan varios implicados al caso Panzer y que acoje actividades parecidas a las organizadas por el FAS.

El primer golpe policial contra la organización fue el septiembre de 2005, cuando detuvieron a 22 personas y registraron varios locales en diversos puntos del País Valenciano. Los meses posteriores, la investigación de la Guardia Civil se alargó con la detención de cinco personas más, y llegó a la cifra de 27 imputados, el caso de más magnitud contra la extrema derecha del Estado. Las localidades dónde es desplegó la operación fueron València, Sagunt, Puçol, Xiva, la Pobla de Farnals, Torrent, Silla, Paterna, la Font de la Figuera, Burjassot y Xirivella. Entre el arsenal incautado hay desde bolígrafos pistola hasta puños americanos, pistolas, catanas, navajas, ballestas, escopetas recortadas y un lanzagranadas. Según la Guardia Civil, en las páginas web del entramado neonazi se hace una clara apología de la violencia con finalidades políticas, y se llega a proporcionar armas para tales objetivos, un negocio que servía para financiar la organización. Uno de los puntos preocupantes es la vinculación de soldados profesionales del ejército español en esta trama.

EL TEMPS ha podido saber que al menos tres de los detenidos trabajaban en las fuerzas armadas mientras militaban o colaboraban con esta organización. Para la Guardia Civil, los imputados pertenecen a una asociación ilícita, y les imputa los delitos de tenencia, tráfico y depósito d’armas y municiones, robos y delitos contra la salud pública, puesto que entre el arsenal incautado hay anabolizantes destinados a la venta ilegal para engordar la masa muscular de sus clientes.

De asociación ilícita a partidos políticos

Además de compartir local, el FAS –la organización desarticulada durante la operación Panzer– trasvasó parte de la militancia a un partido de creación reciente, Alianza Nacional, heredera de la extinta Alianza por la Unidad Nacional (AUN), la formación del histórico ultra Ricardo Sáez de Ynestrillas. Alianza Nacional, fundada en Valencia el 2006 y encabezada por Pedro Pablo Peña, proveniente d’AUN, se estrenó con el ingreso en prisión de este último y dos militantes más, al cabo de poco tiempo de fundarse por tratar de atentar con explosivos contra un autocar de familiares de presos de ETA.

“El local continúa abierto, y continuamos como antes, militando en Alianza Nacional.” Tan claro lo deja Juan Manuel Soria Monfort en un foro d’una web neonazi cuando le preguntan qué queda del FAS. Soria, que fue considerado líder de la organización desarticulada bajo la operación Panzer, encabezó el proyecto de AN en el País Valenciano a los pocos meses de desmantelarse la organización ilegal. Cabe destacar el protagonismo en la controvertida visita del líder del Ku Klux Klan, David Duke, en València -el único lugar del estado español dónde pudo hacer una charla–, y que estuvo en todo momento acompañado por Soria. El acto tuvo que celebrarse en el local mencionado porque se les denegó el permiso consecutivamente en varios hoteles de Valencia, a raíz de la campaña de colectivos sociales y antifascistas contra la visita del racista norteamericano.

Juan Manuel Soria fue procesado un año después de la operación Panzer, acusado de haber extorsionado a un cura del Pla del Real con imágenes del religioso de explícito contenido sexual entre final del 2004 y principio del 2005. Su cómplice en esta aventura es también otro implicado en el caso Panzer, Pedro David Montiel García, álias Cráneo, uno de los que luchaba de manera más feroz dentro de la organización por conseguir el poder. Los acusados reconocieron los hechos en el caso del cura, y aceptaran la pena solicitada por el fiscal y la acusación particular, que no llegaba a dos años de prisión por los delitos de recaptación y amenazas. Los nazis habían conseguido las imágenes y le pedían 15.000 euros por no hacerlas públicas.

Pero el personaje que hizo saltar todas las alarmas, presente tanto en el FAS como después en las listas electorales de AN en Xiva, fue Pedro José Cuevas Silvestre, autor de la muerte de Guillem Agulló. Cuevas ocupó el número ocho de la candidatura municipal encabezada por Soria, y su presencia levantó la reacción de los movimientos sociales y políticos valencianos, que ofrecieron una conferencia de prensa denunciándolo y pidiendo la ilegalización de este partido. Otro implicado al caso Panzer ocupaba el segundo lugar en las listas de Xiva, Ramón Luis Gómez.

Otro partido salpicado por el caso Pànzer es el que encabeza el empresario ultra José Luís Roberto, España2000, que curiosamente obtuvo un concejal en las pasadas elecciones municipales en Silla, Andrés Vicent. Una de las pocas mujeres detenidas durante la operación, María Sandra Rentero Monzó, ocupaba el número tres de la candidatura por Silla, junto con otro implicado, Laureano Piquer Ruiz, trabajador de Levantina de Seguridad, empresa de Roberto, y número 38 de la candidatura d’E2000 a las Cortes Valencianas en las últimas elecciones. Piquer fue condenado por un delito de faltas el diciembre pasado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, que condenaba subsidiariamente también a la empresa Levantina de Servicios Generales, vinculada al polifacético empresario José Luís Roberto. Alejandro Serrador, el Silla, pertenece también al partido de Roberto, forma parte de la junta nacional y, según Andrés Vicent (el concejal de España 2000), colabora con los jóvenes del pueblo para “alejarlos de la violencia” y para “cambiar la estética”. Su defensa en este caso está en manos del bufete de Roberto.

La presencia de la plataforma Acción Popular Contra la Impunidad ha dilatado el periodo de instrucción del caso, todavía abierto. Por esto hoy todavía no hay fecha de juicio, pero al menos ya podemos deducir que los hechos enjuiciados serán conocidos por la opinión pública y no pasarán desapercibidos como si se tratara de una banda de delincuentes comunes.

NOTA DE LA GUARDIA CIVIL (20/09/2005)

La Guardia Civil desmantela en Valencia una organización neonazi

-Se financiaban vendiendo armas y efectos de ideología nazi por Internet

-Han sido detenidos 22 integrantes de la organización a los que se les imputan los presuntos delitos de asociación ilícita, tenencia, tráfico y depósito de armas y municiones, robo y delitos contra la salud pública

-Se han incautado numerosas armas de fuego y armas blancas, como machetes, navajas, hachas y puños de pugilato, con las que agredían a inmigrantes y miembros de otras bandas en las cacerías que organizaban

La Guardia Civil ha desmantelado una organización neonazi denominada FAS (Frente Antisistema) y ha detenido hasta el momento a 22 de sus integrantes en el desarrollo de la operación “Panzer”, que se ha desarrollado en diferentes localidades de la provincia de Valencia. A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de asociación ilícita, tenencia, tráfico y depósito de armas y municiones, robo y delitos contra la salud pública.

Durante la operación se han registrado 18 locales y domicilios en Valencia, Sagunto, Puzol, Chiva, La Pobla de Farnals, Torrente, Silla, Paterna, La Font de la Higuera, Burjassot y Chirivella, donde los integrantes de este grupo se reunían y almacenaban numerosas armas de fuego y armas blancas, como machetes, navajas, hachas y puños de pugilato, con las que propinaban palizas a sus víctimas.

Las investigaciones se iniciaron hace dos años, cuando al analizar determinadas páginas de Internet utilizadas por diferentes organizaciones españolas para difundir ideología nacionalsocialista y fomentar la captación de nuevos miembros, se localizó una organización dedicada a la venta de armas prohibidas, entre las que podrían encontrarse armas de fuego.

PROPAGANDA RACISTA Y VENTA DE ARMAS PROHIBIDAS

Esta organización utilizó dos nombres comerciales para las páginas web, que estaban escritas en castellano, aunque con posibilidad de leer los contenidos en inglés. A través de estas páginas se tenía acceso a un catálogo de armas prohibidas con sus características y precios.

También aparecía en estas páginas propaganda nacionalsocialista con contenidos racistas y xenófobos, ensalzando la violencia y ofreciendo las armas como medio necesario para alcanzar sus objetivos.

A partir de esta información se estableció un dispositivo de vigilancia y control de personas, organizaciones y locales relacionados con la ideología nacionalsocialista que pudieran estar implicados en estos hechos.

Posteriormente, se pudo averiguar que la organización tenía su base en la provincia de Valencia, aunque su actividad comercial se extendía a toda España y no se descarta que también hayan realizado envíos de armas prohibidas a otros países.

Una vez finalizada la fase de investigación se procedió a la explotación de la operación, realizándose 18 entradas y registros en locales y domicilios relacionados con los objetivos de la organización. Asimismo, han sido detenidos un total de 22 integrantes de este grupo.

En los registros practicados se han incautado hasta el momento los siguientes efectos y armas ilegales:

– Varias escopetas, una de ellas recortada

– 1 carabina del calibre 22 y otra de aire comprimido
– Varias pistolas semiautomáticas y de aire comprimido
– Varios bolígrafos-pistola del calibre 22
– Puños americanos
– 1 ballesta
– Diversas armas blancas como puñales, catanas, machetes y hachas de doble hoja – 2 sprays paralizantes
– Pastillas anabolizantes para comercialización ilegal entre deportistas
– Una máquina de recarga de munición
– Prensas y moldes para fabricación de esvásticas y elaboración de propaganda nazi – Material informático para su estudio
FRENTE ANTISISTEMA

La organización desmantelada se autodenomina Frente Antisistema, está ubicada en Valencia y posee una estructura jerarquizada y una rígida disciplina, con reparto de funciones y cometidos entre los distintos miembros.

Se financiaba con la venta de efectos relacionados con la ideología nazi, con la venta de armas prohibidas y con las cuotas que periódicamente pagaban sus miembros.

Entre las actividades ilícitas desarrolladas en el seno de la organización se encuentra la incitación a la discriminación, al odio y a la violencia, así como lesiones contra las personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.

Una de sus principales actividades era la organización de “cacerías”, consistentes en salir a buscar miembros de tribus rivales (punks) o inmigrantes para agredirlos.

Esta organización se encontraba realizando en la actualidad una gran labor de proselitismo para captar nuevos miembros, mediante conferencias, charlas, conciertos, salidas al campo, así como la comercialización de textos, documentos y fancines afines a la ideología nacionalsocialista.

La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.